Fernando Cantoral
Era octubre de 2019 cuando Bolivia vivió una de las crisis político-sociales más violentas de los últimos años. El estallido de protestas ocurrió en diferentes ciudades del país con el bloqueo de carreteras, desabastecimiento de alimentos, falta de combustibles, servicios hospitalarios suspendidos, interrupción de las labores educativas, barrios y ciudades cercadas por seguidores del oficialismo y grupos afines a la oposición.
El descontento social estalló después de conocerse los resultados de las elecciones generales de octubre cuando Evo Morales y Avaro García Linera fueron supuestamente reelegidos como presidente y vicepresidente por cinco años más con resultados cuestionados del Tribunal Supremo Electoral.
Pese a la mediación de organismos internacionales, las denuncias de fraude electoral cobraron fuerza y durante más de veinte días Bolivia estuvo paralizada. Una de las urbes más afectadas por la vorágine social fue la ciudad de El Alto.
«Aún recuerdo esos días con dolor e impotencia, no sólo por la situación que vivía el país, sino porque en ese contexto mis derechos como periodista y mujer indígena fueron vulnerados en muchas formas», expresa con indignación Angélica*.
Angélica, reportera aimara con más de diez años de trayectoria, cuenta que en los conflictos de 2019 las y los periodistas también sufrieron agresiones de parte de funcionarios del Estado.
«Ser periodista mujer y pertenecer a un pueblo originario no es fácil, en ese tiempo logré trabajar en un medio de comunicación del Estado Plurinacional, pero allí me discriminaron repetidamente. Lamentablemente a veces a las mujeres indígenas solo nos sacan a la pantalla para aparentar ser un medio inclusivo, nos imponen condiciones referentes a la vestimenta, minimizan nuestro trabajo o somos discriminadas por ser indígenas», menciona.
Con siete meses de embarazo, llevando una cámara filmadora en un a mano y un micrófono en la otra, y sin apoyo de un compañero, Angélica fue obligada por la jefa de prensa del medio estatal a realizar la cobertura de los conflictos en El Alto, donde los violentos enfrentamientos tuvieron como resultado heridos y fallecidos.
“Le solicité a mi jefa de prensa que me proporcione el apoyo de un camarógrafo porque era peligroso que yo estuviera realizando la cobertura de los conflictos sociales sola, temía por mi vida, pero desgraciadamente ella se negó a mi pedido y argumentó que las otras colegas tenían ayuda porque eran ‘señoritas y más delicadas’, y que además eran ‘mujeres’. Sentí una gran discriminación y mi derecho a ser escuchada fue vulnerado, quizá me vieron como una persona débil para denunciar y por eso se aprovecharon de mí», recuerda con frustración.
De acuerdo al relato de Angélica, en ese contexto de convulsión social, ella no solo fue víctima de la población enfurecida y de los grupos radicales que trataron de agredirla físicamente, también experimentó violencia laboral por su condición de género y origen. Contradictoriamente, los funcionarios del estado, quiénes debían resguardar sus derechos eran las y los agresores.
«El conflicto era grave y en medio de la cobertura, al tratar de huir para resguardar mi seguridad física, caí con fuerza al suelo y me lastimé, algunas y algunos colegas periodistas que vieron lo sucedido me ayudaron a reincorporarme -recuerda entre lágrimas-, después del hecho, intenté realizar la denuncia, me acerqué al Viceministerio de Descolonización, pero no le dieron importancia al caso y dejaron que se enfriara», dice.
Ante la falta de una respuesta por parte del Viceministerio de Descolonización, Angélica pensó en realizar una denuncia en el Ministerio de Trabajo, pero una vez más la burocracia, el poder político y la falta de recursos económicos para realizar el seguimiento la desalentaron e hicieron que ella no busque justicia.
“Hay mucha burocracia en nuestro país y sabiendo que es imposible que las personas que cuestionan al gobierno encuentren justicia, preferí dejarlo ahí y decidí renunciar a mi trabajo”, expresa.
Para Angélica, es evidente que en Bolivia, la falta de políticas de protección para las periodistas genera más vulneraciones a sus derechos, de ahí que aún se subestime el trabajo de las mujeres periodistas o reporteras; prueba de ello es la violencia laboral que ejerció la funcionaria responsable del medio de comunicación del Estado en su contra, quién, a través de comentarios prejuiciosos puso en duda su condición humana por el hecho de ser mujer indígena, además de arriesgar la integridad física de Angélica y su bebé al presionarla para realizar cobertura de noticias en una zonas de extremo conflicto.
De igual manera, su derecho a la libertad de expresión y denuncia fue también vulnerado cuando las y los funcionarios del Viceministerio de Descolonización desatendieron su reclamo, silenciando de esta forma su voz a través de la indiferencia.
“En lugar de que se castigue a quienes cometen abusos, el gobierno los premia”, dice Angélica que ahora ve a su anterior jefa de prensa en un cargo jerárquico en el gobierno. “A veces pienso que no hay justicia en Bolivia, estamos en un Estado Plurinacional donde supuestamente se defiende a las mujeres, pero no es así. Si me hubiera pasado algo grave ¿quién se habría hecho responsable?”, cuestiona mientras su voz aún se quiebra al recordar cómo violaron sus derechos.
Un dato relevante
En el caso de Angélica se pueden identificar distintos tipos de violencia; laboral, psicológica, por razón de género y por su origen indígena; es decir, sufrió una acumulación de violencias.
También llama la atención que la principal agresora fue otra mujer, lo que da a entender que la violencia a razón de género no solo es perpetrada por hombres, también hay mujeres que aún mantienen, ejercen y reproducen patrones machistas (abuso de poder) para someter a otras mujeres.
El miedo de Adriana
“Dolor e impotencia es lo que se vive en el municipio de San José de Chiquitos por la muerte de una mujer víctima de feminicidio”, informaba Adriana* para el medio de comunicación donde trabajaba, mientras acompañaba a las y los familiares de la mujer asesinada en el cementerio.
En Bolivia, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2022 se reportaron 94 feminicidios, en la mayoría de los casos las víctimas fueron ultimadas por sus exparejas o personas con las que mantenían algún vínculo amoroso.
En ese contexto la vida de Adriana, una periodista de sonrisa amable, carácter valiente y solidaria con otras personas, cambió radicalmente. Investigar e informar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia la expusieron a amenazas graves contra su integridad física y emocional.
Aún con mucha desconfianza, ella recuerda y relata cómo intentaron intimidarla: «De pronto me llegaron muchos mensajes amenazándome con quitarme la vida o violarme si no dejaba de investigar sobre los feminicidios, me enviaron fotos ingresando y saliendo del canal de Tv dónde trabajaba, entrando al edificio donde vivo, visitando la casa de mi mejor amiga o cuando me dirigía al domicilio de mis padres; me seguían y supe que mi vida estaba en riesgo”.
A estos intentos de intimidación también, se sumaron otro tipo de agresiones, como la violencia digital, Adriana señala que durante mucho tiempo fue hostigada por diferentes personas, en su mayoría hombres, quienes cuestionaban su trabajo como periodista y proferían insultos machistas a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, todo esto por evidenciar el aumento de casos de violencia contra las mujeres en Bolivia.
Con miedo e incertidumbre, conocedora del suplicio que sufren las mujeres para encontrar justicia y respaldo de las autoridades, se dirigió hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra Violencia para presentar una denuncia, solicitar garantías y lograr ayuda de la policía.
Sin embargo, la respuesta que recibió fue contraria a su requerimiento de protección; después de muchos papeleos y con la ayuda esporádica de dos efectivos policiales, lo único que logró fue un comentario indiferente: “me dijeron que tenía que aprender defensa personal y que debía andar con gas pimienta para defenderme», señala con indignación.
Decepcionada por la inoperancia policial y las promesas incumplidas de algunas autoridades estatales, la joven periodista y defensora de los derechos de las mujeres no tuvo más remedio que hacer una pausa en su profesión para precautelar su vida y la de sus seres queridos. Al final, ella por su trabajo periodístico se convirtió en víctima, y las y los responsables de garantizar su bienestar se mostraron insensibles.
“He dejado de ir a lugares públicos, he dejado de hacer muchas cosas en mi vida personal, porque una no sabe en qué momento le van a dar una balacera, ahora vivo con miedo”, expresa Adriana, mientras recuerda cómo su derecho a la vida, a la seguridad personal y libertad de expresión fueron arrinconados con el propósito de silenciar su voz.
Para ella, así como para muchos otros y otras periodistas de Bolivia, la impunidad frente a un delito no solo tiene que ver con el sistema, sino con la indiferencia y corrupción de los mismos funcionarios públicos. Nada avanza en el sistema judicial si no hay dinero.
“Ser víctima en Bolivia es exponerse a la extorsión de ciertos funcionarios; hay que pagar plata para que la Policía investigue, para que la Fiscalía se mueva y cuando a una la dejan sin dinero recién envían el caso al juzgado y aun así no se encuentra justicia”, lamenta.
“La impunidad es algo natural en Bolivia, es normal denunciar algo y saber que va a quedar ahí, nada nos protege, ni la ley, estamos completamente desamparadas, y a veces la única forma de protegernos es abandonando la profesión”, enfatiza Adriana con un tono frustrante en su voz.
Un estudio realizado por ChequeaBolivia, una plataforma enfocada en monitoreo de noticias y verificación de información, señala que, en Bolivia, la violencia digital contra periodistas varones y mujeres a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram u otras plataformas va en ascenso.
De acuerdo al informe, realizado entre 2022 y 2023, la violencia digital se expresa a través de comentarios despectivos referente al trabajo periodístico, la posición ideológica, el medio en el cual trabajan las y los periodistas, el origen étnico, la apariencia física y por razón de género.
En el desarrollo de este reportaje, y a través de la historia de Adriana y la información proporcionada por las y los especialistas, la violencia digital contra mujeres periodistas tiene carácter sexista y misógino; es decir, cada vez los comentarios como: zorra, calladita te ves mejor, ve a cocinar a tu casa, atiende a tu marido, no eres periodista, a quien te vendiste, te vamos a violar u otros similares; son cada vez más comunes en las redes sociales.
La opresión de un Estado
Ella camina aparentemente tranquila y piensa en las entrevistas y las noticias que abordará en su programa de radio. Por un momento se detiene y mira hacia atrás, se percata de que unos hombres de estatura media-alta y con rasgos físicos de policía la siguen; respira profundo y no se inmuta, no tiene miedo y continúa su rumbo hasta llegar al edificio donde opera el medio de comunicación en el que trabaja.
A lo lejos se escuchan los petardos y estribillos de personas que protestan cerca al Palacio de Gobierno. La crisis política y social de 2019 se extendió por varios días. Evo Morales y la mayoría de sus ministros habían huido del país. Jeanine Añez, segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, asumió interinamente el mando presidencial e igual que en la gestión de Morales, el gobierno transitorio también se caracterizó por la represión.
A esta crisis político-social se sumó la llegada de la pandemia COVID-19 que evidenció la fragilidad del sistema de salud: escasez de medicamentos, terapias intensivas colapsadas, contagiados y fallecidos en aumento, limitado acceso a pruebas de detección y falta de vacunas.
El derecho a la salud se había convertido en un privilegio de pocos y mientras el gobierno transitorio se atrincheraba con militares y policías, un grupo de periodistas independientes luchaba por hacer respetar su derecho a la libertad de expresión y el acceso a la salud.
Hoy, Carla, periodista con veintiocho años de trayectoria, recuerda todos estos sucesos con preocupación e indignación. “Fue un año muy complejo para todos los medios de comunicación, en especial para las y los periodistas independientes que tenemos un producto propio, como un programa de radio o un medio digital”, dice.
“Fuimos y somos un sector vulnerable, particularmente durante la pandemia y el cambio de gobierno, no todos teníamos acceso a las vacunas y a algunos nos quitaron la publicidad”, recuerda.
Para Carla era importante que todas y todos los periodistas, sea de medios privados o independientes, tengan acceso a las pruebas de antígeno nasal y a las vacunas contra el COVID. Por ello junto a otra colega conformó el grupo Periodistas en emergencia para apoyar a compañeras y compañeros reporteros independientes con recursos limitados y para que el derecho a la salud sea respetado.
“Coordinamos con el director del Sedes (Servicio Departamental de Salud) que en ese entonces era Ramiro Narváez para realizar pruebas a todos los compañeros trabajadores de la prensa, sin distinción alguna y después de varias gestiones lo conseguimos”.
Pero los logros fueron insuficientes ante el avance de la pandemia. Colegas que perdían la vida dejaban familias desamparadas y no había apoyo del Gobierno. Debido a la situación, dice, “le exigimos al gobierno transitorio activar un seguro -que trabajamos hace años- porque veíamos que muchos de los compañeros que fallecían dejaban indefensas a sus familias; fue en ese momento que comenzó el acecho hacia mi persona”, recuerda la experimentada periodista.
A raíz de estas exigencias y de las reuniones que llevaban a cabo, junto a otras colegas, funcionarios del gobierno transitorio de Añez comenzaron a arremeter contra ella, pues la identificaban como la principal impulsora. Inicialmente le impidieron el ingreso a Plaza Murillo, luego empezaron las agresiones verbales con insultos que hacían referencia a su género, a su persona y a su trabajo como periodista, llegando al extremo de intentar agredirla físicamente.
“Un teniente que estaba en medio de la plaza me vio y bajó las gradas como para agarrarme y llevarme, pero mis compañeros periodistas de la ciudad de El Alto me protegieron”, comenta.
Carla, recuerda que era vigilada continuamente por policías de civil. Un día cuando iba camino a su trabajo se detuvo y los enfrentó, pero los efectivos se negaron. “Yo sabía que la intención era oprimirme para que no hable nada».
No conformes con estas provocaciones, funcionarios del gobierno transitorio recurrieron a otro tipo de agresiones, más sutiles, pero igual de dañinas, como negarle publicidad estatal.
Esta situación, también se dio debido a que a su programa radial independiente funcionaba en una radioemisora considerada afín al gobierno de Morales. Según recuerda, en una reunión, la responsable de medios y publicidad del Ministerio de Comunicación la sentenció: “tú eres la que organizó las marchas y habló en contra de la Presidenta, sabes, mientras nosotros estemos gobernando en el país no vas a tener publicidad”.
Transcurrieron más de dos años de este incidente y en la actualidad Carla aún sigue ejerciendo el periodismo, pero confiesa que fue duro enfrentar ese tipo de amenazas e intentos de amedrentamiento. Asimismo, reflexiona sobre la importancia de una norma específica que proteja los derechos de las mujeres periodistas con relación a temas de acoso político, acoso sindical, violencia a razón de género, violencia en el trabajo y otros.
“A veces el Estado, otras instancias o personas son quienes vulneran nuestros derechos y es porque aún vivimos en una sociedad altamente machista, por eso las mismas mujeres debemos deconstruir aquellas mentalidades que limitan a la mujer a acceder a cargos políticos, cargos sindicales o a ejercer direcciones de medios de comunicación, las mujeres podemos y la historia lo confirma”, subraya Carla.
El precio de buscar la verdad
“Si no dejas de investigar vas a aparecer violada, como le pasó a una de tus compañeras periodistas”, gruñó con tono amenazador un guardia de seguridad de Palacio de Gobierno mientras Beatriz Layme, una reportera con más de 17 años experiencia en temas de cobertura e investigación, se encontraba en el pasillo, esperando el inicio de una conferencia de prensa.
Esta amenaza fue consecuencia de una investigación sobre el caso terrorismo y separatismo, ocurrido en abril de 2009, cuando un grupo de policías de élite ingresó violentamente al Hotel Las Américas de la ciudad de Santa cruz para aprehender a un grupo de extranjeros identificados por el gobierno de Morales como terroristas y mercenarios.
De acuerdo a la versión del gobierno de esa época, estas cinco personas respondían a intereses de grupos empresariales del departamento de Santa Cruz, quiénes buscarían generar convulsión social en Bolivia para sumir el mando del país.
Según el informe inicial, cuando la policía ingresó a las habitaciones donde se encontraban los súbditos extranjeros, Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi, Michael Martin Dwyer, Mario Tadic y Elod Toásó, se produjo un enfrentamiento de fuego cruzado, dejando a tres personas fallecidas y dos detenidas. Asimismo, se encontraron armas de grueso calibre como rifles y explosivos de uso militar.
Sin embargo, después de observar algunas fotografías y escuchar los informes presentados por autoridades y jefes policiales del gobierno de Morales, surgieron dudas sobre la veracidad del enfrentamiento.
Es en ese contexto que Beatriz decide investigar más sobre el caso, “el año 2013, al observar algunas contradicciones y ante las denuncias de un montaje, se me ocurrió reactivar el tema, quería saber qué había sucedido en realidad, visité los diferentes penales donde estaban los dos detenidos por el caso terrorismo y logré recolectar evidencias, y ahí es donde recibí esta amenaza de violación”, relata.
Con la mirada penetrante y un tono de voz firme, Beatriz nos relata que también sufrió agresiones de otras personas; y recuerda que una dirigente de la Confederación de mujeres campesinas Bartolina Sisa, afín a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, trató de intimidarla por investigar sobre los hechos de corrupción del Fondo Indígena, que derivó en la renuncia y aprehensión de la funcionaria.
“Me amenazó con hacerme chicotear (golpear) con los Ponchos Rojos y le encaré: que vengan los Ponchos Rojos, no creo que me quieran chicotear, más bien quizá a usted por corrupta, le dije”, refiere.
Otro caso relevante que también puso en riesgo la vida y seguridad de Beatriz, fue la investigación que realizó sobre el padre del exministro de Gobierno, Jorge Pérez, que estaba implicado en temas de narcotráfico en Argentina y se encontraba viviendo diez años en Bolivia, y bajo el consentimiento del gobierno de entonces. “Al día siguiente, un miércoles, después de develar este hecho, me llamaron de un número privado para amenazarme: ‘has arruinado una vida y con vida vas a pagar’, me increparon”.
Seguimiento, agresiones físicas e insultos de parte de agentes policiales y grupos radicales del MAS, cuestionamientos a su trabajo como mujer periodista por parte de autoridades del estado, dirigentes sindicales o colegas del gremio afines a los gobiernos de turno, indiferencia de algunas autoridades para garantizar su derecho a la protección, son otras formas violencia que experimentó Beatriz.
“Recuerdo los conflictos sociales de 2019, las y los periodista fuimos agredidos por grupos afines al MAS, incluso fuimos maltratados por los mismos policías, nos echaban gas pimienta en la cara para que no viéramos como golpeaban a las personas. Fuimos donde Álvaro García Linera y Evo Morales, pero no hicieron nada, ni siquiera por los periodistas de los medios estatales. Luego, nos dirigimos donde la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y le comentamos que las mujeres periodistas estábamos siendo agredidas, pero tampoco hizo algo, nos dijo que si queríamos protección se debía cambiar la norma, la Ley de Imprenta», expresa con molestia.
A pesar de existir protocolos internacionales, dice, en Bolivia no se asumen medidas para evitar que las y los periodistas sean vulnerados en sus derechos. “En mi caso, estas agresiones quedaron en denuncias públicas y pronunciamientos de prensa; sin embargo, he recibido apoyo de gente externa, organismos internacionales que conocían mi trabajo y me decían: ‘cualquier cosa que necesites, si te están agrediendo, aquí tienes un espacio’”.
Con los ojos un poco tristes por recordar lo que vivió, Beatriz explica que su carácter fuerte, moldeado por los valores familiares, las constantes vulneraciones y violaciones a sus derechos, la ayudaron a enfrentar estas situaciones con coraje; sin embargo, confiesa que, a causa de estas amenazas y agresiones, y con el fin de precautelar el bienestar de su entorno, tuvo que alejarse físicamente de su familia.
Como en otros casos de agresión, la falta de recursos económicos, el abuso de poder y la ineficacia del sistema judicial impidieron que Beatriz busque justicia.
Actualmente, Beatriz realizó una pausa en el ejercicio del periodismo, pero sigue muy de cerca estas situaciones de violencia, pues considera que el apoyo entre colegas del mismo gremio es importante para visibilizar, denunciar y evitar la impunidad.
Sobre la impunidad
En Bolivia muchas denuncias sobre agresiones a periodistas quedan en el olvido debido a la corrupción en el sistema judicial, el abuso de poder y, principalmente, cuando las y los agresores son funcionarios o representantes de algún nivel del estado.
Un ejemplo de ello, es lo sucedido en 2018 cuando la jueza Claudia Castro ordenó de manera arbitraria la detención y encierro de la periodista María Ulo, quien en esa época estaba realizando una investigación sobre el desfalco al Banco Unión (administrado por el estado), el detonante para la aprehensión injustificada fue la grabación de una entrevista que Ulo tuvo con ella.
No conforme con el encierro infundado, la jueza obligó a la periodista a eliminar la información recolectada y la acusó, a través de una nota dirigida al Ministerio de Gobierno, de formar parte de una red que encubre y defiende delitos.
