Bolivia ya no vive únicamente una crisis política. Vive el agotamiento de un modelo que durante casi dos décadas, bajo dos gobiernos consecutivos, confundió estabilidad con sostenibilidad.
Durante el ciclo de bonanza impulsado por las materias primas y el gas, el país recibió importantes ingresos. Sin embargo, esa riqueza no logró transformarse plenamente en una economía productiva y sostenible. Se consolidaron la dependencia del extractivismo, el debilitamiento institucional, cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública y una pérdida progresiva de confianza.
Ese escenario es el que encontró el nuevo gobierno: una economía vulnerable, instituciones debilitadas y una sociedad fragmentada y desconfiada.
Con el paso de los meses, el problema dejó de ser solo la herencia recibida. También comenzaron a hacerse visibles errores de conducción política y económica.
El sistema político mostró dificultades de coordinación, contradicciones internas y un creciente alejamiento de sectores sociales y electores que esperaban participar en la nueva reconfiguración del poder.
El discurso de campaña avanzaba en una dirección y la gestión en otra.
Los movimientos sociales ya no se limitan a respaldar decisiones; exigen participar en el nuevo equilibrio de poder.
Las tensiones crecieron por la percepción de incumplimiento de promesas, retrocesos bajo presión en leyes y decretos antes defendidos, el encarecimiento de los combustibles con cuestionamientos sobre su calidad y decisiones alejadas de las prioridades sociales planteadas en campaña.
Ese malestar empezó a expresarse en la calle.
Las movilizaciones de la COB, maestros, mineros, cooperativistas, Bartolinas y campesinos confirman un dato central: el conflicto dejó de ser sectorial y se volvió transversal.
Durante mayo, el país vivió casi veinte días de movilización y tensión social. Los bloqueos y la confrontación profundizaron una situación económica ya frágil.
La crisis dejó de ser solo política.
Ahora se expresa en los mercados, en el aumento constante de precios y en la preocupación diaria de millones de familias.
La economía dejó de ser técnica: es supervivencia.
Hoy muchas familias ya no preguntan quién tiene razón políticamente. Preguntan cuánto alcanzará el dinero hasta fin de mes.
El comerciante vende menos. El trabajador ajusta gastos. La clase media pierde ahorro y los jóvenes ven un futuro incierto.
Mientras la política discute poder, la ciudadanía discute supervivencia.
Bolivia oscila entre dos salidas inmediatas: fuerza o acuerdos de emergencia. Ninguna resuelve el fondo del problema. Ambas solo contienen la presión.
Incluso si hay salida, los problemas económicos seguirán: precios altos, falta de divisas y confianza debilitada.
La política administra tensión. La economía impone límites.
La crisis más peligrosa ya no es política, sino económica: también es la pérdida de confianza en que algo pueda mejorar.
El desafío ya no es solo político. Es reconstruir confianza, institucionalidad y estabilidad.
La salida no depende solo del Gobierno, sino también de los sectores sociales, regionales y políticos del país. Las demandas han cambiado en el siglo XXI, pero muchas dinámicas siguen atrapadas en viejas lógicas de confrontación.
Quienes hoy exigen medidas extremas o la renuncia presidencial enfrentarán una realidad inevitable: la crisis económica seguirá, gane quien gane.
Y allí surge la pregunta incómoda: cuando la crisis coyuntural pase, ¿los sectores en conflicto serán capaces de unirse para exigir soluciones económicas o volverán a enfrentarse viviendo la misma realidad?
Porque al final, el dólar, los precios y el empleo no distinguen colores políticos.
La política discute poder. La ciudadanía, supervivencia. La economía no espera.
Oscar A. Heredia Vargas es Ex rector de la UMSA
