El nuevo gobierno de Rodrigo Paz recibe un país fracturado, exhausto y en un punto de inflexión histórica. Por lo tanto, Bolivia llega al Bicentenario, prácticamente con un Estado debilitado, sin reservas suficientes, sin dólares circulantes, sin energía garantizada y con una institucionalidad en ruinas, como herencia perversa, sobre todo, del gobierno saliente de Luis Arce (2020-2025). El desafío no consiste únicamente en “gobernar”, sino en recomponer las “bases sistémicas del poder estatal”, para devolver racionalidad, previsibilidad y autoridad a la gestión pública. Sin esa reconstrucción profunda, toda medida económica o social será apenas un paliativo poco útil frente al colapso estructural, luego de 20 años de hegemonía dentro de un Estado ineficiente y clientelar, fomentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Durante décadas (1952-1985; 2006-2025), Bolivia confundió la presencia del Estado con su hipertrofia. Se nacionalizó sin institucionalizar; se centralizó sin planificar; se impulsó la retórica del “Estado plurinacional” sin integrar y, sobre todo, se diseminaron mentiras, a sabiendas que el MAS estaba destruyendo el Estado como si fuera una agencia de especializada en “perder” recursos, oportunidades y esperanzas. El resultado fue un Estado patrimonial, capturado por redes clientelares e incapaz de garantizar bienes públicos esenciales.
En consecuencia, el primer deber del nuevo gobierno, es recuperar las capacidades estatales. Esta urgencia debe tomar en cuenta las siguientes prioridades: a) profesionalizar la burocracia; b) restablecer la meritocracia; y c) devolver autonomía técnica a instituciones clave como el Banco Central de Bolivia (BCB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Servicio de Impuestos Nacionales. Esta visión sistémica implica reconstruir un pacto entre el poder, la ley y la legitimidad, rompiendo la dinámica de improvisación populista que convirtió al Estado en una máquina de distribución de dinero con una lógica clientelar. Sin un “Estado funcional” no hay gobernabilidad, ni economía que resista.
La urgencia económica no admite postergaciones. El desabastecimiento de combustibles y la escasez de dólares, son síntomas críticos que pueden desestabilizar al gobierno desde sus primeras semanas. La agenda inmediata debe incluir cinco medidas estratégicas de emergencia: primero, un plan de abastecimiento energético de corto plazo, coordinado entre YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y el sector privado, con controles logísticos para erradicar el contrabando y tener mecanismos de importación transparente para garantizar gasolina y diésel sin intermediarios políticos.
Segundo, una reestructuración financiera del Banco Central, devolviéndole autonomía para atraer divisas, mediante bonos soberanos, mecanismos de repatriación de capitales y acuerdos bilaterales con organismos financieros multilaterales. Tercero, renegociación técnica y geoestratégica del litio, abriendo asociaciones internacionales bajo un esquema de soberanía compartida que garantice un flujo de divisas reales y, especialmente, que instale tecnología para una explotación eficiente y sin daños irreparables al medio ambiente. Cuarto, reforma inmediata del sistema cambiario, eliminando distorsiones y controles artificiales que alimentan el mercado negro. En quinto lugar, está la reactivación de la producción interna de hidrocarburos y biocombustibles, con incentivos fiscales para la exploración y la inversión energética local.
Estas cinco acciones estratégicas deben combinarse con un discurso de “credibilidad económica” que rompa con la retórica de la conspiración y la improvisación, reemplazándola por señales claras de apertura, diálogo y estabilidad. Más allá de la urgencia, el gobierno de Rodrigo Paz debe asumir el rol histórico de refundar la legitimidad del Estado, no desde la retórica del fallido “Estado plurinacional” agotado, sino desde la institucionalidad democrática.
La reconstrucción y protección institucional del Estado, exige reformar la justicia para erradicar la corrupción estructural y recuperar confianza ciudadana. Asimismo, necesita reconfigurar la política fiscal para orientarla hacia un modelo de inversión pública racional y descentralizada. El nuevo gobierno requiere aplicar la Nueva Gestión Pública (NGP), por medio del impulso a la digitalización estatal y la desburocratización como ejes de transparencia. En la inserción del país dentro de la globalización, Bolivia debe redefinir su política exterior, restableciendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la Unión Europea y Chile, en función de intereses nacionales y no ideológicos; y, finalmente, construir una nueva política energética nacional, articulando el litio, los hidrocarburos y las energías alternativas en una matriz coherente de desarrollo sostenible.
La verdadera prueba del liderazgo presidencial de Rodrigo Paz consistirá en combinar la urgencia del presente con la visión del futuro, evitando los dos extremos que han destruido al Estado boliviano: el populismo mesiánico y el tecnocratismo desconectado de las necesidades de la gente para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Es imprescindible una conducción política racional, sustentada en el conocimiento técnico, la negociación institucional y la ética del servicio público.
El país no puede seguir postergando la modernización de su estructura estatal, ni depender del azar de los precios internacionales. Si el nuevo gobierno logra estabilizar la economía y, al mismo tiempo, reconstruir la confianza en las instituciones, Bolivia podría iniciar su verdadero Bicentenario, no como una celebración nostálgica, sino como el comienzo de su segunda fundación republicana. En esencia, las prioridades sistémicas de la reforma estatal se concentran en los siguientes ejes:
- Reforma del empleo público para eliminar clientelismos, profesionalizar la función pública y establecer concursos basados en méritos, con una Ley de Servicio Civil.
- Reestructuración de empresas estatales deficitarias mediante auditorías, controles estrictos y despolitización de su gestión, incluyendo la creación de un “Consejo de Alta Gerencia y Reformas”.
- Reforma fiscal que racionalice los gastos, elimine subsidios mal dirigidos y mejore la eficiencia tributaria, orientando al Estado hacia una gestión menos prebendal y más eficiente.
- Reforma institucional para garantizar la independencia judicial, fortalecer la Contraloría General del Estado y limitar los poderes discrecionales del Ejecutivo, construyendo un Estado capaz de afrontar problemas de crecimiento económico y pobreza con mayor eficacia.
- Transparencia y rendición de cuentas, mediante la publicación obligatoria de información sobre gastos, personal, contratos y la implementación de un gobierno digital en las instituciones estratégicas.
Estos ejes deben, asimismo, articular los esfuerzos con un Estado que mantenga su función de árbitro empresarial y mediador intercultural, evitando clivajes y conflictos sociales destructivos. El cambio no puede ser solamente “formal”, sino que debe transformar las prácticas políticas arcaicas y clientelares. Los funcionarios masistas y oportunistas que ahora han colonizado el aparato estatal, sencillamente, deben retirarse.
