Inmediaciones
El presidente Rodrigo Paz denunció este viernes la existencia de “clanes mafiosos” vinculados al sector panificador que, según las investigaciones en curso, se beneficiaron ilegalmente de los recursos destinados a la subvención de la harina administrada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La acusación se produjo durante el acto de posesión del nuevo Alto Mando Policial, donde el mandatario advirtió que la subvención se ha convertido en “sinónimo de corrupción” y anunció procesos penales contra los responsables.
Paz explicó que los fondos públicos, creados para garantizar un precio accesible del pan de batalla, fueron desviados para negocios privados. “Clanes mafiosos de productores de pan aprovecharon esos recursos, que podían ir a salud, educación y otras áreas, para generar un negocio a través de Emapa”, afirmó. El presidente vinculó estas prácticas con negociados del gobierno anterior y adelantó que, conforme avance el proceso judicial, se darán a conocer los nombres de todos los implicados.
Hasta ahora, dos figuras aparecen públicamente en el caso: Franklin Flores, exgerente de Emapa en la gestión de Luis Arce, actualmente prófugo tras incumplir detención domiciliaria, y Rubén Ríos Miranda, dirigente panificador, denunciado por presunta participación en las irregularidades. La Fiscalía ya abrió procesos penales y el Gobierno asegura que se busca sentar precedentes para que “aquellos corruptos paguen por lo que hicieron”.
El impacto social de este caso es significativo. La subvención de harina representaba alrededor de 100 millones de bolivianos anuales, según datos oficiales de 2019, y tenía como objetivo mantener el precio del pan en 0,50 bolivianos por unidad. Sin embargo, los desvíos generaron presiones para incrementos en varias ciudades y afectaron directamente a las familias más vulnerables, que dependen de este alimento básico en su dieta diaria.
Los datos oficiales muestran que más de 2.000 panificadores en todo el país reciben harina subvencionada de Emapa. En 2025 se proyectó la entrega de 2,5 millones de bolsas de 50 kilos, superando las 2,4 millones distribuidas en 2024. El precio de la harina subvencionada se mantiene en Bs 136 por bolsa, muy por debajo del costo de mercado que supera los Bs 280. Este subsidio permite que el pan de batalla se venda en Bs 0,50 por unidad, con un peso de 60 gramos. La magnitud del programa explica tanto su importancia social como su vulnerabilidad frente a la corrupción: el volumen de recursos y la diferencia de precios generan incentivos para el desvío y el contrabando.
La denuncia presidencial también se extendió al sector energético. Paz advirtió que prácticas similares ocurren con la gasolina y el diésel, donde el combustible subvencionado es desviado por redes ilegales. Bolivia destina más de USD 1.700 millones al año en subvención de hidrocarburos, una cifra que representa uno de los mayores gastos fiscales del Estado. Parte de esos recursos, según el mandatario, terminan en contrabando y corrupción, lo que refuerza la percepción ciudadana de que los subsidios benefician más a grupos de poder que a la población.
El Gobierno prometió transparentar el manejo de los subsidios y cerrar los espacios donde operaban estas redes. Entre las medidas anunciadas se incluyen auditorías, digitalización de procesos y mayor control social. Sin embargo, la ciudadanía exige resultados concretos y rápidos, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas.
El caso Emapa no es solo un escándalo administrativo. Es un reflejo de cómo la corrupción puede infiltrarse en mecanismos diseñados para proteger a la población más vulnerable. La denuncia de Paz marca un punto de inflexión: repensar el modelo de subsidios, garantizar transparencia y recuperar la confianza ciudadana. Con procesos judiciales en marcha y cifras que muestran el enorme costo de los subsidios, la sociedad boliviana enfrenta un desafío urgente: asegurar que los recursos públicos lleguen realmente a quienes más los necesitan.
