Bolivia vuelve a quedar rezagada en la lucha contra la corrupción. El informe 2025 de Transparencia Internacional, publicado el 30 de enero, ubica al país en el puesto 136 de 182 con apenas 28 puntos sobre 100, la misma calificación que el año anterior. El estancamiento refleja que, mientras otras naciones de la región avanzan en transparencia, Bolivia permanece inmóvil, atrapada en una percepción negativa que erosiona la confianza institucional y limita su proyección internacional.
Inmediaciones
La corrupción sigue siendo una de las mayores sombras que enfrenta Bolivia en su vida institucional. Más allá de las cifras y posiciones en los rankings internacionales, el país arrastra una percepción negativa que condiciona su credibilidad y limita su capacidad de proyectarse en la región. El informe 2025 de Transparencia Internacional vuelve a poner sobre la mesa un problema que no solo afecta la política, sino también la economía y la confianza ciudadana: la falta de resultados concretos en la lucha contra la corrupción.
Antecedentes históricos
Bolivia arrastra una trayectoria marcada por la falta de mejoras en el IPC. En 2023 ocupaba el puesto 133 con 28 puntos, en 2024 descendió al 136 manteniendo la misma calificación, y en 2025 repite exactamente la misma posición y puntuación. Este patrón evidencia que, aunque la calificación no empeora, la posición relativa sí lo hace, porque otros países han logrado mejorar sus indicadores.
El promedio mundial es de 42 puntos, lo que coloca a Bolivia muy por debajo de la media global. En América Latina, el promedio regional es de 34, lo que significa que Bolivia también se encuentra rezagada frente a sus vecinos inmediatos. La persistencia de esta situación refleja un problema estructural en la gestión pública y en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
Analistas señalan que la falta de avances en la percepción de corrupción está vinculada a la debilidad institucional, la ausencia de políticas sostenidas de transparencia y la falta de independencia en los órganos de control. Estos factores han impedido que Bolivia logre un cambio significativo en su posición dentro del ranking.
El estancamiento en el IPC no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia que se arrastra desde hace más de una década. En ese tiempo, Bolivia nunca ha superado los 30 puntos, lo que confirma que la percepción de corrupción es un problema persistente y difícil de revertir.
Comparación regional (Sudamérica, IPC 2025)
| País | Puntuación IPC 2025 | Posición global |
|---|---|---|
| Uruguay | 73 | 12 |
| Chile | 66 | 31 |
| Colombia | 37 | 99 |
| Perú | 36 | 101 |
| Argentina | 36 | 104 |
| Brasil | 35 | 110 |
| Ecuador | 34 | 115 |
| Bolivia | 28 | 136 |
| Paraguay | 24 | 150 |
| Venezuela | 10 | 180 |
En el Cono Sur, Uruguay y Chile se consolidan como referentes regionales en transparencia, con puntuaciones muy por encima del promedio mundial. Ambos países muestran que las políticas de rendición de cuentas y la solidez institucional son claves para sostener la confianza ciudadana.
En el rango medio aparecen Argentina, Brasil y Perú, que pese a sus crisis políticas y sociales, logran mantenerse por encima de los 35 puntos. Estos países muestran que, incluso en escenarios de inestabilidad, es posible sostener niveles de confianza institucional relativamente aceptables.
En la región andina, Colombia y Ecuador se ubican en posiciones intermedias, con puntuaciones que rondan los 34-37 puntos. Bolivia, en cambio, se mantiene estancada en 28 puntos, lo que la coloca en una posición crítica frente a sus vecinos.
Finalmente, en el extremo inferior, Paraguay y Venezuela muestran los niveles más altos de percepción de corrupción en Sudamérica. Paraguay, con 24 puntos, refleja un estancamiento institucional, mientras Venezuela, con apenas 10, se ubica entre los peores del mundo, evidenciando una crisis estructural de gobernanza.
Declaraciones y reacciones
El informe fue recibido con preocupación por diversos sectores. Transparencia Internacional recordó que el IPC mide la percepción de corrupción en el sector público, lo que refleja la confianza —o desconfianza— hacia las instituciones. En Bolivia, la falta de avances en la puntuación confirma que las políticas anticorrupción no han generado resultados tangibles.
Analistas nacionales señalaron que el estancamiento en el IPC es un reflejo de la debilidad institucional y de la falta de independencia en los órganos de control. “La corrupción no solo es un problema de gestión pública, sino también de confianza ciudadana. Mientras no se fortalezcan las instituciones, la percepción no cambiará”, afirmó un experto en gobernanza entrevistado por medios locales.
Desde el ámbito político, algunos sectores oficialistas minimizaron el impacto del informe, señalando que la percepción no siempre refleja la realidad. Sin embargo, opositores y organizaciones civiles insistieron en que la falta de avances es una señal clara de que las políticas actuales no están funcionando.
La comunidad internacional también reaccionó. Organismos multilaterales advirtieron que la percepción de corrupción afecta directamente la inversión extranjera y limita el acceso a cooperación internacional. En ese sentido, el estancamiento de Bolivia en el IPC se convierte en un obstáculo para su desarrollo económico y social.
Perspectivas
El estancamiento en el IPC plantea un desafío urgente para Bolivia. La transparencia en la administración pública, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas son claves para revertir esta percepción negativa. Sin embargo, los resultados de los últimos años muestran que las políticas implementadas no han sido suficientes.
A nivel regional, Bolivia corre el riesgo de quedar aislada frente a países que han logrado avances significativos en materia de transparencia. La diferencia con Uruguay y Chile es cada vez más marcada, lo que afecta la imagen internacional del país y su capacidad de atraer inversión.
En el ámbito económico, la percepción de corrupción desalienta la inversión extranjera y limita el acceso a cooperación internacional. Los inversionistas buscan entornos confiables y transparentes, y Bolivia no logra ofrecer esas condiciones. Esto se traduce en un impacto directo en el desarrollo económico y en la generación de empleo.
En el plano político, el estancamiento en el IPC presiona al Gobierno a demostrar resultados concretos en la lucha contra la corrupción. La falta de avances en dos años consecutivos sugiere un problema estructural que requiere medidas profundas y sostenidas. Sin cambios reales, Bolivia seguirá atrapada en un círculo de percepción negativa que limita su desarrollo y su credibilidad internacional.
