El tiempo de la queja, la denuncia y las lamentaciones ha vencido. La siniestra masa de humo y hollín, pesada como garra de plomo, que cubre los cielos de Bolivia, Paraguay, parte del Brasil y avanza sobre la Argentina, no deja espacio a las dudas.
Las declaraciones de emergencia (ni siquiera de desastre) son tardías y no representan ni el equivalente de un vaso de agua para contener los fuegos embravecidos que, hasta agosto, ya lamían casi cuatro millones de hectáreas, casi la mitad en bosques, es decir en los territorios fundamentales para el almacenamiento y clave del ciclo regenerativo de nuestras fuentes de agua y oxígeno.
Lo mismo cabe para las sanciones improvisadas, minúsculas y usualmente inaplicables que presentan ministerios y oficinas gubernamentales, que se manejan con un criterio completamente propagandístico y engañoso. Todas las medidas oficiales adoptadas hasta ahora son tan inútiles y estúpidas como tratar de aumentar la disponibilidad de divisas o carburantes con “explicaciones”.
Lo hecho desde el ámbito estatal no ayuda a prevenir, disminuir y mucho menos remediar los atentados continuos e impunes contra el medio ambiente y que acrecientan nuestra significativa vulnerabilidad e indefensión ante el cambio climático.
En este momento solo una pausa ambiental, inmediata, rigurosa y garantizada por acciones y movilización de la sociedad y recursos del estado, es la respuesta ante el desastre y la manera de tratar de detener y revertir el inmenso daño y devastación que en los últimos años se anuncia, desde junio hasta por lo menos noviembre, con el flamear de sus banderas de nubarrones asfixiantes.
No se trata solo de quemas y humos, ya que todo el año funcionan las topadoras, los ingenios y los ejércitos de personas desplazadas y desesperadas que lavan y procesan oro, vertiendo mercurio, cianuro y otros tóxicos que emponzoñan nuestras cuencas, con los otros químicos de las plantas grandes y pequeñas en las que se elabora pasta y se purifica clorhidrato de cocaína.
Por encima de la maldad e ignorancia que motoriza estas prácticas, están los grandes negocios que representan el mayor y más rentable tráfico que se ha enseñoreado de nuestro país, desde hace un mínimo de quince años: el tráfico de tierras. Los grandes desbosques, con y sin fuego, son tolerados y alentados desde las entrañas del Estado porque los taladores e incendiarios ganan millones habilitando tierras para venderlas al agronegocio, que compensa su baja productividad participando del negocio.
Se saquean los bosques, se capturan ejemplares valiosos de fauna y se incinera todo lo que no pueda acopiarse de inmediato, para acumular capital, pronto reciclado en nuevas urbanizaciones, unidades de transporte que consumen combustibles importados a costa de endeudamiento, inflación y deterioro de la capacidad adquisitiva de los grupos más vulnerables e indefensos.
Dirigentes sociales, cívicos, parlamentarios, académicos, personal de ONG, ambientalistas o no, miembros de todos los credo e iglesias, asociaciones de madres, estudiantes, sindicatos, agrupaciones juveniles debemos explicarnos por qué no estamos comprometidos e incansablemente activos para sensibilizar, explicar, promover la reflexión, el debate, los acuerdos, las alianzas y campañas necesarias para que autoridades y legisladores pongan en vigencia una pausa ambiental.
Esta pausa significa la inmediata paralización de todas las adjudicaciones, titulaciones y concesiones de tierras (excepto las ultra atrasadas y mezquinadas a TCO), incluyendo las urbanas que comprometan o afecten cualquier fuente de agua; el cese y penalización de cualquier forma de deforestación y quema, incluyendo la obligación de reforestar -además del pago de daño económico- a ejecutarse por los causantes directos y las autoridades negligentes o cómplices. La prohibición de quemas tiene que aplicarse también en áreas urbanas.
A continuación, revisión exhaustiva de concesiones y titulaciones en los territorios afectados y reversión automática de los que hayan sido afectado por los fuegos, desbosques y avasallamientos.
Esas medidas no frenan ningún desarrollo económico, ni perjudican la economía del país. Paremos en seco los argumentos falsos y tramposos que se usan y se reforzarán. No podemos esperar que las llamas además de devorar selvas se traguen a pueblos enteros. El financiamiento de la pausa es más urgente y prioritario que la tardía iniciación de exploraciones petroleras que, si son afortunadas, darán resultados en una década (con suerte).
Tenemos un excedente de tierras de cultivo que no se usan y hemos empobrecido con formas de agricultura depredadora. Ninguna forma de crecimiento o “desarrollo” puede sustentarse en la liquidación de la vida y las fuentes de vida.
La corrupción de los que hacen ganancias directas y de las autoridades que la apañan solo es posible en una sociedad que se corrompe con la indiferencia, la resignación, el miedo y la inacción.
