Suele ocurrir que lo premioso de una situación no coincida con su importancia. Si, por ejemplo, un cirujano tiene que llegar cuanto antes a practicar una operación decisiva para la vida de un paciente –lo importante– recibe un llamado de su hijo que necesita ya mismo, en su escuela, algo que dejó en casa para aprobar, enfrenta una decisión difícil frente a la urgencia y la importancia que marchan por separado.
Lo más complicado se presenta cuando lo impostergable y de máxima importancia se juntan en dos objetos o procesos que demandan atención simultánea.
El corte de rutas de más de siete semanas del que acabamos de salir hace explotar, aquí y allá, casi todo el tiempo, situaciones capaces de conflictuar dolorosamente frente a estas disyuntivas, inclusive a sujetos juiciosos y serenos, una especie que tiene demasiado pocos ejemplares dentro la fauna que conforman los que ejercen como decisores políticos, sociales o de otras esferas.
En este momento, cuando parecería que existe una opinión bastante amplia y compacta en la sociedad, sobre que el recurso de cerrar rutas, bloquear caminos o cercar poblaciones ha adquirido una condición inequívocamente autodestructiva, en tanto que daña y desgarra a la población que inmoviliza, tanto como a quienes arman y mantienen los piquetes que ejercen la medida de fuerza, es vital distinguir la urgencia y la importancia para lograr avances reales que prevengan el próximo nacimiento de un nuevo ciclo de protestas que nos devuelvan a la situación semipermanente de enfrentamiento, vigente en los últimos años.
Una de las cuestiones más decisivas y trascendentes que atañe a la sociedad pasa por encarar una reforma, prácticamente nunca mencionada, que es la de las organizaciones sociales que estuvieron y permanecen estatizadas casi todo este siglo.
La coalición de organizaciones sociales, dirigentes sindicales y militantes de tiendas políticas que ganó las elecciones de 2005, frente al desbarajuste del precario y defectuoso sistema partidista, quiso crear un modelo innovador de mediación y representación política que ha fracasado en condiciones muy parecidas al colapso de las organizaciones partidistas.
Lo que se suponía que iba a funcionar como un instrumento que pusiera el poder político en relación y al servicio de las más amplias bases trabajadoras quedó en manos de una oligarquía dirigencial, oculta tras la etiqueta de “gobierno de movimientos sociales” que permitió a los representantes postergar e ignorar la representación de sus bases, al liquidar la autonomía social de las organizaciones, encarrilándolas tras la maquinaria del Estado.
En nuestro país hemos experimentado con cogestiones, inserción de delegados a la cabeza de ministerios y otras recetas que demuestran incansablemente que el ingreso, participación o anexión de organizaciones sociales en funciones estatales, ni acarrea mejor calidad o funcionalidad a esas instancias, ni beneficia en el mediano y largo plazo alas organizaciones. Las deforma y estimula las prácticas dirigenciales más viciosas y dañinas.
Nada raro por lo demás, como me tocaba constatarlo hace casi 30 años, al apreciar que el Estado funcionaba ya en ese entonces cual una perfecta asociación criminal, especializada en beneficiar a sus personeros en detrimento del conjunto de la sociedad. La independencia, la toma de distancia, la autonomía de las organizaciones no estatales ante el estado, resulta tan urgente como importante, para cortar los procesos degenerativos.
Sobre esa base requiere desarrollarse la reforma interna de las organizaciones sociales, democratizando, ventilándolas con rendiciones de cuenta exhaustivas, cortando las reelecciones que eternizan a representantes cada vez más narcisistas, como medidas de pronta consideración por las bases. La experiencia de quienes ejercieron funciones puede canalizarse por medio de órganos consultivos, donde los exdirigentes introduzcan información, sugerencias, pero despojados de facultades ejecutivas y reintegrados la base y a los procesos productivos.
Los mayores avances democráticos de nuestra historia los ha modelado, exigido e impuesto la sociedad, traicionando a las organizaciones políticas, siempre tendientes al conservadurismo y burocratismo, o a su equivalente recubierto de voluntarismo impaciente.
La otra reforma, urgente/trascendente/impostergable es la de la administración de justicia, empezando por el guardián de la Constitución que traicionó su naturaleza y origen. Se tiene que comenzar por aplicar la ley a la larga y sórdida historia de quebrantamiento del orden constitucional por parte del TCP, desde2017. Varios de sus miembros deben además dar cuentas por relaciones estrechas con delincuentes conocidos y prevaricatos, sentencias arbitrarias y vicios absolutos y de incongruencia.
La protección política y parlamentaria que reciben como premio y seguro de inmunidad por haber dictado una resolución que inhabilita una nueva participación electoral del candidato más temido por sus adversarios debe cesar ya mismo como primer paso del cambio que no puede seguir omitiéndose. Nuevos códigos, leyes, reorganizaciones o resoluciones nacerán muertas si esta tarea no se realiza.
