La actitud del gobierno de la Ciudad de México ante la contaminación del agua siguió, paso por paso, el manual de los gobernantes chapuceros.
Negar el problema. El lunes 1 de abril vecinos de las colonias Santa María Nonoalco y San Juan, en la Alcaldía Benito Juárez, denuncian que desde el día anterior el agua que sale de sus llaves tiene olor a combustible. El martes 2 personal del Sistema de Aguas de la CdMx, Sacmex, toma muestras en las colonias Nonoalco, Nochebuena, Del Valle y Tlacoquemécatl. Después de revisarlas en su “Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua”, ese organismo niega que haya “olor extraño alguno” y dictamina que el agua en esas colonias “es de buena calidad, apta para el uso y consumo humano”. Sacmex descarta “cualquier presencia de hidrocarburos, solventes, compuestos orgánicos volátiles y cualquier otro componente volátil o explosivo que representen riesgo para la salud de la población”.
Minimizar el problema. Para el jueves 4, vecinos de la BJ han dicho que el agua contaminada les produce irritación intensa y manchas en la piel. El viernes 5 el jefe de Gobierno, Martí Batres, reitera que no pasa nada: “se realizaron pruebas de laboratorio y no se presenta ninguna contaminación de hidrocarburos, es decir, el agua que viene, viene limpia y no tiene ningún tipo de afectación”. El domingo 7 dice que se han revisado un tanque y tres pozos y que “no se encuentra una anomalía”.
Limitada atención. El gobierno de la Ciudad instaló en el Parque San Lorenzo, en la Colonia del Valle, un “puesto de mando” para entregar agua de una planta potabilizadora que manejaba personal del Ejército. Los vecinos más cercanos aprovecharon tal servicio. Pero de la Colonia Alfonso XIII, que fue el primer sitio en donde apareció agua contaminada, hasta ese parque, hay 3.5 kms (4.5 para traslados en automóvil).
Información insuficiente. El lunes 8, Batres reconoce que el agua sí está contaminada. Lo hace en confusos términos coloquiales: “al parecer la sustancia a la que se refieren los diversos reportes de esta zona de la Alcaldía Benito Juárez pertenece, se refiere a algo que pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes”. En vez de presentar un documento técnico, leído por especialistas acreditados, con esa información fragmentaria el Jefe de Gobierno, favorece la confusión y el disgusto.
Trivialización del problema. El mismo día ese funcionario también revela que las autoridades, sin haber alertado a la población, consideraron la posibilidad de que el agua estuviera tan contaminada que pudiera ocasionar combustión: “se ha estado utilizando un aparatito que se llama explosímetro que mide si hay riesgo de explosión o de explosividad de alguna sustancia…los análisis indican que hay cero riesgo de explosividad”. La referencia a un “aparatito”, como si les estuviera explicando a párvulos, aumentó la intranquilidad ente los vecinos.
Desdén a los afectados. El martes 9, varias docenas de vecinos cierran el tránsito en Insurgentes y Xola. El bloqueo se mantiene durante siete días. Ni antes, ni entonces, el jefe de Gobierno se acerca a dialogar con los vecinos. El secretario de Gobierno los invita a conversar, pero también los descalifica sugiriendo que son manejados por el PAN. Una vecina le dice a El Universal: “Llevamos semanas con el problema del agua y el gobierno capitalino no da la cara”.
Ocultar los hechos. La noche del martes 9 de abril el pozo “Alfonso XIII”, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón y manejado por el Sacmex, es ocupado por la Guardia Nacional y el Ejército. Al día siguiente Batres informa que personal de Pemex revisó un ducto a 500 metros de ese pozo y no encontró indicios de fuga de combustible. No dijo, ni ese ni los días siguientes, si las autoridades encontraron alguna anomalía, y en ese caso cuál, en el pozo de la Alfonso XIII.
Disimular la gravedad. El gobierno de la CdMx ya no negaba la contaminación del agua pero insistía, contradiciéndose, en que no afecta a las personas. Batres el 13 de abril: “después de diversos estudios y análisis de particulares, universidades, instancias oficiales y laboratorios de alta especialización, podemos afirmar que el agua que se distribuye en dicha región no representa riesgos graves para la salud de la población”. Ese día, sin embargo, el Sacmex, con enrevesada sintaxis, publicó en Twitter: “se recomienda a la población que el agua que presente mal olor o aspecto desagradable se abstenga de ser ingerida”. El gobierno de la CdMx quería decir que esa agua es riesgosa, pero poquito. O sea, sí hace daño a la salud.
Diluir la responsabilidad. Aunque el suministro de agua es deber del gobierno de la Ciudad, Batres se quejó de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón que están gobernadas por la oposición. El 11 de abril dijo: “no nos han ofrecido ninguna ayuda, no nos han ayudado en nada, solo han estado en la grilla, en la politiquería”. En temporada electoral, es inevitable que un asunto tan grave tenga consecuencias políticas. La confusión y la torpeza del gobierno de la CdMx intensificaron la desazón de los vecinos afectados. Peor todavía, desde Morena se sugirió que la contaminación del agua fue intencional. La secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández, reenvió el 12 de abril un tuit que decía: “Qué casualidad que este problema con el agua se de solo en BJ y AO, territorios que gobierna el PAN”. En su extrema insensatez quienes difundían esa especulación soslayaban que, si son demarcaciones de oposición, ¿para qué alguien querría soliviantar en contra del gobierno de Morena el ánimo de los habitantes de esas alcaldías, en donde los simpatizantes de ese partido son minoría?
Culpar a otros. El jueves 18 de abril el Sacmex anunció que presentó ante la Fiscalía de Justicia de la CdMx una denuncia “por hechos con apariencia de delito de sabotaje” por contaminación en el pozo Alfonso XIII. Con esa acusación, la autoridad de la CdMx reconoció que el agua ha estado contaminada. Ahora, sin presentar evidencias y sin explicar qué ocurrió, busca un culpable.
