Hace una semana disfrutaba una mañana de domingo tranquila, con pocos vehículos en la avenida Ballivián, por la falta de carburante debido a los bloqueos que han aislado a La Paz. En estos tiempos de incertidumbre, las largas filas de autos en espera del milagro de la gasolina y las calles vacías le dan a la ciudad un aire de pandemia. Quedarse en casa es una necesidad con cara de recompensa.
De pronto, un gran estruendo me hizo asomarme a la ventana de mi escritorio: un auto azul había chocado violentamente contra un poste de madera frente al edificio, y lo había arrancado de cuajo. El poste quedó colgando de la maraña de cables (a los que nos han acostumbrado las empresas que destrozan impunemente nuestro paisaje urbano, sin control alguno). El carro estaba destrozado, había rebotado hasta la mitad de la avenida, desde donde algunos transeúntes ayudaron a empujarlo hasta una calle lateral.
El conductor estaría borracho o drogado, pues no había motivo para que su velocidad excesiva produjera semejante daño a la propiedad pública. Me acerqué al lugar para ver si llegaba la policía, pero no había nadie. Los dueños del vehículo se habían esfumado, dejando el auto azul en la calle.
De regreso a mi escritorio, estuve pendiente durante el día, pero no apareció ni un solo policía, a pesar de que el Comando Policial de la Zona Sur se encuentra a escasas tres cuadras. Llamé al 110 (ingenuamente) pero por supuesto nadie respondió. El 110 es otro de los engaños a los que estamos sometidos en este país de mentira, maqueta de país imposible.
El auto azul desapareció en algún momento durante la tarde, como si nada, sin que se hiciera un registro y peritaje policial del accidente y de los daños a la propiedad pública. El poste siguió colgando toda la noche y recién el lunes apareció una camioneta de ENDE con un poste de cemento, y varios obreros procedieron a cambiar la maraña de cables, dejando muchos cables colgados sobre la acera. Eso no les importa.
El incidente me dejó cavilando varios días, y en medio de todas las convulsiones que vive nuestro país, empecé a pensar que aquello que vi desde mi ventana, es una metáfora de lo que sucede en Bolivia.
El vehículo azul (casualmente, su color tiene un significado político), es la metáfora de esa fuerza embrutecida, terca y aislada que pretende romper la tranquilidad de los bolivianos con violencia y estruendo. Hemos padecido durante casi dos décadas la torpeza e irresponsabilidad del conductor de ese auto azul y seguimos viviendo las consecuencias.
La ausencia policial en las calles dice mucho alegóricamente sobre la ausencia del Estado en los hechos que afectan al país. Cuando se necesita más la intervención estatal, menos visible es el gobierno. No solamente el ejecutivo, sino todos los poderes que están de adorno (cuyos sueldos pagamos los ciudadanos, que no se olviden de eso).
El tercer elemento de la metáfora es la impunidad. Quienes causan destrozos en la propiedad pública, se repliegan sin ser sancionados: nadie les exige cuentas, no existe el principio de autoridad. El Estado (es decir nuestros bolsillos) asumen el costo. Los vándalos reivindican abiertamente su “derecho” a destruir. En grupo, son aún más violentos, embrutecidos por el odio alimentado con discursos delirantes de ensangrentar al país.
Lo triste, al final, es que el auto azul deja de ser una metáfora: el país es así en lo pequeño y en lo grande: el vandalismo destroza, las autoridades se ocultan y los ciudadanos padecen las consecuencias.
Puede que el presidente, los ministros, los legisladores y los magistrados del poder judicial coman pollo, carne, verduras y fruta todos los días en su casa, y no falte gasolina en sus lujosos vehículos sin placas oficiales, pero no es el caso de la mayoría de los ciudadanos (de hecho, no es mi caso).
La población, cansada de seis semanas de chantajes y vandalismo, demanda del gobierno medidas proporcionales para terminar de una vez por todas una situación que se ha hecho insostenible desde todo punto de vista. Una respuesta proporcional a la violencia de los vándalos no significa necesariamente el uso de armas letales. Hay formas de desbloquear el país sin armas de fuego, pero sí otras disuasivas, tractores o carros Neptuno.
Es imperativo detener a los agitadores más violentos, que no pasan de unas decenas. Cualquiera que haya presenciado una manifestación, bloqueo o marcha se da cuenta de que de cada 100 personas, 90 caminan como borregos y apenas 10 (generalmente jóvenes encapuchados) son los que producen los destrozos, provocan a los ciudadanos y a las fuerzas del orden, y gritan la consigna de la renuncia del presidente, como si un cambio de gobierno pudiera resolver la crisis económica profunda heredada después de 20 años de despilfarro y desgobierno masista.
Cambiar de presidente no soluciona nada, puesto que no existe la menor posibilidad en los próximos cinco años de mejorar la situación económica, como no sea a través del endeudamiento o del control total de la producción de oro, que ahora está en manos de mafias de los mal llamados “cooperativistas”.
Terminarán por agotamiento los bloqueos y las marchas, y llegarán a los mercados bienes de primera necesidad de manera cíclica, pero no habrá ninguna posibilidad de que la economía del país mejore sustancialmente de manera que podamos tener mayores ingresos a corto plazo. Otra vez estamos sufriendo las consecuencias de la alienación extractivista, un círculo vicioso que siempre termina agotando los recursos no renovables (plata, estaño, petróleo, gas, oro o litio), y dejando atrás miseria y contaminación, en lugar de promover una agropecuaria sana que nos alimente.
Sin ley ni orden, el conductor del auto azul sigue prófugo.
Alfonso Gumucio es escritor y cineasta
