Si uno escuchaba, sin imágenes, al Ministro de Salud, tratando de explicar su actuación ante la pandemia, ante el pleno de la Cámara de Diputados, el miércoles 6 de mayo, casi podía imaginarse que la desgreñada melena del primer ministro británico, Boris Johnson, flotaba en la Asamblea legislativa.
No es que el ministro boliviano se parezca al inglés, sino que sus argumentos de la ocasión, son un calco de los de Jonson, antes de que el coronavirus lo noqueara, en marzo, obligando a su gobierno a cambiar la estrategia de su extravagante jefe.
Dijo el ministro, boliviano, “si nos va bien, este mes, tendremos unos 10.000 infectados”, para agregar que cuando un 70 u 80% (de la población total) esté contaminado (podremos) decir que hemos ganado”. Y anunció que “lamentablemente (..), vamos a tener muchos fallecidos”.
Con palabras muy similares, en marzo, el premier británico Johnson aseguraba “perderemos muchos amigos y seres queridos antes de tiempo debido al virus y que “el número de infectados podría ser mucho mayor al esperado”. Pero, a diferencia del boliviano, su razonamiento sobre que sólo cabía esperar que la infección masiva proteja al conjunto, estaban dirigidos a priorizar la economía y evitar las cuarentenas. El coronavirus trituró sus razones y casi lo mata.
El informe del ministro se expone, en teoría al menos, a que le apliquen un recurso del Decreto mordaza 4231, sobre declaraciones que desinforman o “generen incertidumbre”, porque el fatalismo que impregna su enfoque contradice los sacrificios realizados por la población, así como la política oficial en materia de cuarentenas.
Por si faltasen contradicciones, en el seno de un gobierno que las está acumulando a toda velocidad, resulta insostenible la posición del nuevo Ministro de Desarrollo Productivo, que ingresó a ejercer sus funciones justificando las ilegales disposiciones para acelerar pruebas de semillas transgénicas.
Resulta tan congruente, como su antecesor, en la defensa de los grandes intereses que patrocinan los cultivos y ganadería de exportación, con el altísimo costo ambiental que tienen, pero incumple las leyes vigentes y los intereses generales de nuestro país, que necesita superar el patrón económico que mantenemos desde nuestra fundación y que ha sido impulsado al extremo, en su variante estatista, por el régimen del MAS.
Además, es inconsecuente con el discurso-escudo que utilizó en su posesión, al presentar un proyecto de ley para abrogar parte de las disposiciones del gobierno anterior, que alentaron las quemas e incendios monstruosos del año pasado. Tal proyecto vale muy poco y tiene un significado exclusivamente simbólico al no estar acompañado de medidas concretas que corrija la parálisis estatal ante la multiplicación de focos de calor (chaqueos, quemas, incendios) que está ocurriendo este año y que superan los de 2019.
El trámite del proyecto presentado resulta una mera formalidad cuando el gobierno se erige en campeón defensor de un modelo económico que utiliza los incendios como puntal del avasallamiento de reservas naturales, parques nacionales y territorios indígenas. La incorporación de esas superficies al tráfico de tierras hace que esta expansión, especulativa y comercial de tierras, vendidas o alquiladas a extranjeros, funcione como subsidio adicional y encubierto de la baja productividad de un sector que no tiene posibilidades serias de competir internacionalmente.
La promesa de abrogar parte de las medidas que facilitaron la gran quema del año pasado, parece tomar en cuenta que el nuevo ministro terminó cayéndose como candidato presidencial por el repudio social a estos salvajes incendios, pero nada más.
El modelo de agricultura basado en agresiones sostenidas contra la biodiversidad y el medioambiente se practica en países vecinos y no genera equidad social, ni sostenibilidad de la vida, en cualquiera de sus formas, incluyendo la humana.
La única especialidad que parece afirmarse en el gabinete actual es la de maquillaje y cosmética. Sus contradicciones políticas, la proliferación de focos de corrupción, el verticalismo, la opacidad en el manejo de la información pública (empresas estatales, compras y adquisiciones, incluyendo las sanitarias) le dan fuerza a sus más temidos adversarios políticos y hacen que la hipótesis de que prolongarse en el mando lo fortalecerá electoralmente esté hecha de humo puro.
Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.
