Perder Incahuasi o cómo una clase política chuquisaqueña piensa más en si misma

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Incahuasi, el conflicto por el que luchan Chuquisaca y Santa Cruz, es el problema de un país que indiferente o ignorante, no ve el problema de fondo: que la renta petrolera está en descenso hace unos años y que la presión por la explotación de recursos hidrocarburíferos está en aumento. Se podrá decir al calor del conflicto que si el gobierno del Movimiento Al Socialismo se “parcializa” con Santa Cruz  es por un afán de ganarse votantes o bien, que Chuquisaca es relegada históricamente por el nivel central en Bolivia. En otras palabras, que la influencia en política de ciudades más grandes es abismal en relación a otras, como por ejemplo Tarija, Sucre o Potosí. Pero estos son puntos que no llegan al fondo del asunto y al menos en Sucre como centro político en Chuquisaca, sirven a varios expolíticos o políticos en vigencia para entrar en escena, aunque siempre con un discurso regionalista. En resumidas cuentas, lo que se debe condenar a todos los líderes políticos en Chuquisaca es su falta de visión crítica y el afán político que le han dado al conflicto.

En mi criterio, hay 3 asuntos de fondo que deberían ser revisados no por los líderes chuquisaqueños, ni por los cruceños y menos por los nacionales sino por los ciudadanos en Chuquisaca: el tema de las élites políticas chuquisaqueñas, la presencia de transnacionales en el Chaco chuquisaqueño (y por supuesto, el boliviano) y la tendencia al fracking en YPFB que muy a pesar de sus defensores, está demostrada como una técnica de extracción devastadora pero además, con herramientas con las que YPFB no cuenta.

¿Qué piensa la clase política chuquisaqueña?

Se escucha con frecuencia que la movilización en defensa de las regalías que corresponden a Chuquisaca en el megacampo Incahuasi se asemeja a la defensa de la “Capitalía” u otros eventos similares, porque se vería “unidad” entre los chuquisaqueños o bien, que este tipo de eventos despiertan al racismo en la ciudad. Este tipo de comparaciones son muy forzadas: en eventos anteriores al conflicto de Incahuasi, la clase política -compuesta en su mayoría por políticos que han pertenecido a partidos del “neoliberalismo”, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Movimiento Bolivia Libre (MBL), Acción Democrática Nacionalista (ADN), o el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y que o se unen al Movimiento Al Socialismo (MAS) o “sobreviven” creando nuevas agrupaciones políticas- tenía alguna legitimidad, hoy no. Esto tiene que ver con que la vieja clase política, por su nivel de pragmatismo, ya generaba desconfianza durante los eventos en defensa de “La Capitalía” y que a las sospechas de corrupción en la gestión del alcalde de Sucre, Arciénega, y en la gestión del Gobernador Urquizu se suma un nivel enorme de apatía con la política en el departamento, dado que por un lado, ambos oficialistas suman en sus filas a militantes de viejos partidos y por otro –como consecuencia de lo anterior- ambos no se diferencian de sus precursores. Si la vieja clase política tenía algún grado de interpelación y legitimidad en acontecimientos como los de 2007 y 2008, esto tenía que ver con que había un “otro” concreto –el MAS y sus adeptos- mientras que hoy, el “otro” es un algo difuso entre el MAS, el “centralismo”, y Rubén Costas y la oligarquía cruceña.

En otras palabras, si la élite política chuquisaqueña piensa en algo es en preservarse en el poder y, aunque esto no la diferenciaría de otras élites, el rasgo distintivo está en cómo caracteriza la situación del departamento e interpela a los probables votantes, lo que no cambia entre eventos de hace 10 años y el conflicto de Incahuasi: los eventos de Ayo Ayo en la Guerra Federal, los conflictos alrededor de la Asamblea Constituyente y la condición de capital histórica de Sucre, con una amenaza constante del nivel central o de La Paz. Estos rasgos distintivos, junto a la situación del Movimiento Al Socialismo en el departamento, generan alta desconfianza en la población chuquisaqueña.

En el fondo, es sumamente difícil caracterizar a los componentes de la clase política chuquisaqueña en función a lo ideológico, o sea, posicionarlos entre progresismo y conservadurismo, o entre liberalismo y totalitarismo. El caso de la clase política chuquisaqueña significa que pragmatismo no es igual a poder de negociación en otros escenarios que no sean el sucrense o chuquisaqueno, sino apenas el deseo de conservarse en el poder. Ya el solo concepto de “unidad” ha intentado unir a la Central Obrera Departamental, dirigida por trotskistas, con viejos políticos de tendencia más conservadora y hasta autoidentificados como liberales y, si bien el tema de los recursos naturales ha sido mencionado por alguno de los dirigentes de la COD en algún ampliado antes del Cabildo de 15 de mayo de 2018, la “defensa” de Incahuasi –que Chuquisaca necesita de las regalías porque el campo está dentro de los límites del departamento y por ser un departamento “pobre” necesita desarrollo, o sea, el desarrollo por el desarrollo- suspende la agenda del departamento en función a los intereses de la región. Aquí se comprueba que las demandas regionales, o bien, la articulación regional es una de las formas más conservadoras de hacer política porque los locutores válidos para “luchar” por lo regional son solo aquellos que pertenecen a la clase política. Ergo, la articulación regional valida solamente a la clase política establecida, y aunque permitiria el surgimiento de nuevos actores, en los hechos, no permite una renovación discursiva. El hecho que sea una clase política que no puede negociar con el Estado o ante instancias como la Asamblea Legislativa, porque no puede ofrecer nada más que un capital político hecho a su imagen y semejanza, o sea, un discurso regionalista que no trasciende de sus propios límites, ha resultado en eventos funestos: el 24 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra el Racismo ya debería decir suficiente al respecto aunque, igual de importante, debería ser la ley 051 de delimitación territorial entre Chuquisaca y Santa Cruz. Si se cree que hay una crisis de representación en Bolivia, es probable que esto se vea con más fuerza en Chuquisaca. Un economista local, Franz Flores Castro, dice en una entrevista al diario Correo del Sur que “la sociedad boliviana es regionalista” y que la contundencia de las movilizaciones en Chuquisaca, porque existen actores sociales rurales involucrados, ha logrado borrar las diferencias ideológicas entre actores políticos en el departamento. No obstante, esta es una lectura superficial: como demuestran las prácticas habituales de la clase política chuquisaqueña, no existe una diferenciación clara en lo ideológico entre los actores políticos, es una clase conservadora y dentro de su conservadurismo tiene matices y extremos. Conservadora porque está muy arraigada a valores tradicionales, porque la religión tiene un papel protagonico, hay poca predisposición a situaciones de riesgo o cambio (en el caso de Incahuasi y el papel de las transnacionales, lo ecológico no tiene un papel central y es probable que, pasado el conflicto, se discuta poco o nada sobre los problemas de fondo en la ciudad y el departamento) y es, sobre todo, regionalista que en términos ideológicos es igual a otorgarle un rol protagónico a los valores que caracterizan al territorio que se refieren. En suma, a diferencia de Flores Castro, es necesario decir que la clase política es pragmática, regionalista y por ende, conservadora, pero no se diferencia en términos ideológicos sino apenas partidarios. O sea, la lucha regional no borra diferencias ideológicas, sino que potencia el conservadurismo de la clase política chuquisaqueña. Y aquí es necesario decir que el MAS chuquisaqueño se incluye, porque si por conservadurismo se entiende una aversión al cambio y que el orden es el motor social, el MAS chuquisaqueño defiende un orden en el que se entrega, por ejemplo, 90% de acciones a transnacionales y que técnicas dudosas como fracking se extiendan por el territorio del Chaco boliviano.

Es la nacionalización la solución al poder de las transnacionales en Bolivia?

Las élites políticas chuquisaqueñas parecen desconocer u omitir la presencia de las transnacionales TOTAL, GazProm y TECPETROL en las exploraciones de Incahuasi, y también otras empresas canadienses en el territorio que comprende todo el Chaco Boliviano (Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija). En todo caso, a pesar de que en el Cabildo del 15 de mayo se demandaba una “verdadera nacionalización de los hidrocarburos que permita la industrialización y desarrollo económico integral de toda Bolivia”, como decía el punto 4 de las “Conclusiones del Cabildo Abierto de Chuquisaca”, el extractivismo en no es un tema principal para la clase politica chuquisaquena, como tampoco lo son los derechos de pueblos indígenas y menos el medioambiente. En un artículo publicado el 3 de mayo de 2018  en el diario Correo del Sur, Mirko Orgaz alertaba sobre la preocupante situación de la producción de gas en el país desde 2014: en primera instancia, el autor observa que la demanda de gas habría disminuido de 59 millones de pies cúbicos a 55 millones de pies cúbicos, por menor demanda del mercado brasileño y la ausencia de nuevos descubrimientos, en segunda instancia, que la renta petrolera en el país habría bajado de 5.489 millones de dólares en 2014, a 1.755 millones de dólares en 2017, en tercera instancia, que como consecuencia de esta disminución en la renta petrolera, de acuerdo a la Fundación Jubileo, los recursos por transferencias del IDH habrían disminuido para los municipios y gobernaciones, en 34% y 55% respectivamente. Orgaz es uno de los pocos autores que ha estudiado con mayor profundidad el tema, pero el mismo artículo en Correo del Sur se queda corto cuando el autor estudia la dimensión partidaria o sea, cuáles son las intenciones políticas que motivan el conflicto, para luego llevar al lector a que la nacionalización no se cumple en el Proceso de Cambio (el paquete accionario de Incahuasi comprende 50% para la empresa francesa TOTAL, 20%  para la rusa GazProm, 20% para la ítalo-argentina TECPETROL y 10% para YPFB), lo que es cierto, y que la solución a este conflicto es, únicamente, la nacionalización de los recursos naturales en Bolivia. En otras palabras, que tener en manos bolivianas la explotación de recursos naturales ya significaría una forma “benévola” de explotación.

Las condiciones preparan un terreno de explotación de recursos naturales a gran escala. Esta es, para Chuquisaca y como dicen sus líderes políticos, una gran oportunidad para el desarrollo del departamento. No obstante, el desarrollo por el desarrollo, implica en este caso entregar la exploración de los pozos a empresas transnacionales, lo que tiene un antecedente negativo en Chuquisaca, concretamente, en Muyupampa y a manos de la empresa TOTAL, de origen francés. Curiosamente, cuando los ministros Romero, Arce y Rada en una reunión en Cochabamba con líderes políticos y cívicos de Chuquisaca, presentan un preacuerdo de 4 puntos en el que se menciona –como tercer punto- que se reiniciará la explotación en Muyupampa, dejada en 2007, y esperando que la empresa (TOTAL) muestre interés en volver al campo, ni uno de los dirigentes cívicos chuquisaqueños y ni uno de los diputados departamentales mencionó a qué se refería este punto. En un estudio del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC) llamado “TOTAL E&P Bolivie y sus Impactos en los Derechos Humanos del Pueblo Guaraní de la Capitanía de Muyupampa” de 2011, se revelan 4 consecuencias negativas de la exploración de TOTAL en el Bloque Ipati-Aquio (pozos que están, casualmente, cerca al territorio que ahora esta en disputa): primero, que YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y las transnacionales envueltas en la exploración en Muyupampa, no contaban con políticas de protección de derechos de las comunidades indigenas en la exploración, que por este desconocimiento, el Ministerio de Hidrocarburos realizaba contratos sin el conocimiento de las comunidades interesadas; segundo, que en lo que respecta al derecho a la consulta y participación de las comunidades afectadas, estas denunciaban que se firmaban acuerdos de compensación por danos materiales bajo presión, a través de tácticas de división de las empresas TOTAL y YPFB entre los dirigentes de las comunidades (el informe dice ademas que el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia “no cuenta con mecanismos para realizar la supervisión de los acuerdos sobre compensaciones e indemnizaciones entre empresa y comunidades, en los cuales desemboca el proceso de consulta, de manera de velar porque sean justas y equitativas”); tercero, que si bien TOTAL compenso a las comunidades por daños ocasionados por deforestación, construcción de helipuertos y otros, en Bolivia no se cuenta con políticas de negociación entre las empresas exploradoras y las comunidades afectadas, pero mas importante en este caso, que las compensaciones no fueron justas y que mas bien, los daños, generaron gastos a los comunarios; cuarto, que extrañamente, no se cuenta con información detallada sobre fuentes de agua en las comunidades indigenas de Muyupampa y tampoco con información detallada sobre el impacto de las exploraciones en las fuentes de agua.

Ahora, si este punto no ha sido discutido por políticos y dirigentes cívicos al calor de las manifestaciones y cabildos en Sucre, esto debería revelar -de nuevo- el pragmatismo de la clase politica chuquisaqueña para mantenerse en el poder bajo un discurso regionalista. Al otro lado, entre los dirigentes cívico, un obsoleto discurso (“fuera las transnacionales!”) fue tomando cuerpo y, previsiblemente, sin los recaudos necesarios. En una reciente entrevista a Marco Gandarillas, investigador del Centro de Documentación e Información (CEDIB) del diario Pagina Siete, se observa que hay una tendencia renovada e intensa hacia el extractivismo porque, como es comprobado por Mirko Orgaz, la renta va disminuyendo en los últimos años porque, una de las razones, no existen nuevos descubrimientos, y por otro lado, según Gandarillas, esta situación provoca una extracción a gran escala de YPFB en todo el territorio boliviano. Esta claro que YPFB, como indica Gandarillas, no cuenta con el equipo ni la infraestructura para iniciar las exploraciones de hidrocarburos no convencionales en el Chaco boliviano -por lo que se alia con transnacionales- que según la Agencia Internacional de Energía en 2013, el pais cuenta con un prospecto de aproximadamente 48 trillones de pies cúbicos, pero habrá que preguntarse si de contar YPFB con el equipo o la infraestructura para iniciar esta exploración, las cosas serian diferentes, tomando en cuenta todas las condiciones en las que se encuentra el pais en lo que respecta a la renta petrolera en disminución a los mercados que no logra abastecer, como el caso del mercado brasileño.

La cuestión del Fracking

En lo que respecta al fracking, YPFB mantiene un “tira y afloja” hace ya varios años. En el pais, el tema de la extracción hidráulica ha mantenido ocupado a algunos medios de comunicación en las ultimas semanas. A esos medios, como a algunos columnistas bolivianos, no les es ajeno un reportaje del diario ingles The Guardian en 2015 que revelaba que el gobierno de Evo Morales, respetado en la comunidad internacional por un discurso de respeto al medioambiente y a los derechos de pueblos indígenas, revelaba algunos indicios de “minifracking” en el Chaco boliviano, poniendo -según el mismo reportaje- de forma directa o indirecta, a 1 millón de habitantes bolivianos en peligro. Es sabido que esta técnica de extracción sirve para perforaciones de gran profundidad, incrementando las probabilidades sísmicas en la región donde se las realiza, pero también que el agua usada en la técnica cuenta con aproximadamente 700 químicos y que, muy a pesar de las empresas encargadas, el agua usada nunca filtra estos químicos poniendo en gran riesgo a las comunidades indígenas que están alrededor. El uso de metano en esta técnica es nocivo, razón por la que la técnica esta prohibida en casi toda Australia, en estados como Vermont o Nueva York en Estados Unidos y la Union Europea tiene serias recomendaciones para los países que la integran y que recientemente, el norte argentino se opone a que Chevron inicie este tipo de exploraciones en la región. En resumen, es una técnica que despierta amplio debate en casi todo el mundo. En Bolivia, esta técnica esta adquiriendo notoriedad por un proyecto de exploración que YPFB tiene para Tariquia, en el departamento de Tarija y, extrañamente aunque seguro que ya es bastante obvio, en Chuquisaca ni se han discutido los alcances de esta técnica siendo que hace unas semanas, YPFB y la empresa canadiense Cancabria (Gandarillas dice, por cierto, que esta empresa es poco conocida y que muy probablemente, Cancabria es de aquellas que adquieren títulos de ciertos pozos y especulan con ellos) firman un acuerdo para iniciar la exploración a través de la tecnica de fracking en Miraflores, en Chuquisaca.

Si el fracking es un tema delicado en lo que respecta al medioambiente que, hay que decirlo, no le interesa a una clase politica en Chuquisaca empecinada en enquistarse en el poder porque conflictos regionales le han demostrado ser efectivos para ello, debería ser tan preocupante el hecho que no existe una ley respecto al fracking. Aquí entonces una cuestión: de iniciarse el debate sobre una ley respecto a una técnica, de aprobarse una regulación al fracking, no sera que ese mismo dia, YPFB o el Ministerio de Hidrocarburos van a facilitar el ingreso de las transnacionales a todo el Chaco Boliviano?

En conclusión, debe quedar lo siguiente: Incahuasi tiene 3 problemas de fondo, la clase politica chuquisaquena pierde este conflicto porque ademas, no representa nada frente a la clase politica crucena y mucho menos para el Movimiento Al Socialismo a nivel nacional. Digamos que el Gobernador Urquizu o cualquier diputado o asambleista departamental son apenas peones para un proyecto capitalista, mientras que cualquier diputado opositor, aunque se crea “nacionalista” y niegue un pasado neonazi, en realidad defiende el dominio de las transnacionales en el chaco y el daño ambiental y a las comunidades indígenas que todo esto provoca. Entonces queda lo siguiente: si la nacionalización no es la solución, como está demostrado, no urge acaso una nueva discusión del Pacto Fiscal y de la distribución de regalias? No urge, por ejemplo, que sea Chuquisaca que tenga mayor presencia, mayor autonomía para dirigir su propia captación de recursos pero de manera responsable?