La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han dado seguimiento al desarrollo de una serie de manifestaciones que iniciaron en Santa Cruz de la Sierra el 28 de diciembre, a razón de la detención del Gobernador de dicho departamento, Luis Fernando Camacho. La CIDH expresa su firme condena a todo tipo violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días. 

Según información de público conocimiento, en el contexto de estas manifestaciones, se han reportado enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales, resultando en personas heridas y denuncias de posibles casos de uso excesivo de la fuerza policial, incluso contra personas periodistas y comunicadoras sociales, según información de la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana y la Sociedad Interamericana de Prensa. La Defensoría del Pueblo informó que, según sus registros, durante los 13 días de protestas, se han producido «25 casos de presunta vulneración de los derechos humanos, que comprenden el uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos (particulares y públicos), entre otros«. 

De otro lado, la CIDH ha tomado conocimiento del reporte de diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un Ministro de Estado. En este sentido, el Estado informó sobre casos de violencia contra personas funcionarias públicas. Además, reportó daños a 44 vehículos y 27 infraestructuras, incluyendo incendios de instituciones estatales, así como intentos de toma de instalaciones policiales. Respecto de estos hechos, el Ministerio de Gobierno reportó que 76 personas fueron aprehendidas por destrucción o deterioro a bienes del Estado, entre otros delitos; de las cuales 24 ya habrían sido sentenciadas. Asimismo, la CIDH ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de derechos humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales. Esta situación genera un vulneración grave a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, con consecuencias perjudiciales para el ejercicio de estas actividades.  

La protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia. Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma, y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta.  

En cualquier acto de protesta social, la CIDH rechaza todo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes públicos y reprueba los actos de violencia ejercida por personas en el contexto de las manifestaciones. En ese orden, todo Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que ejercen su derecho legítimo a la protesta, así como salvaguardar la seguridad de las personas que no participan en ésta. Para ello, los estándares interamericanos exigen actuar sobre la licitud de éstas como manifestación de los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica. Las fuerzas de seguridad no deben perpetrar violencia contra la prensa. Los medios de comunicación y personas comunicadoras sociales tienen un rol en el control social durante la organización, convocatoria y el ejercicio de las protestas y como canalizadores privilegiados del debate público.  

En el contexto actual boliviano, la CIDH subraya que todas las personas con liderazgos políticos, incluyendo quienes ejercen la función pública, personas candidatas, líderes, y titulares de cargos de partidos políticos, deben utilizar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar la violencia y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad. La violencia puede ser acentuada o exacerbada por discursos públicos de intolerancia por parte de altas autoridades y otros liderazgos políticos.  

Finalmente, considerando los hechos que han desencadenado estas protestas, la CIDH hará un seguimiento cercano a los procesos judiciales en los que se enmarcan las detenciones realizadas, con el objetivo de monitorear el respeto irrestricto relativos a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia, acorde con los estándares interamericanos. La Comisión reafirma su compromiso con el monitoreo de la situación de derechos humanos en Bolivia, labor que incluye la comunicación con todos los actores de la sociedad boliviana, en su pluralidad. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.