En Bolivia, según la Ley 535 de Minería y Metalurgia, todo el territorio nacional está cuadriculado y puede ser otorgado a la actividad minera, sea esta cooperativista, privada o estatal. Sin embargo, el Artículo 93 establece límites al alcance de estos derechos. Señala que el otorgamiento de derechos mineros no otorga propiedad ni posesión sobre el área, y prohíbe el arrendamiento de las mismas. Además, salvo actividades mineras anteriores a la ley, no se pueden realizar actividades de prospección, exploración o explotación en los siguientes lugares:
Pero esta disposición no siempre se cumple, ni se controla debidamente, lo que pone en riesgo a los ecosistemas y a los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Para la administración de la minería en el país existe un catastro minero nacional que registra derechos vigentes mediante Contratos Administrativos Mineros, trámites en curso y áreas libres disponibles para nuevas solicitudes. A partir de la experiencia de la Acción Popular de Palos Blancos y Alto Beni, se evidenció que, para mantener territorios libres de minería, los municipios debían exigir que sus jurisdicciones no aparezcan como áreas libres en el catastro, lo cual implica establecer una restricción que rechace los trámites en curso y prohíba nuevas solicitudes mineras en sus territorios.
Con este fin, en julio de 2024, los gobiernos municipales notificaron formalmente a la AJAM presentando planos y coordenadas para solicitar la restricción correspondiente. En respuesta, la AJAM registró estas áreas como no disponibles en el Catastro Minero y suspendió los trámites en curso mediante Providencias, aunque aún falta la emisión de Resoluciones Administrativas de rechazo definitivo a los mismos para garantizar plenamente la restricción.
Finalmente, respecto a los derechos mineros preconstituidos existentes, es necesario exigir su revocatoria, ya que muchos no han adecuado su situación legal y/o no cumplen con la función económica social establecida por la ley.ç
El camino abierto por los municipios de Palos Blancos y Alto Beni se ha ido consolidando a partir de la determinación y lucha de las comunidades de base. Asimismo, ha impulsado a otras organizaciones como el CRTM-PL, la OPIM y el CIPTA a declarar sus territorios libres de minería a través de resoluciones orgánicas que buscan el respeto a la libre determinación de estos pueblos y la restricción en la otorgación de derechos mineros en su territorio.
