Martes negro. Los días de pandemia nos han obligado a convivir día a día con el dolor por la pérdida de un familiar o mostrar gestos de apoyo a un amigo que perdió un ser querido. El accidente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en el que varios estudiantes perdieron la vida, se convierte en una tragedia nacional y como quien dice: “Llueve sobre mojado”.
La convocatoria a una reunión de un Centro de Estudiantes en el edificio de la Facultad de Ciencias Financieras desembocó en un accidente, dejando varias familias sin consuelo, ni palabras para expresar el dolor. Sin duda se trata de un hecho que conmocionó a todo el país.
Tras lo ocurrido, ahora solo se escucha la palabra ¡Justicia! Y es que, una se hace varias preguntas al ver las imágenes de los instantes previos al desprendimiento de la baranda del cuarto piso. ¿Por qué un grupo de estudiantes tan numeroso estaba en las instalaciones de la UPEA en plena pandemia? ¿Por qué se les permitió el ingreso? ¿Cómo maneja la UPEA las medidas de bioseguridad por las que, incluso, no hay clases presenciales? ¿Por qué un grupo de dirigentes estudiantiles convocó a una asamblea en días de cuarentena?
Todas estas dudas y muchas más son las que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno deben resolver en una investigación profunda enfocada en la dirigencia estudiantil, pero además en la UPEA como institución. Los padres de familia y los estudiantes sacan a relucir amenazas de sanciones económicas sino asistían a estas asambleas. ¿Es así?
A todas luces, el estamento docente parece liberarse de responsabilidades, pero quiénes hemos estudiado en una universidad pública sabemos que no es así. Muchas veces la política estudiantil está manejada por grupos de docentes que terminan favoreciéndose de estos movimientos. El sistema de la universidad pública está corroído por grupos de poderes.
Queda mucho por investigar en este caso en el que se vulneró una cuarentena a vista y paciencia de las autoridades universitarias, sin control alguno.
