De los 826 mil venezolanos que hay en nuestro país, más de 500 mil no tienen acceso al Seguro Integral de Salud. 4 de 10 venezolanos han visto reducidos sus ingresos económicos a la mitad, debido a la pandemia. Estas son algunas cifras a las que esta crónica les pone rostro (*).
Juan Carlos Chamorro / Sudaca.pe
Se conocieron a través de Facebook. En enero de 2020, el peruano Iván Asencios (33) y la joven venezolana Vanessa Gil (27) intercambiaron mensajes por el chat, se hicieron amigos y se enamoraron. Cuatro meses después, empezaron a convivir. Tenían planes de casarse. En diciembre pasado, ella comenzó a sentir mareos: pensó, quizá, que estaba embarazada. Pero cuando le hicieron los exámenes médicos, le informaron que tenía leucemia aguda. Vanessa está internada desde el pasado 17 de febrero en el Hospital Neoplásicas. Allí se contagió de Covid y su vida corre peligro.
Aquel 17 de febrero, Vanessa llegó a emergencias luego de sentir fuertes mareos. Iván, que trabaja como obrero de construcción, la llevó en un taxi desde la casa donde alquila una habitación, en San Martín de Porres, hasta el centro de salud oncológico de Surquillo. La joven no tiene carnet de extranjería, uno de los requisitos para acceder a la modalidad gratuita del SIS ni a la tarifa base de 15 soles mensuales que también contempla el seguro. Así que decidieron asumir el costo real del tratamiento.
“Es muy complicado. Sabemos que la mayoría de venezolanos no está en condiciones de pagar un servicio médico”, comenta a Sudaca Carlos Scull, a cargo de la embajada -aún no reconocida por el gobierno de Maduro- de Venezuela en nuestro país. Vanessa es parte de los 576.412 venezolanos que viven en Perú y que no tienen carnet de extranjería, según cifras oficiales de Migraciones. Carlos Scull añade que este vacío debería ser tomado en cuenta por las autoridades.
Cuando Iván Asencios aceptó pagar el tratamiento, los médicos le advirtieron que era mucho dinero y le preguntaron varias veces si estaba seguro. Iván respondió que Vanessa era su pareja, que iba a casarse con ella y que iba a prestarse dinero para costear el tratamiento. Les rogó que la atendieran. Les suplicó que no la dejaran morir. Entonces, los médicos ordenaron su ingreso, pero le exigieron que presente los resultados de una prueba de médula de la mujer, que compruebe el diagnóstico. Iván tenía ese documento entre sus papeles, porque días antes había tenido que pagar S/2.400 a una clínica privada para que a Vanessa le realicen el mentado examen.
El peruano Iván Ascencios y la joven venezolana Vanessa Gil se conocieron en Facebook, intercambiaron mensajes de chat, se hicieron amigos y se enamoraron. A ella le descubrieron que tiene leucemia aguda. No tiene seguro SIS, está internada en el Hospital Neoplásicas, tiene Covid y lucha por su vida. Él es obrero de construcción y tiene que gastar S/200 diarios en medicinas. Es una dramática historia de amor.
El vía crucis de la pareja venezolana-peruana recién había empezado. Cuando Vanessa estuvo internada en Emergencias, los médicos detectaron que un niño que estaba en una cama contigua a la suya tenía Covid. Entonces hicieron pruebas de descarte a todos los pacientes y ella dio positivo. La trasladaron al cuarto piso del hospital, a un centro de aislamiento, donde todavía se recupera del virus y donde ya ha sido sometida a seis quimioterapias para superar la leucemia. No sabe hasta cuándo permanecerá allí.
Desde que su pareja está internada, Iván tiene que gastar 200 soles diarios en medicinas. La estadía de Vanessa, en Emergencias, le costó S/3.000. Para conseguir ese dinero, ha realizado polladas, se ha prestado de amigos, ha gastado sus ahorros y CTS, y ha pedido un adelanto a su jefe de la construcción donde trabaja.
En enero pasado, Vanessa -que nació en Caracas y estudió Arquitectura- fue despedida de un centro de terapia para niños con enfermedades psicomotrices, donde trabajaba como recepcionista. La dueña pensaba que estaba embarazada debido a los mareos que tenía. Pero al enterarse de que estaba internada en el Neoplásicas, le pidió perdón y ayudó a la pareja con algunos gastos del hospital. Pero el aporte es insuficiente. En Perú, Vanessa no tiene familiares.
La solución para seguir solventando el tratamiento de Vanessa es que Migraciones le otorgue el carnet de extranjería para personas vulnerables. De esa forma, podría obtener su seguro ‘SIS gratuito’, por la humilde condición en la que vive, y estarían cubiertos todos los costos de su tratamiento, al que se ha sumado el Covid. También podría acceder a la modalidad denominada “SIS pago”, que le permitiría acceder al seguro desde 15 soles mensuales. El pasado 18 de febrero, Iván inició el trámite para lograrlo.
Iván Asencios ha iniciado una campaña para solventar los gastos económicos diarios del internamiento, en el Neoplásicas, de Vanessa. Élla no tiene seguro porque no posee carnet de extranjería ni PTP. El joven peruano ha gastado sus ahorros, su CTS, realiza polladas y se ha prestado dinero de sus amigos. ¿Le ayudamos?
Casi todas las mañanas, el hombre de 33 años toma un bus para dirigirse al Hospital Neoplásicas y preguntar por el estado de salud de Vanessa. Durante el trayecto, a veces se le da por buscar una canción en su celular: ‘Te adoraré’, del compatriota de Vanessa, Ricardo Montaner. Y entonces llega a un estribillo (“te adoraré/te doy mi vida entera”) que le hace recordar la promesa que le hizo una vez a la joven: casarse y traer a Perú a la hija de ella -Valeska, de 10 años- que aún vive en Caracas. Asegura que la querrá como a una segunda hija.
Cifras de espanto
Scull señala que 500 mil venezolanos están a la espera del inicio del trámite del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que fue aprobado en octubre del año pasado a través del decreto supremo N°010-2020. Es la fase previa para obtener carnet de extranjería y, además, les permitiría a los venezolanos contar con un RUC e ingresar al sistema bancario por un año (**).
Deivis Ramírez, por ejemplo, busca tener el nuevo carnet. Hace un año, su pareja quedó embarazada y estuvo a punto de pagar por la atención médica en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, pero una asistenta social le permitió atenderse gratuitamente por su precaria condición económica. Él es vendedor ambulante. “En el parto de mi esposa, sólo pagué S/700 por las medicinas. Mi hija tiene su DNI y le han dado SIS gratuito”, señala Deivis. Su hija peruana se llama Isabela.
Deivis Ramírez es papá de Isabela. Ella es peruana, tiene un año y tres meses de edad y nació en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. El joven ni su pareja están inscritos en el SIS porque no poseen carnet de extranjería ni PTP, al igual que Vanessa Gil. El nosocomio le apoyó en el nacimiento de su hija para que solo paguen los medicamentos (foto: Juan Carlos Chamorro).
El hombre de 27 años se dedica a la venta de mascarillas K-95 en la avenida La Marina, en Pueblo Libre. En su natal ciudad de Táchira trabajaba como pintor y, cuando llegó a Lima, hace cuatro años, empezó vendiendo gaseosas en las calles de San Miguel.
Es el único miembro de su hogar que trabaja. Su pareja se dedica a cuidar a la bebé de ambos, Andrea. Antes de la pandemia, Deivis podía ganar entre S/60 y S/70 al día vendiendo gaseosas. Ahora sólo obtiene S/40. El migrante anhela que las vacunas contra el Covid-19 también sean aplicadas a sus compatriotas. Según los reportes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el pasado viernes, la cifra de venezolanos muertos desde que empezó la pandemia es de 286. No se especifica si fue a consecuencia del virus porque no se realizan las necropsias.
Los números que deja la migración venezolana no son alentadores. La directora de la ONG, Veneactiva, Nancy Arellano, dice que de los 826 mil venezolanos que viven en Perú, solo 50 mil venezolanos poseen un trabajo formal. Según cifras oficiales de Migraciones, de enero de este año, existen 32,500 trabajadores independientes, 21,001 comerciantes, 14,652 vendedores, 13,469 administradores de empresas y 76,617 empleados [ver infografía].
Lima, con 450 mil venezolanos, es la ciudad que alberga la mayor cantidad de migrantes que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. De los 826 mil venezolanos que viven en nuestro país, solo 50 mil trabajan en el sector formal (Infografía: Leyla López).
Una encuesta regional del centro de investigación Equilibrium CenDE, realizada en octubre del año pasado a 687 venezolanos que viven en Perú, determinó que el 43% de los migrantes vio reducido sus ingresos por la pandemia a más de la mitad; y, un 17%, casi a la mitad. Es el caso de Will, que nos pide no revelar su identidad.
El joven de 28 años es natural de Caracas y es chef especializado en comida japonesa. En Lima fue cocinero en varios restaurantes, pero recibía un sueldo mínimo, que no le ayudaba a cubrir los gastos del colegio de su hermana de 17 años, que vive con él. Will también tuvo Covid, pero fue asintomático.
Hace dos años, la crisis lo llevó a ser repartidor de la empresa Rappi. Cuenta que sus ingresos han caído casi en un 40% desde que empezó la pandemia. Según cifras de la Embajada de Venezuela del 2019, había 5 mil venezolanos trabajando en la empresa distribuidora por el aplicativo Rappi. Hoy esa cifra podría haberse disparado.
Will reclama que los montos que la empresa paga por el reparto de comida es muy bajo. Actualmente, sus ingresos diarios oscilan entre 20 y 40 soles diarios, trabajando más de 12 horas. Aunque -confiesa- a veces es menos.
El migrante se queja de que la empresa no considera, como parte de su pago, la distancia que recorre desde el punto donde se encuentra esperando el pedido hasta el local donde recoge la comida para llevársela a los clientes del aplicativo. Sudaca envió un cuestionario a Rappi, vía Messenger, pero no respondieron.
Will responde que su sueño es tener un local de venta de makis con entrega a domicilio. “¿Quieres seguir viviendo en Perú?”, le preguntamos. El migrante dice que el trato que recibe de las autoridades peruanas “es mejor que en Panamá”, donde pasó una temporada. “El tema migratorio [allá] es difícil. La persecución era atroz. Muy fuerte. Literalmente: entraban al restaurante a buscar extranjeros [sin papeles], para sacarlos y deportarlos. Tuve que irme”, cuenta, mientras coge su celular para ver si tiene un nuevo pedido.
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(**) Según Migraciones, de los 826.412 venezolanos que viven en el país, 439.362 recibieron la entrega del Permiso Temporal de Trabajo (PTP). Además, hay 250 mil que poseen carnet de extranjería. El PTP tenía vigencia de un año y permitía a los migrantes poder trabajar y, después, obtener el carnet de extranjería, que les da el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), solo bajo la opción de «SIS-pago». Cuando venció el PTP, que tenía duración de un año, de esos 439.362 venezolanos, muchos optaron por sacar su carnet de extranjería (entonces, si se hace cálculos separados, la cifra de venezolanos en el Perú pareciera que se incrementa, pero lo que pasa es que, en realidad, en el número de quienes tienen PTP se suma, en muchos casos, a los que les entregaron dicho documento y a los que, a su vez, han obtenido el carnet de extranjería; entonces, en el papel, aparecen migrantes que tienen los dos documentos; la cantidad de quienes tienen PTP «entregados» no discrimina a los que ya tienen carnet de extranjería); aparte, otro grupo, hizo su trámite y aún no recibe ese documento (carnet de extranjería). Además, hay 500 mil venezolanos que están tramitando sus refugios y no poseen PTP ni carnet de extranjería. ¿Qué harán? Ellos tendrán que sacar el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que es un documento que reemplaza al antiguo PTP (cuya entrega se suspendió en eñ 2018). En octubre del año pasado, el gobierno promulgó la resolución suprema N°010-2020 que autoriza la entrega del CPP, pero aún no se inicia el trámite de inscripción. ¿Por qué? Porque no habría aún la decisión política de hacerlo.
(*) Fotocomposición e Infografía: Leyla López
Este artículo fue publicado originalmente en Sudaca.pe
