Nicolás Maquiavelo dejó escrito en El Príncipe una advertencia que parece redactada pensando en la Bolivia de hoy: los gobernantes que postergan un conflicto por temor a afrontarlo solo logran que sus adversarios se vuelvan más fuertes y audaces. En el tablero político nacional, esta premisa cobra una vigencia alarmante cada vez que el occidente del país amanece cercado por piedras, montículos de tierra y fogatas que cortan las arterias principales de comunicación y aíslan a regiones enteras del resto del territorio.
El argumento gubernamental para justificar la inacción suele apelar a una prudencia mal entendida: “no provocar”, “evitar la violencia” o esperar pacientemente a que la movilización “se desgaste por sí sola”. Sin embargo, el realismo político desmonta rápidamente esa ilusión peligrosa y costosa. Cuando el Estado abdica de su función principal —ejercer el monopolio de la fuerza legítima, garantizar el orden público y asegurar el libre tránsito— no está evitando una crisis; simplemente la está financiando a plazos, acumulando un pasivo social y económico que crece día a día sin cesar.
“Trae problemas a un país que el ejército mantenga campamentos a largas distancias, porque mantener una fuerza desplegada leva los costos para el pueblo”.
— Sun Tzu, El arte de la guerra
Llevado al escenario civil, el estratega chino entendió perfectamente que el factor tiempo y la interrupción de las dinámicas vitales de un territorio constituyen las armas más destructivas, incluso antes de que se dispare un solo proyectil. Al permitir que facciones sociales sostengan “campamentos” y bloqueos prolongados en las carreteras, el Estado boliviano ignora una máxima estratégica fundamental: la parálisis logística asfixia el corazón mismo de la nación. No hay victoria ni pacificación posible sobre la inmovilidad. Permitir el estrangulamiento de las vías de comunicación no es una táctica para desgastar a quien bloquea; es, en realidad, un proceso de autodestrucción económica y soberana, donde el único derrotado cierto es el ciudadano común y corriente.
Tolerar el bloqueo de carreteras como un método válido de presión social genera un efecto contagio inmediato y devastador en nuestra cultura política. El éxito de la radicalidad se convierte automáticamente en el manual de instrucciones para el siguiente sector o comunidad que tiene reclamos pendientes. Lo que empieza como una demanda aislada y específica muta rápidamente en una parálisis sistémica que afecta a la producción, el comercio y la vida cotidiana de todos los bolivianos. Al final, la clemencia mal aplicada no pacifica; por el contrario, incentiva la proliferación de facciones que aprenden una lección peligrosa: el poder cede y negocia más ante la fuerza de las carreteras cerradas que ante el uso de los canales institucionales establecidos por la ley.
La consecuencia inevitable de esta vacilación es el peor de los escenarios posibles: la intervención tardía. Cuando el gobierno finalmente se ve obligado a actuar empujado por la presión de los hechos, lo hace con la economía ya gravemente herida por el desabastecimiento de productos esenciales, con la población civil exasperada y al borde del enfrentamiento fratricida, y con su propia legitimidad profundamente desgastada ante la opinión pública. En ese punto, la fuerza que se aplica ya no se percibe como el restablecimiento necesario del Estado de derecho, sino como un recurso desesperado: un “manotazo de ahogado” que llega demasiado tarde para reparar el daño ya causado.
Gobernar en tiempos de fragmentación social exige entender con claridad que la ley y el diálogo no son caminos excluyentes, sino complementarios. Un Estado firme y responsable debe abrir mesas técnicas de negociación de manera inmediata para atender las demandas legítimas de la población, pero siempre bajo una condición innegociable: las vías públicas deben permanecer abiertas y respetadas en todo momento. La libre circulación de alimentos, medicinas, carburantes y personas no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la moneda de cambio ni la prenda de garantía de ninguna negociación política.
Bolivia no está en condiciones de someterse a experimentos de pasividad o debilidad institucional. En política, tolerar el bloqueo de caminos con el único fin de evitar el conflicto inmediato equivale a adquirir una paz fiada, prestada y precaria. Y esa deuda institucional, como bien sabían los grandes pensadores y estrategas de la historia, siempre se termina pagando con intereses altísimos: se paga con desorden social, con retroceso económico y con la erosión gradual de la autoridad democrática. Es preferible asumir el costo político de aplicar la ley y hacerla cumplir hoy, que terminar pagando el precio histórico e irreversible de gobernar sobre las ruinas de la institucionalidad mañana.
