Tres disparos contra Nadia Beller y la aprehensión de Fernando Cerimedo abrieron un expediente penal: corresponde a la Fiscalía establecer quién disparó y quién dio la orden. También se deberá comprobar —o descartar— cada denuncia sobre combustibles, seguros, oro y familia presidencial. Aquí no se afirma lo que todavía no se puede probar.
Pero existe un segundo expediente que ya no depende de las balas ni del contenido de un teléfono. Es el expediente político de un hombre que, según la explicación oficial, nunca ocupó un cargo estatal y, sin embargo, continuó asesorando personalmente al presidente después de la campaña. La defensa elegida por el Gobierno no aleja a Cerimedo del poder: lo coloca en su zona más opaca.
Un ministro tiene nombramiento, funciones y responsabilidad. Un asesor informal puede tener acceso e influencia, sin ninguna de esas cargas. No firma decisiones; habla con quienes las firman. No aparece en el organigrama; circula por encima de él. Su poder, si existe, es el que no deja huellas administrativas.
Por eso la pregunta que Paz Pereira debe responder no es si Cerimedo tenía un memorándum. Es esta: ¿cuánto poder podía ejercer una persona que no tenía cargo, no firmaba decisiones y, sin embargo, aparecía demasiado cerca de quienes sí las firmaban?
Los indicios no ofrecen una respuesta definitiva, pero impiden despachar el asunto como una asesoría esporádica. Cerimedo se atribuye en conversaciones privadas influencia sobre cambios ministeriales. Edmand Lara asegura haberlo visto en reuniones de gabinete dando instrucciones a ministros. En los allanamientos aparecieron tarjetas de “asesor principal”, prendas policiales, dinero y un vehículo con destelladores. Nada demuestra por sí solo un delito. Pero todo exige explicación.
El Gobierno pide pruebas sobre las acusaciones de Beller. Tiene razón. Pero la ciudadanía debe exigirle la misma claridad: cuál era la relación de Cerimedo con el presidente, a qué información accedía, en qué reuniones participaba, quién pagaba sus servicios y ante quién respondía.
Las denuncias contra la familia presidencial pueden ser confirmadas o desvanecerse. Incluso es posible que la investigación no vincule a Cerimedo con los autores materiales del atentado. El segundo escenario sobreviviría: el de un operador sin cargo que acumuló suficiente proximidad y autoridad aparente para que ministros, policías, empresarios y el vicepresidente lo reconocieran como parte del poder.
La informalidad, útil para moverse sin controles, se convierte en una trampa cuando llega la crisis. Paz no puede destituir a quien nunca nombró, delimitar funciones que nunca fueron escritas ni auditar una autoridad que oficialmente no existía. Puede negar el cargo, pero no la cercanía; puede desconocer la tarjeta, pero no la colaboración que su vocero reconoció.
Un Gobierno puede sobrevivir al delito individual de un consultor. Pero difícilmente sale indemne de la sospecha de haber sido conducido, siquiera parcialmente, desde las sombras.
Cerimedo responderá ante los jueces por lo que se logre probar. Rodrigo Paz debe responder políticamente por algo anterior: quién abrió la puerta, cuánto le permitió avanzar y por qué nadie sabe dónde terminaba la asesoría y comenzaba el mando.
Lo grave no es solo que un ciudadano argentino haya podido ser demasiado importante en el Gobierno boliviano. Si Cerimedo tuvo poder, no lo tomó por asalto: se lo dio Rodrigo Paz.
Antonio Vargas Ríos es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.
