Christian Jiménez Kanahuaty
Las estructuras sanitarias de los países están compuestas por sistemas de regulación económica que se cotiza en bolsas de valores y en la región bajo un modelo que precautela la inversión privada en lugar de la inversión pública. El sistema sanitario es también tratado como un espacio que debe reportar ganancias. Eso quiere decir que si los afiliados no pagan sus cuotas, no son atendidos. Más allá de los juramentos que los médicos hacen, se debe tener en cuenta que la salud es una forma de trabajo altamente cualificado y que reporta ganancias importantes en el mundo. Es lo mismo que la prensa. Los periodistas también hacen un juramento implícito al momento de empezar a cumplir sus funciones, pero es el interés de los grupos corporativos dueños del medio de comunicación el que marca línea editorial y por ende, establece a través de pautas, lo que se puede o no decir. Para nadie esta situación es extraña por más que se defienda el derecho a la libre expresión. Lo mismo sucede en salud.
En momentos de crisis sanitaria, en momentos en que los sistemas de salud son aquellos que pueden definir la vida o la muerte de una persona, el interés individual queda suspendido en nombre del interés general. Esto quiere decir que los hospitales, y todos los centros de salud, momentáneamente deben pasar a manos del Estado para que sea éste quien pueda regular su actividad.
No se trata sólo de las horas de trabajo y los turnos rotativos o de proveer de las condiciones adecuadas para que personal administrativo, de limpieza, médicos y enfermeras cumplan su trabajo sin que corra riesgo su vida, sino que se entiende que la atención debe ser sostenida y sin posibilidades a estrategias de discriminación. No se trata, en este caso, sólo de un no acceso a la salud, sino de una negación de la vida. Aquí ya no se habla sólo de la salud como una cuestión abstracta. Se establece que está en riesgo la vida.
En Bolivia la forma en que se controla una pandemia global no tiene precedentes. Los ejemplos más cercanos han sido el cólera y la gripe aviar. Sin embargo, ninguna de éstas tiene la característica que presenta el COVID-19. Las condiciones de propagación, de la sintomatología y de las relaciones de contagio que se establecen entre las personas que de momento no presentan síntomas son formas en que la enfermedad atenta también contra el instrumental y la experiencia médica.
La discriminación no es sólo no atender a un paciente, es presuponer su historia clínica, es presuponer su nivel salarial y su identidad y a partir de ella establecer protocolos diferenciados de atención. Unos antes que otros. Los hospitales y clínicas son espacios públicos que al estar gestionados para la defensa de la vida juegan un rol importante porque son los que marcan lo que se puede y no se puede hacer con un paciente. Y en ese sentido, los niveles de seguridad deben ser readecuados al nuevo contexto.
El COVID-19 reformulará la estructura sanitaria, pero también el modelo económico y sobre todo, la gestión de lo público. Esta situación da pie para pensar las nuevas formas en que se debe articular la salud junto a la población. Al mismo tiempo, el coste de la salud y el modelo en que se gestiona la salud privada en el país. Se atestigua un momento de crisis financiera pero esa crisis del mercado a causa de la caída en los precios del petróleo, repercutirá en la importación de material quirúrgico, medicamentos y todo tipo de insumos para el sistema de salud en el mundo entero y más sobre todo, en países como Bolivia que depende en más de un sesentaicinco por ciento de material importado para generar una respuesta temprana a los problemas de la población.
La reforma de salud es un pilar importante para cualquier gobierno. Esta situación es sólo un ejemplo de cómo salud y finanzas están funcionando todo el tiempo en simultáneo. No verlo sería algo así como negar la rotación de la tierra. Y no hacer algo se parecería mucho a ver un eclipse solar sin ningún tipo de protección.
La discriminación no se reduce sólo a la no atención de personas. La discriminación es estructural cuando la salud se sostiene sobre un sistema económico que fomenta la desigualdad social. La discriminación es estructural cuando en el territorio nacional no existen las condiciones adecuadas para tratar enfermedades. No hay ni hospitales ni postas sanitarias. Discriminación es que las personas tengan que atravesar largas longitudes para llegar hasta un centro de salud. Discriminación es que el tipo y la calidad de la atención médica esté enlazada a cuánto se paga por el seguro médico. Discriminación es pensar que la salud es un negocio y no un servicio. Discriminación es asistir a lo que sucede en el mundo y no compartir información y no demandar información para entender en gran escala la situación por la que se atraviesa a causa del COVID-19. Discriminación es sesgar información sobre determinas enfermedades. Es subestimar a la población. Es ejercer paternalismo con ella a través de la idea de que si se informa a la población cundirá el pánico y la población no entenderá la situación. También es discriminación cuando los recursos se aglutinan sólo en las ciudades capital de departamento. Discriminación es pensar que la situación sanitaria de otros países es diferente a la que se vive en el país sólo porque la calidad de vida es diferente en uno y otro contexto. Discriminación es soslayar el precario funcionamiento de la salud en el país a través de chistes o cierto humor negro.
Pensar que un estado puede sostenerse sobre un sistema de salud altamente asimétrico es pensar que es mejor no hacer nada frente a los problemas y que ellos se solucionaran solos sólo a fuerza del paso del tiempo.
Es momento de afrontar una transformación en el sistema de salud, pero también de forma integral en el Estado. Los ejemplos que suceden en Europa, Estados Unidos, Asia, y el resto de América Latina deberían ser suficientes como para ponernos a pensar en la manera en que se construye ciudadanía y en la manera en que la democracia al ser un principio básico de la constitución de cualquier tipo de gobierno, deben ser también variables imprescindibles en la configuración de la salud, que en definitiva, será la configuración que tendrán los Estados de aquí en adelante.
El COVID-19 transformará las telecomunicaciones, afectará los sistemas de migración, los intercambios comerciales y las relaciones económicas entre Estados. Pero también de a poco dará muestras de nuevas formas de organización social, de estructuras del poder político y de poder social y cultural; junto a esto, también el régimen alimentario de las personas se verá afectado. Y esto dará lugar a nuevas apropiaciones y usos del territorio.
Más allá de las condiciones políticas que puedan o no ser aprovechadas, lo que demuestra esta epidemia es una alta fragmentación a la hora de encontrar soluciones y de establecer planes concretos de acción. Establecer un punto de encuentro entre sectores sociales, políticos y gubernamentales es clave para resolver este periodo y el que viene. Porque será después de haber superada la epidemia que los verdaderos retos se presentarán. Porque mientras tanto, gobiernos y ciudadanos se encargarán sólo de sobrevivir.
Luego, cuando se trate de hacer gestión y de gestionar lo público, los problemas de verdad: pobreza, desabastecimiento, reducción de salarios, reducción de préstamos, caída del mercado inmobiliario, caída de remesas, caída en la tasa de turismo, fallas presupuestarias, caída en el precio del petróleo y del gas, serán aquellos que establezcan para bien o para mal la imaginación política de los gobiernos. Aquellos que estén pensando en estos momentos en ese futuro, serán los que se coloquen de nuevo en la vanguardia de la economía mundial. Los que estén sólo preocupados por resolver el problema de hoy, seguirán funcionando como países exportadores de materia prima.
Esta realidad es algo que los gobiernos deben afrontar más temprano que tarde. Entonces el frente de salud, abre otras dimensiones de la discriminación, pero también de la construcción de estado y de la relación de éste con la ciudadanía, dentro de contextos políticos ampliamente volátiles donde la democracia debe ser repensada para que no sólo opere desde sus funciones procedimentales.
