A partir del 17 de agosto de 2025, Bolivia podría encaminarse nuevamente hacia un escenario de gobiernos de coalición. Las encuestas actuales indican que ni Samuel Doria Medina ni Jorge Quiroga lograrán ganar en primera vuelta, con techos electorales que oscilan entre el 20% y el 22%. Esto abre la posibilidad de una segunda vuelta, en la que el ganador deberá articular una alianza parlamentaria que permita gobernar en un contexto de fragmentación partidaria. La pregunta crucial es si, al pasar a la segunda vuelta, también se reactivará una forma de gobernabilidad basada en coaliciones, tal como se estudia en la literatura comparada por autores como los politólogos Gabriel L. Negretto (2006), José Antonio Cheibub, Adam Przeworski, Sebastián Saiegh (2004) y Scott Mainwaring (1993).
Negretto advierte que los presidentes minoritarios en América Latina enfrentan un dilema estructural: su desempeño democrático depende de su capacidad para negociar y compartir poder con el Legislativo, lo que supone pactos que van más allá de lo programático. Cheibub, Przeworski y Saiegh muestran que, bajo el presidencialismo, las coaliciones son un mecanismo crucial para lograr éxito legislativo, aunque no siempre aseguran estabilidad si los incentivos de los partidos están orientados a maximizar su influencia particular. Mainwaring, por su parte, subraya la tensión entre presidencialismo y multipartidismo, donde la proliferación de partidos aumenta el riesgo de parálisis institucional.
En el caso boliviano, la experiencia histórica más cercana a un sistema de coaliciones exitoso fue la era de la democracia pactada (1985-2003), cuando el sistema de partidos logró articular acuerdos interpartidarios estables para dar gobernabilidad en un contexto de crisis económica y alta fragmentación. A través de mecanismos como el Pacto por la Democracia (1985) y el Acuerdo Patriótico (1989), se sostuvo la gobernabilidad con una disciplina de élites que, pese a sus críticas, evitó rupturas institucionales graves. Sin embargo, esa etapa terminó desgastada por percepciones de reparto de poder cupular y distanciamiento ciudadano, lo que abrió la puerta a liderazgos antisistema como el de Evo Morales.
La nueva gobernabilidad que podría emerger tras las elecciones no solo enfrenta el reto de coordinar a partidos como los liderados por Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz o incluso Andrónico Rodríguez, sino que debe replantear el problema de la hegemonía como estrategia de poder. En este contexto, hegemonía no debe entenderse como control autoritario, sino como una capacidad de liderazgo y articulación de consensos que impida el resurgimiento de movimientos mesiánicos y neopopulistas como el de Morales. Se trata de un tipo de hegemonía democrática que combine la lógica de las coaliciones con un horizonte estratégico claro, evitando que el vacío de poder sea ocupado por proyectos personalistas y regresivos.
La pregunta precautoria sigue abierta: ¿estamos ante la posibilidad de una estabilidad reforzada que consolide un presidencialismo democrático, o frente a una “debilidad constructiva” donde la coalición, lejos de cohesionar, sea víctima de bloqueos legislativos y disputas internas? La respuesta dependerá de la capacidad de las élites políticas para aprender de la experiencia de la democracia pactada, innovar en los mecanismos de negociación y evitar caer en la lógica del reparto coyuntural.
En consecuencia, una posposición práctica apunta a que hegemonía, coaliciones y presidencialismo constituyen la nueva marca de la democracia boliviana. Este trípode, poco explorado en la ciencia política contemporánea, puede servir como marco para construir un gobierno de coalición que no sea simplemente reactivo, sino proactivo en la definición de políticas públicas y en la defensa de las instituciones. El reto es convertir la fragmentación parlamentaria en un motor de deliberación y no en un campo de batalla estéril. Solo así se podrá articular un proyecto de país que combine estabilidad, pluralismo y resistencia frente a las tentaciones autoritarias.
