Se respira un aire de optimismo y esperanza en la opinión pública en relación a la posibilidad de un acuerdo político en la Asamblea Legislativa que destrabe la elección de magistrados y termine con el nefasto prorrogazo. La presión ejercida por Evo Morales haciendo lo que mejor sabe hacer, ha obligado al gobierno a viabilizar a regañadientes una comisión que avanza en tiempo record un proyecto de ley al que teóricamente le faltan solemente un par de acuerdos para iniciar su proceso de aprobación en ambas cámaras. Si todo saliera como dicen que quiere que salga, se cree que podríamos tener elecciones judiciales en el corto plazo, con los auto prorrogados en su casita.
No quiero ser el eterno aguafiestas, pero debo decir que tengo serias sospechas de que esta iniciativa, larga y arduamente trabajada también por la oposición, no llegará a concretarse. Tengo la impresión de que el gobierno le está mareando nuevamente la perdiz al país para ganar algo de tiempo y que el Carnaval se encargue de terminar con los bloqueos.
Sospecho que estamos frente a una nueva maniobra distractiva y dilatoria, porque estoy convencido de que el gobierno sencillamente no está en condiciones de renunciar al control del poder judicial, y un acuerdo como el que se está trabajando implicaría la selección y elección de unos nuevos magistrados más o menos decentes e imparciales, que no les permitirían seguir utilizando a la justicia como su principal resorte de gobernabilidad.
El gobierno de Arce se encuentra en una posición extremadamente dificil y probablemente no se pueda dar el lujo de permitir que le corten la úlltima pata que le queda. La crisis económica se lo está comiendo vivo y hasta ahora no hay indicios serios de solución a corto plazo para resolver la crónica escasez de dólares en un país de importadores, el suministro languideciente de combustibles a un precio sostenible y la subida de precios de productos de primera necesidad.
Como si esto fuera poco, han perdido hace tiempo ya la gobernabilidad en el legislativo, lo que les dificulta seriamente la recta final del raspado de la olla de una economía que, lejos del blindaje, afronta su último desafío: evitar el colapso y durar hasta las elecciones generales.
Los números de aprobación de gestión, de favorabilidades y de intención de voto confirman que el presidente está en caída libre y dan cuenta de un gobierno agobiado, incapaz de renunciar al anti democrático mecanismo de gobernar a través de fallos y sentencias judiciales, anulando las funciones del poder legislativo.
Mi sombrío pronóstico apunta entonces a que seguirán intentando hacernos creer que están dispuestos a un proceso de elección de autoridades idóneas, y que, llegado el momento, volverán a tumbar el proceso recurriendo a cualquier excusa. En la otra esquina del ring está un Evo Morales al que solamente le interesa su rehabilitación como candidato; para ello le sirve igualmente una nueva estructura de magistrados que revise el fallo bastante forzado con el que lo han inhabilitato, como un acuerdo con el gobierno para revertir ese fallo, sin cambiar a los magistrados.
Por ahí va la única salida que tiene el gobierno; retroceder nuevamante en el tema de la elección de magistrados, acordando con Morales únicamente la revisión de su fallo, lo que podría además abrir la posibilidad de un arreglo de mayor alcance, como lo demanda un sector del gabinete. Pero perder el control de todo el poder judicial, eso no creo que vaya a ocurrir.
