Bolivia atraviesa una de las crisis multifacéticas más severas de su historia reciente. Aunque los debates cotidianos se centran en la escasez de divisas, la gasolina basura o la renuncia del presidente, las raíces del trauma boliviano calan mucho más hondo. La parálisis sistemática del país, manifestada en bloqueos de carreteras que privan a ciudades como La Paz de alimentos, medicinas y libre locomoción, no es un fenómeno estrictamente contemporáneo. Es el síntoma visible de una fractura socio-racial no resuelta que arrastra desde antes de la fundación de la República y que hoy, alimentada por intereses políticos, mantiene al país en un estado de total contención. Pocos tienen la “insolencia” de decirlo, porque políticamente es incorrecto, pero íntimamente nadie ignora esa perogrullada: Bolivia está compuesta por una sociedad profundamente racista.
Para comprender la naturaleza de los métodos extremos de presión actuales, es imperativo mirar al espejo de la historia. En 1781, el líder indígena Túpac Katari impuso un asedio total a la ciudad de La Paz, en total de casi 180 días. Más de un siglo después, durante la Guerra Federal de 1899, las fuerzas liberales paceñas sellaron una alianza estratégica con el líder aimara Pablo Zárate Willka; sin embargo, una vez alcanzado el poder, la élite traicionó dicho pacto, encarcelando y posteriormente asesinando a Willka. Estos episodios históricos evidencian un patrón de comportamiento cíclico: por un lado, el uso del cerco violento como máxima herramienta de veto y, por el otro, la desconfianza crónica y la instrumentalización política de los movimientos indígenas por parte de las cúpulas de poder.
Este quiebre histórico halló su punto de inflexión contemporáneo en los trágicos sucesos de septiembre y octubre de 2003. Lo que inicialmente se articuló como la «Guerra del Gas» mutó rápidamente en una insurrección con un marcado componente racial. El conflicto no solo cuestionó el modelo económico vigente, sino que expuso de forma cruda el resentimiento acumulado entre el mundo rural-indígena y los centros urbanos. El colapso del gobierno de entonces abrió las compuertas para que el discurso de la división étnica dejara de ser una consigna marginal y pasara a convertirse en una política doctrinaria. A partir de ese escenario, figuras clave de la cúpula del MAS, como Evo Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana, articularon de manera sistemática una retórica incendiaria orientada al enfrentamiento entre bolivianos. Lejos de buscar la reconciliación o la edificación de un Estado verdaderamente integrador, sus alocuciones exacerbaron los prejuicios mutuos. Es emblemático el comportamiento de García Linera, quien en diversas oportunidades azuzó a las masas indígenas bajo la premisa de que correspondía expulsar o «sacar a patadas» a los kharas (blancos o mestizos). Esta apología de la violencia comunitaria quedó sellada en discursos de profunda confrontación regional, como el pronunciado por el entonces vicepresidente en Warisata, cuna del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), donde sin rodeos declaró públicamente que fue allí donde “aprendió a amar, pero también a matar».
Bajo este adoctrinamiento de «reivindicación originaria», se ha propagado en ciertos sectores la noción equívoca de que la pertenencia étnica confiere un derecho de propiedad superior sobre el territorio nacional. Esta lógica atenta de forma directa contra el principio fundamental del Estado moderno: la igualdad ante la ley, que, en los últimos 20 años, fue aplicada únicamente en función de intereses raciales. Ser boliviano es una condición que ampara a todos los nacidos en Bolivia, debiendo gozar de los mismos derechos y ser sujetos de las mismas obligaciones. Cuando un grupo social asume que su identidad indígena lo exime del respeto a los derechos humanos de terceros, la democracia se desmorona.
No obstante, el racismo en Bolivia no es unívoco ni exclusivo de un solo sector. El país padece de un racismo bidireccional y geográficamente polarizado. Mientras en el occidente andino se gestan resentimientos históricos traducidos en medidas de presión asfixiantes, en el oriente, particularmente en Santa Cruz, persiste un desprecio racializado hacia lo andino. Esta desconexión emocional y cultural fragmenta el tejido social y anula cualquier posibilidad de un proyecto nacional cohesionado. El desprecio mutuo actúa como un muro invisible que impide el diálogo constructivo.
En conclusión, la tragedia de Bolivia radica en que seguimos atrapados en los odios y los métodos de 1781, 1899, 2003 y 2019. Mientras la identidad étnica o el regionalismo se antepongan al concepto universal de nación y ciudadanía, el país seguirá naufragando en un piélago de revanchismos. No podremos salir del rezago económico y social hasta que comprendamos que la verdadera soberanía reside en una sola ley, un solo estándar de derechos y una ciudadanía compartida, sin privilegios ni exclusiones para nadie.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
