El Estado pierde muchos millones de dólares a propósito, para que unos cuantos se enriquezcan rápidamente. La máquina del MAS está bien aceitada por la corrupción. Hay que poner la lupa sobre el entorno de Evo Morales, principalmente sus abogados y operadores legales: Héctor Arce Zaconeta, Pablo Menacho y Wilfredo Chávez, entre otros que han ido navegando entre cargos del Estado y sus bufetes jurídicos, usando los primeros para beneficiar a los segundos.
En cualquier país racional estarían sometidos a la justicia, pero para eso tendría que haber justicia en Bolivia, y eso está lejos de existir. Aquí, los bellacos administran la justicia, representan al país en organismos internacionales y actúan como abogados del Estado en los laudos arbitrales que siempre perdemos, porque perder es para ellos la manera de ganar.
Que el Estado pierda 714 millones de dólares en pleitos con empresas multinacionales no es un error o simple muestra de incapacidad de los abogados, sino un suculento negocio. Mientras más juicios pierda el Estado, más se benefician estos duchos negociadores. ¿Cómo podría explicarse de otra manera que el Estado boliviano (es decir todos nosotros) termine pagando a las empresas que lo demandan mucho más que el resarcimiento demandado inicialmente?
El caso Quiborax es emblemático y podría haber encendido todas las señales de alarma, pero en un país que desde 2006 está sometido por la corrupción cotidiana que crece en términos geométricos, nada parece quedar como precedente jurídico. Peor aún, los mismos truhanes están a cargo de nuevos juicios en los que antes que representar al Estado, representan sus propios bolsillos.
Recordemos que Quiborax, una empresa minera que operaba en el Salar de Uyuni, hizo una mínima inversión, pero se llevó una millonaria indemnización luego recurrir al arbitraje internacional. Quiborax exigió como resarcimiento tres millones de dólares, pero luego de la intervención de los pillos mencionados más arriba, el Estado boliviano acabó pagando 42.6 millones de $us. Es obvio que ahí operó el virus de la corrupción, nadie se cree el cuento de que los abogados bolivianos son unos inútiles. El negociado (que no podemos llamar negociación) fue realizado durante la gestión de Luis Arce Catacora como ministro de Finanzas (el “ministro kermesse”), y conducido por Héctor Arce Zaconeta como procurador y Pablo Menacho (exprocurador), como negociador. ¿Cuánto les tocó como tajada?
Ahora tenemos un laudo arbitral similar, el del banco español BBVA presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esto tiene que ver con la creación de la Gestora Pública, que reemplazará a las AFP, otro proyecto que es un barril sin fondo por el que se han perdido ya cientos de millones de dólares por el pago del “software”… Algo de no creer. Además de ser una entidad fantasma que sin haber operado un solo día emplea a 248 funcionarios masistas (el “gerente”, Jaime Durán, gana 35.000 bolivianos al mes), le está causando un daño económico irreversible al Estado. El año 2010 el BBVA ofreció 15 millones de dólares por la venta de sus acciones en la AFP Previsión, pero el Gobierno del MAS tardó dos años en responder con una contrapropuesta ridícula, encaminada deliberadamente al fallo actual: Bolivia deberá pagar 105 millones de dólares. No hay apelación posible. Algo huele muy mal en Dinamarca.
Según informaciones del propio gobierno del MAS, el Estado boliviano tiene encima 12 laudos arbitrales que son como la vaca lechera de estos bribones: los 714 millones de $us que pagará el Estado constituyen “montos mínimos” para el actual procurador Wilfredo Chávez. A esos montos se han acostumbrado los masistas, pero enjuician a cualquiera por ridiculeces.
Lo anterior no es invento de la oposición, por mucho que le duela al régimen. Los datos salen del informe de la Procuraduría General del Estado, que no pudo esconderlos. Más de 65 millones de $us a la Red Eléctrica Internacional S.A.U; 357 millones a Pan American Energy; 18 millones a Inversiones Econergy Bolivia (GDF Suez S.A.), 240 millones a Carlson Dividend Facility; 10 millones a The Bolivian Generating Group; 34 millones a Iberdrola; casi 20 millones a Paz Holdings Ltd; 36 millones a Rurelec PLc; 26 millones a South American Silver Limited (SAS); además de Quiborax y el BBVA. Y no aparece todavía en la lista Jindal, cuyo litigio maneja… adivinen quien: el bufete de Héctor Arce y de Pablo Menacho. Todo esto repugna, pero es algo normal en el gobierno del MAS
