Razón de Estado y crisis de la Nación: los costos de la derrota en La Haya

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Los conflictos sobre el Silala y el acceso al mar con soberanía, son dos caras de una misma moneda: la derrota como Estado y la progresiva decadencia en la defensa de los intereses de Bolivia como una Nación dentro de los balances de poder en la globalización. Por esto, las relaciones entre Bolivia y Chile se encuentran en un su momento más desigual y contradictorio. Desde el tratado de 1904, es la primera vez que nuestro país tropieza con una posición de completa subordinación (se agotaron los argumentos políticos e ideológicos) y con un Estado debilitado, al haberse reconocido que Chile tiene la “razón”, tanto en su rechazo a reconocer que hay conflictos pendientes en una salida al mar, como en la bloqueada problemática del Silala.

El derecho internacional es, fundamentalmente, una ordenación espacial y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) clausuró cualquier alternativa para que el Estado boliviano reorganice su soberanía por razones de Estado sobre la existencia del Silala en su territorio. Asimismo, el haber recurrido a la CIJ fue un error estratégico porque se consolidaron las previsiones de largo plazo que Chile siempre planteó, tratando de mostrar que el Silala era un río internacional y, por lo tanto, sus beneficios debían ser compartidos por igual con Bolivia. Ahora, Chile puede incrementar sus exigencias para obligarnos a compartir y a renunciar absolutamente a una negociación soberana de acceso al océano Pacífico. Bolivia no logró proteger sus razones de Estado: “territorio y recursos valiosos” (como el agua del Silala), así como su “soberanía política”.

Las resoluciones de la CIJ también fueron alambicadas, por decir lo menos. En torno al Silala, se determinó que hubo varias coincidencias entre las argumentaciones de Bolivia y Chile, sobre todo porque las aguas del Silala son un “sistema hídrico”. Por esto, la CIJ decidió dejar el futuro de las relaciones a un tratamiento diplomático, sin tomar en cuenta que los elementos de cohesión entre la integridad territorial del Estado boliviano y la identidad nacional contienen una medida de justicia. Asumir la internacionalidad de las aguas del Silala no contribuye a establecer límites firmes, susceptibles de demarcación y división territorial para fortalecer la soberanía del Estado boliviano como signo de identidad en el orden internacional.

Ordenamiento espacial, Estado y soberanía

Con la demanda marítima ante la CIJ (proceso que duró de 2013 a 2018), Bolivia no modificó el escenario de los balances de poder actuales. Es imposible obligar a Chile a negociar y, entonces, ¿cómo generar un acercamiento diplomático de justicia histórica? Los argumentos de la demanda se sustentaban en los denominados actos unilaterales de los Estados que, supuestamente, eran capaces de crear obligaciones jurídicas. El fracaso boliviano en la CIJ ratificó aquello el experto de las Naciones Unidas, Alain Pellet, ya adelantó desde comienzos de los años 2000: los actos unilaterales no son fuentes de derecho internacional, tampoco son unívocos y dan lugar a múltiples interpretaciones que, en gran medida, desembocan en situaciones políticas donde la geoestrategia del más fuerte llega a imponerse, dejando a la CIJ como un régimen internacional plagado de formalismos procedimentales.

Chile siempre rebatió la demanda marítima y aunque la CIJ aceptó tener las competencias para reflexionar sobre el conflicto de una salida al mar para Bolivia, lo que prevaleció fue un “falso universalismo” porque cuando la CIJ emitió un fallo en contra de Bolivia, lo hizo con el manto de un novedoso acto jurídico que abrió las puertas a las acciones dominantes del Estado más fuerte: Chile. La CIJ dijo claramente que Bolivia no podía obligar a Chile para negociar una salida al Pacífico y, por lo tanto, era inadmisible una “ordenación del espacio” soberano de los Estados en el escenario de las Naciones Unidas, adonde pertenece la CIJ. En consecuencia, eran de esperarse nuevas derrotas para Bolivia como de hecho sucedieron con el Silala.

Las determinaciones de la CIJ incurrieron en una sobre-interpretación del derecho internacional porque los balances de poder global pretendieron una universalidad para impartir justicia que en verdad era inexistente o, por lo menos, muy desigual. El derecho internacional requiere de una “base espacial” de sustentación que dé sentido a las relaciones entre los Estados. En este ámbito, Bolivia no convenció a la CIJ y al sistema internacional que debe establecerse justicia, sobre la base del reconocimiento de un Estado soberano que reclama una integridad territorial y derechos de propiedad sobre el Silala, lo cual otorgaba pleno derecho a la razón de Estado, antes que a estudios científicos que comprueben que el Silala es un río internacional.

Los estudios científicos o documentos técnicos son una parte que, en el fondo, deben estar supeditados a la razón de Estado, ya que ésta es un acontecimiento histórico constitutivo para cualquier país, un acto de la legitimidad en el derecho internacional y una expresión de los Estados que funcionan como actores soberanos dentro de un territorio. La razón de Estado, además, otorga sentido a la soberanía de la ley (Estado de Derecho) y a la eficacia de la identidad nacional en el sistema internacional (integración en la globalización). La ordenación espacial era fundamental para preservar la posición del Silala como propiedad del Estado boliviano.

Las resoluciones de la CIJ solamente consideraron que los acueductos y alteraciones artificiales hechas por Chile sobre el curso de las aguas, pueden ser desmanteladas en cualquier momento por Bolivia, que deberá negociar tomando en consideración criterios de acceso ecuánime. El fallo de la CIJ tenía que haber tomado en cuenta la legitimidad otorgada por la ordenación espacial y no a la inversa, analizando únicamente las aguas del Silala como un río internacional porque esta supuesta situación objetiva no existe, por ejemplo, en la apropiación de las islas Diaoyu en el mar Oriental que reclama China en el conflicto con Japón.

En referencia a las aguas del Silala, es un hecho que éstas se originan en el territorio boliviano y, por lo tanto, la ordenación espacial era la fuente última de legitimidad jurídico-internacional. Ahora se pide a Bolivia ecuanimidad para no desmantelar los acueductos, cuando Chile se fortaleció y jamás reconocerá la deuda histórica sobre la soberanía boliviana en el Pacífico. Sufrimos el peso de relaciones totalmente desiguales.

Las expectativas derrumbadas

Desde Chile, las autoridades expresaron un sentido de superioridad y sutil desprecio por Bolivia, mientras que la prensa, poco a poco refuerza una actitud nacional-defensiva al estilo de los Estados dominantes que no se dejan intimidar ante nada. Chile se sabe más fuerte que nunca porque protegió su soberanía territorial y consideró a Bolivia como un enemigo “latente” que le bloquea las puertas por medio de presiones respecto a la venta del gas natural y el acceso a otras fuentes de energía como el agua.

La equidad en la negociación bilateral entre Chile y Bolivia, por el momento, está agotada y es previsible que continúen choques constantes. ¿Cómo imaginar una reorientación útil y estratégica para las reivindicaciones bolivianas si los factores principales de soberanía e integridad territorial como Estado fueron cercenados? La crisis energética chilena, especialmente su demanda de agua, está en camino de ser efectivamente solucionada con los caudales del Silala.

En el periodo 2004-2010, la negociación bilateral fue ineficiente y con altas dosis de incoherencia. Una pauta realista fue observar cómo Bolivia comenzaba algunos conflictos abiertos, incentivando la opinión pública nacionalista. La declaración de Evo Morales en marzo de 2011 para iniciar un proceso contencioso ante la CIJ, con el fin de forzar una solución a la demanda marítima, no fue sorpresiva para Chile que utilizó dicha noticia como un dato más de ruptura en la construcción de los procesos de confianza.

Chile se impuso una vez más con el Silala en diciembre de 2022 y el resultado inmediato es una era de tenue enemistad que, de cualquier manera, conducirá a que Chile refuerce su identidad nacional como Estado y Nación dominantes en Sudamérica. Al mismo tiempo, la demanda marítima y el problema del Silala introducidos dentro de la estructura burocrática de la CIJ, fue una decisión ingenua y conducida con poco profesionalismo.

Se movilizó intensamente a todo Chile y a los mismos bolivianos porque, aparentemente, se ponía de manifiesto que era posible llevar el conflicto histórico a un ámbito internacional donde Bolivia iba a ganar y obtener un fuerte apoyo internacional. Sin embargo, desde un primer momento, la opinión pública y la sociedad boliviana tenían dudas sobre la efectividad real del proceso judicial. Para lo único que sirvió la demanda fue para fortalecer el liderazgo presidencial de Evo Morales, junto con sus previsiones electorales en el corto plazo. Esta orientación personalista también fracasó al relegar las razones de Estado y la integración de la Nación, hacia los confines de un caudillismo que, finalmente, abandonó el poder.

Incertidumbres hacia adelante

Después de nueve años (2013-2022) se puede evaluar cuidadosamente todo el proceso. Desde la aceptación de la demanda marítima, no hubo un mejoramiento en el diálogo y acercamiento con Chile, aspecto que es negativo, en la medida en que tanto Bolivia como Chile deben negociar en igualdad de condiciones, buena fe y voluntad para encontrar algunas alternativas de solución duraderas. La derrota de Bolivia, sobre el mar y el Silala, le exige persistir en un acercamiento, inclusive a pesar de lo indigno que representa el hecho de doblegarse ante el más fuerte en medio de los balances de poder.

Tanto Bolivia como Chile llevaron adelante el proceso en medio de una serie de cálculos políticos que no necesariamente beneficiaban a la posibilidad de un acuerdo negociado. Ambos países exaltaron el nacionalismo y un exitismo exagerado, sobre todo cuando pusieron de por medio el concepto y la eficacia política de la “soberanía”. Este aspecto es central: llámese acceso al mar para Bolivia con soberanía, o defensa del territorio chileno con plena integridad territorial, sin ceder ni un solo milímetro.

No ceder un ápice de territorio, representa un enfoque político y razón de Estado que se ajusta con un criterio del derecho internacional vinculado al “Nomos de la tierra”, concepción que toma en cuenta los espacios no colonizados como sitios libres para la conquista, partición y posesión por los Estados fuertes como el actual comportamiento internacional de China. La CIJ asfixió esta posibilidad para Bolivia, al arrinconar los conflictos hacia normas, tratados y diseños jurídicos, desechando el orden espacial que es vital para construir las identidades de poder de cualquier Estado.

Ni Bolivia, ni Chile utilizaron la CIJ para reconducir sus relaciones hacia un rumbo más auspicioso. La derrota del Silala agrandó las desigualdades frente a Chile y, hoy por hoy, lo más probable es que haya una mayor desconfianza entre uno y otro país, junto con el reforzamiento de la intolerancia. Los procesos ante la CIJ no abrieron una nueva era para las relaciones con Chile, algo que Bolivia ya no podrá cambiar, por lo menos dentro del marco de los tratados internacionales.

Un resultado negativo adicional para Bolivia fue la excesiva politización. Evo Morales utilizó la demanda marítima, en función de fortalecer su liderazgo y asegurar su reelección indefinida como presidente. Los balances de poder internacionales fueron interpretados por Morales como un recurso cortoplacista, en función de sus intereses políticos domésticos.

Los fallos de la CIJ que juegan a favor de Chile: el Silala como río internacional y la imposibilidad de negociar la salida soberana al Pacífico, exigen mirar el largo plazo y las responsabilidades históricas para las nuevas generaciones, con la finalidad de hacer justicia y ejercer la práctica de la equidad entre dos democracias que pacíficamente negociarán soluciones. Entre éstas aún está vivo el probable canje territorial y la mutua interdependencia para que Bolivia y Chile puedan complementarse.

Conclusiones

Un aspecto parece ser definitivo. Las acciones de la CIJ mostraron que ningún régimen internacional podrá nunca decir que Chile devuelva lo que fue el Litoral boliviano y, por lo mismo, Bolivia sigue atada a un país más poderoso. Depende de Bolivia vencer a Goliat sin la CIJ. La demanda marítima no tuvo la trascendencia que inicialmente se pensó porque es Bolivia y su propia fuerza estatal, quienes tendrán que jugar un papel fundamental en las negociaciones con Chile después de La Haya y para precisar los beneficios de las aguas del Silala, en función de una soberanía estatal plena para Bolivia y su integración nacional.

Una posibilidad de acercamiento descansa en el denominado “ex aequo et bono” (se actuará según lo equitativo y bueno, o por equidad y en conciencia), que sería la alternativa más razonable para Bolivia, aunque con el beneplácito de Chile. ¿Este país negociará con nosotros en igualdad de condiciones?; ¿hasta dónde y en qué términos de razones de Estado?

Finalmente, desde la creación de Bolivia en 1825 hasta el siglo XXI, nadie puede negar que las discusiones sobre la construcción de la sociedad, el progreso económico, el desarrollo a escala nacional y los esfuerzos para tener un Estado legítimo y soberano, estuvieran enlazados con la búsqueda por saber qué identidad nacional teníamos o tenemos. La Nación boliviana debe reconstruirse positivamente; este reto no es un mito, ni un motivo para el conflicto, sino la añoranza para integrarnos con un sentido de pertenencia y con el interés por observar desde adentro cuáles son y dónde están nuestras potencialidades.

La construcción de una Nación vendría a ser la razón de ser de la integración, pero, al mismo tiempo, el núcleo de incertidumbres que desencadena irreverencias o disputas. Los resultados adversos en La Haya sobre el mar y el Silala, deben, necesariamente, conducirnos hacia un nuevo tipo de unidad nacional.

Franco Gamboa Rocabado es Sociólogo político y Catedrático Fulbright en Marymount University, Estados Unidos