Christian Rojas, Managing Partner de SAJOR Consulting Daniel Loewe, Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez
Nadie decidió colectivamente que la inteligencia artificial empezara a participar en decisiones sobre empleo, crédito o salud. Simplemente empezó a ocurrir.
Lo extraño es otra cosa.
Un cambio de esta magnitud ocurrió prácticamente sin deliberación pública proporcional a su impacto.
Cuando las sociedades enfrentan transformaciones importantes —reformas laborales, cambios tributarios, políticas energéticas— aparece una discusión intensa. Se discuten riesgos, costos, alternativas. Se negocia. Se legisla. Se polemiza.
La inteligencia artificial, en cambio, ha avanzado con un nivel de debate sorprendentemente bajo si se considera que puede afectar el trabajo, la distribución del ingreso y la forma en que se toman decisiones cotidianas.
La explicación habitual es simple: la inteligencia artificial sería inevitable. Un paso más en la historia del progreso tecnológico. Algo frente a lo cual las sociedades solo pueden adaptarse. Pero esa explicación es engañosa.
La inteligencia artificial no es inevitable en sentido estricto. No es una fuerza natural que opere al margen de decisiones humanas.
Lo que sí parece haberse vuelto cada vez más claro es que se ha convertido en algo distinto: ineludible.
La diferencia importa.
Algo inevitable es aquello que no puede evitarse bajo ninguna circunstancia. Algo ineludible, en cambio, es aquello que genera costos tan altos para quienes intentan ignorarlo que deja de ser una opción razonable hacerlo.
Hoy muchas organizaciones incorporan inteligencia artificial no necesariamente porque confíen plenamente en ella o porque vean ventajas inmediatas, sino porque no hacerlo puede significar quedar en desventaja frente a competidores que sí la utilizan. La presión competitiva empuja hacia la adopción. La tecnología no obliga directamente, pero los incentivos económicos terminan produciendo un resultado similar.
En ese sentido, la inteligencia artificial no se impone como destino tecnológico, sino como una estructura de incentivos que vuelve cada vez más difícil mantenerse al margen.
Y ese carácter ineludible del cambio abre una pregunta que rara vez aparece en el debate público.
Si la inteligencia artificial está transformando ámbitos tan amplios de la vida económica y social, ¿se ha explicado públicamente por qué ese cambio debe ocurrir exactamente en estos términos y no en otros?
La discusión pública suele ofrecer dos respuestas. La primera es que la innovación tecnológica no puede detenerse. La segunda es que las sociedades que no adopten estas herramientas corren el riesgo de quedar rezagadas frente a otras que sí lo hagan.
Ambas afirmaciones contienen algo de verdad al describir lógicas y presiones competitivas que empujan hacia la adopción. Pero esas explicaciones no constituyen realmente una justificación pública en sentido fuerte.
La diferencia es relevante. Una explicación ofrece razones que el receptor evalúa como adecuadas al considerarlas desde la perspectiva del emisor. En cambio, una justificación ofrece razones que el receptor puede considerar como buenas razones desde su propia perspectiva.
El problema aparece cuando se observa la opacidad que rodea estas transformaciones. Esa opacidad puede tener al menos dos explicaciones distintas.
La primera es lo que podríamos llamar opacidad epistémica. Bajo esta interpretación, las razones que explican el avance de la inteligencia artificial existen, pero son complejas y altamente técnicas. Ingenieros, economistas o científicos de datos pueden comprenderlas, pero para el público general resultan difíciles de evaluar. El problema no sería entonces la ausencia de razones, sino primeramente una brecha de conocimiento entre quienes desarrollan estas tecnologías y quienes viven con sus consecuencias.
La segunda posibilidad es más inquietante: opacidad estratégica. En este caso, las razones existen y son relativamente claras para quienes toman decisiones, pero no conviene hacerlas públicas porque podrían generar resistencia o cuestionamientos que obstaculicen el avance del cambio tecnológico. No se trata de una brecha de comprensión sino de un silencio deliberado.
La diferencia entre ambos diagnósticos es fundamental.
Si el problema es opacidad epistémica, entonces la tarea institucional consiste en mejorar los mecanismos de traducción entre conocimiento experto y deliberación pública. Crear espacios donde las transformaciones tecnológicas puedan explicarse y justificarse en términos comprensibles para ciudadanos, trabajadores y consumidores.
Si en cambio predomina la opacidad estratégica, el desafío es otro. En ese caso se necesitan mecanismos de transparencia y accountability que obliguen a quienes impulsan estos cambios a justificar públicamente sus decisiones.
Son dos problemas distintos y requieren respuestas institucionales completamente diferentes. Lo inquietante es que hoy no sabemos con claridad cuál de los dos enfrentamos.
Por cierto, para el ciudadano común, para el trabajador que ve transformarse su empleo, para la empresa que intenta adaptarse, el resultado es el mismo: un cambio profundo cuya lógica última permanece opaca.
Pero una sociedad que no puede distinguir entre complejidad técnica y silencio estratégico enfrenta un problema institucional serio. No puede deliberar con claridad sobre el tipo de futuro tecnológico que está construyendo.
El debate público sobre inteligencia artificial suele concentrarse en los riesgos de los algoritmos, en la necesidad de regulación o en las oportunidades económicas que abre esta tecnología. Son temas son relevantes. Pero junto a discutir cómo regular la inteligencia artificial convendría formular una pregunta más básica: no si la inteligencia artificial es inevitable, sino por qué su avance se presenta como cada vez más ineludible.
Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, las sociedades seguirán adaptándose a un cambio profundo cuyas razones últimas no han sido plenamente explicadas ni justificadas en el espacio público.
Y cuando una transformación tecnológica de esta magnitud se vuelve ineludible sin haber sido públicamente justificada, el problema deja de ser solo tecnológico.
Empieza a ser político.
