“No puede haber paz sin justicia. No puede haber justicia sin verdad. Y no puede haber verdad, a menos que alguien se levante para decirte la verdad”, decía Louis Farrakhan. La frase contiene una advertencia que toda democracia debería grabar en su memoria: los pueblos no pierden la justicia de golpe; la van perdiendo lentamente, cuando aceptan que la verdad sea administrada por el poder.
La independencia judicial es una de esas palabras que la política pronuncia con solemnidad y traiciona con facilidad. Todos dicen defenderla, pero pocos resisten la tentación de tocarla cuando una sentencia puede incomodar al gobernante. Un juez independiente es, para el poder, una forma de incertidumbre. Y el poder, por naturaleza, detesta aquello que no puede controlar. Por eso toda democracia verdadera necesita jueces que no deban favores, que no teman castigos y que no conviertan la Constitución en una mesa de negociación.
Montesquieu advirtió que el poder debe detener al poder. Esa frase, tantas veces repetida, no es una reliquia de biblioteca ni una fórmula escolar. Es el corazón de la república constitucional. Ningún órgano del Estado debe convertirse en dueño absoluto del destino institucional. Cuando el Ejecutivo pretende influir en quienes deben juzgarlo, el equilibrio se rompe y la República empieza a parecerse a un laberinto donde todas las salidas conducen al mismo centro: el poder.
Bolivia no necesita una justicia domesticada. Ya conoce demasiado bien las sombras de la retardación procesal, la corrupción, la desconfianza ciudadana y la politización de los tribunales. Pero la crisis judicial no puede utilizarse como excusa para profundizar el problema. No se cura una institución enferma entregándola al mismo poder que debería ser controlado por ella. Sería convertir la enfermedad en método, la excepción en costumbre y la urgencia en instrumento de dominación.
Toda designación política de magistrados, aunque se presente como transitoria, urgente o necesaria, debe ser observada con prudencia democrática. Las excepciones suelen ser el primer borrador de los abusos. Hoy se invoca la necesidad; mañana se naturaliza la dependencia. Y después, cuando el ciudadano busca justicia, descubre que no está frente a un juez, sino frente a una oficina del poder.
La toga no debe obedecer al palacio. La Constitución no debe inclinarse ante la conveniencia. Y la justicia no debe convertirse en un espejo donde el Ejecutivo solo vea reflejada su propia voluntad. El juez no está llamado a complacer al poder, sino a limitarlo cuando este cruza la frontera de la ley. Esa es su función más incómoda y, al mismo tiempo, su función más necesaria.
Defender la independencia judicial no significa defender a personas concretas ni idealizar un sistema que exige reformas profundas. Significa defender la posibilidad de que exista un límite real frente a la arbitrariedad. Significa recordar que el ciudadano necesita una instancia donde la ley sea más fuerte que la influencia, donde la sentencia valga más que la orden y donde la Constitución no sea una pieza decorativa del discurso oficial.
Porque una democracia sin jueces independientes no es una democracia completa: es un laberinto cuidadosamente diseñado para que el poder nunca se pierda. Y cuando el poder nunca se pierde, el ciudadano termina perdiéndose dentro de él.
Sergio J. Pérez Paredes es Historiador, escritor y docente universitario
