Las noticias de lo ocurrido recientemente en Ecuador nos hacen, inevitablemente, mirar en nuestro suelo, comparar y temer que algo similar ocurra en Bolivia. Nos asaltan, de pronto, las imágenes del asesinato de cinco militares por parte de contrabandistas, los ene casos de robos violentos y las informaciones sobre narcos detenidos o huidos en varios puntos del país. Pero, hay otras violencias que, por lo comunes, pasan desapercibidas o resultan hasta cansinas cuando aparecen en televisión.
“Bolivia no es un país violento o violento de manera generalizada. Es un país violento con las mujeres”, es una de las frases que resaltan en las conclusiones de una investigación realizada por Marlene Choque Aldana y publicada recientemente por el Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre con el título: Sobreviviendo a la violencia feminicida. El argumento de esta afirmación es que mientras Bolivia ocupa el séptimo lugar en Sudamérica en la tasa de homicidios, tiene el primer lugar en la tasa de feminicidios. Sí, el primero.
Bolivia es el país donde más mujeres se matan en Latinoamérica, un promedio de una muerte cada tres días. Es un promedio muy alto cuando se hace una relación porcentual de su población en comparación con otros países. Ocurre cada año y no es algo que alarme. Choque señala que las noticias presentan estos hechos como siniestros espectacularizados, donde incluso se coloca de protagonista al agresor, todo de una manera rutinaria que ya no despierta ninguna indignación. Ni preocupación, como la que sí genera lo que pasa en Ecuador por si nos llegara a pasar a nosotros.
Se lee o se observa con atención las noticias de las medidas que está tomando el gobierno ecuatoriano, construyendo cárceles de máxima seguridad, y se ve al gobierno boliviano pidiendo, a través de la embajada en ese país, a la población boliviana que se ponga a buen recaudo. Es correcto buscar la protección de connacionales en otros países, pero, internamente, ¿cuánto se hace por proteger a las mujeres? Es un reclamo del que poco se hace eco.
Mientras en Ecuador ocurría que el narco tomaba el control de las cárceles, en Cochabamba Bolivia, por ejemplo, eran agredidas dos concejalas de dos partidos, Reina Jhovana Beltrán Huaranca (Súmate) y Eva Aida Rodríguez Carrasco (Comunidad Ciudadana), y ambas obligadas a renunciar a su cargo electo. También se publicaba en medios francas intenciones de desprestigio moral de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, por parte de su ex pareja en momentos en que ella está pasando por un proceso de revocatorio del cargo, para lo que se buscan firmas. Estas violencias machistas y de acoso político hacia las mujeres, son parte de las violencias que sufren las mujeres cuando están en posiciones públicas y que, como ya pasó en algún caso, pueden derivar en violencia feminicida.
Si este tipo de violencia la padecen las mujeres en cargos públicos, todas las mujeres más o menos anónimas, las de todas las clases sociales y niveles educativos, viven situaciones de violencia en un continuum que puede derivar en feminicidio. Es así que Choque afirma que “existe un continuum de violencia entre las relaciones personales y las estructuras institucionales”, en un proceso de tipos de violencia (psicológica, verbal o física) que puede escalar desde formas tolerables, como bromas, hasta las agresiones fatales. Todo en un marco institucional insuficiente para proteger a las mujeres, en unos casos, y hasta finalmente protector del feminicida en otros.
Cada tres días es asesinada una mujer en Bolivia por alguien con quien tuvo o no cierta relación, por el hecho de ser mujer. Y cada día son cientos las mujeres que sufren violencia física por parte de sus parejas; son cientos de mujeres y niñas y niños que son objeto de violaciones sexuales perpetradas por hombres. Son estas las violencias que nos deberían preocupar y las que deberían ocupar prioritariamente a las autoridades y a quienes tienen el deber de resolverlas.
