El gobierno boliviano a la cabeza de la Dra. Jeanine Áñez, así como los demás candidatos y partidos políticos en la actual contienda electoral, hablan mucho acerca del “autoritarismo” del Movimiento al Socialismo, e inclusive han tildado al anterior gobierno de haber sido una “dictadura”. En lo personal, no me cabe la menor duda de que el MAS en el poder político subvirtió todos los principios democráticos, incluida la espuria Constitución del 2009, y las leyes aprobadas mediante su mayoría congresal.
Entonces, la pregunta que aquí se teje es la siguiente: ¿necesitaríamos como bolivianos una transición a la democracia; o por el contrario, un cambio de gobierno bajo el paraguas de las normas jurídicas de la época anterior?. La visión que a este respecto tengo no puede ser otra que la necesaria transición democrática, que implica – básicamente – reconocer la vigencia de la Constitución de 1967/1994, que guarda relación con la realidad nacional.
La ineficacia de la Constitución de 2009 es patente en muchos campos, como ya he escrito anteriormente. Quizás un ejemplo no menor sea el hecho que entre sus artículos se reconocen más de una treintena de lenguas oficiales – incluido el “toromona” que es propio de un pueblo aislado -. Queda bastante claro, que ningún órgano de la administración pública ha traducido las leyes de la época del MAS al aymara, ni al quechua, mucho menos al toromona, con lo que la Constitución de 2009 en muchos campos es un simple “saludo a la bandera”.
Entre sus leyes más infamantes y lesivas a los intereses democráticos, se encuentra la Ley 004, mal llamada “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que incorpora una serie de elementos que son propios del enjuiciamiento de corte inquisitivo; un retroceso histórico del sistema procesal penal acusatorio vigente desde la década de 1990. También tenemos a la Ley 421 que quiebra el principio de igualdad ante la ley y el voto universal. En su momento el abogado Luis Ayllón, afirmó a este respecto: “… es una ley discriminatoria porque rompe los Principios de Proporcionalidad y de Igualdad que (debemos) tener todos los bolivianos. Actualmente el voto de un boliviano en el área rural vale casi tres veces más que de uno que vive en la ciudad. No es posible que el 70% de la distribución de los diputados uninominales correspondan al área rural y tan solo el 30% al área urbana, cuando en las ciudades está la mayor concentración de población”.
Con estos ejemplos, ¿es posible seguir sosteniendo que vivimos en una democracia y que la Constitución de 2009 es expresiva de la realidad boliviana?. Todo parece indicar que es necesario un auténtico cambio social en favor de la democracia, antes que un simple maquillaje institucional.
