La publicación de enmiendas y nuevas palabras de la Real Academia de la Lengua (RAE) que ahora define la acepción “sexo débil” como despectiva; la declaración de “feminismo” como palabra del 2017 por la editorial estadounidense Merriam-Webster (productora de los diccionarios más famosos); así como la elección de la revista Times como personaje de ese año a la campaña digital global #MeToo, que rompió el silencio sobre el acoso sexual, son una clara muestra de que las reivindicaciones feministas están tomando, cada vez con más fuerza, los campos simbólicos, los cuales definen en última instancia los sentidos; y con ello, las orientaciones de nuestras sociedades.
En lo que respecta a la agenda de reivindicaciones de las mujeres en nuestro país, muchas de las acciones realizadas este año han estado vinculadas precisamente a estos campos simbólicos, incluso en lo que refiere a nuestra participación política. Ámbito que ha cosechado logros que ubican al país a la vanguardia del tema, toda vez que los avances en términos de participación, al menos en el nivel central del Estado, se creían irreversibles y era tiempo de dar los siguientes pasos.
En ese sentido, en clave de evaluación de resultados en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, este año se registró un hecho que urge apuntar a tiempo de establecer las agendas a futuro. Hoy el Presidente del Estado Plurinacional entregó credenciales a las futuras máximas autoridades judiciales del país, y los datos en términos de paridad de género constituyen, y corresponde decirlo enfáticamente, un claro momento de regresividad en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en términos de participación; logro que se estaba afianzando durante este largo y complejo proceso de implementación de la nueva Constitución Política del Estado.
Veamos. En términos de paridad, las salas plenas de las máximas instancias del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional estarán constituidas de la siguiente manera: por una mujer y dos hombres en el Consejo Magistratura; por tres mujeres dos hombres en el Tribunal Agroambiental; ¡por una mujer y ocho varones en el Tribunal Supremo de Justicia!; y por cuatro mujeres y cinco hombres en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Resumiendo, se han entregado credenciales a nueve mujeres y a 17 hombres como nuevas autoridades titulares, y a 15 mujeres y 11 varones como nuevas autoridades suplentes. Estos resultados, se sabe, son producto de la modificación normativa que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional para la elección de las autoridades judiciales con el propósito de flexibilizar los criterios de paridad de género y plurinacionalidad.
Este preocupante dato debería ser leído como una importante alerta para la agenda de los derechos de las mujeres a futuro. Tanto en Bolivia como en muchas otras regiones se entretejen medidas regresivas contra los derechos en favor de las mujeres ya ganados, cuando los esfuerzos deberían apuntar sola y únicamente a su progresividad; y al mismo tiempo asoman alas conservadoras cuyo fin es retomar la propiedad del espacio simbólico a favor del orden patriarca. Y ante estas realidades, globales y nacionales, un objetivo inmediato debe ser la defensa de lo ganado; siendo la combinación estratégica de las viejas y nuevas agendas el camino para lograrlo.
