Estamos contemplando como revientan las costuras de la última estafa contra la sociedad, planeada y ejecutada por los operadores estatales, bajo máscaras de diálogo y referendo.
Si los consejeros designados por el economista Arce Catacora para guiarlo políticamente creyeron que era suficiente simular que el gobierno escucha y consulta, la realidad les está propinando una seguidilla de cachetadas. La demostración se encuentra en las veces que han debido desdecirse y los ejemplos más claros son su ensayo de promover el control de divisas y el verse obligados a llamar ahora consultivo al referendo “vinculante” que prometía la arrogante amenaza del ministro de Justicia.
Quizás lo más interesante de las últimas dos semanas es comprobar cómo, detrás de hechos y anécdotas, los actores políticos se sienten cada vez más forzados a reconocer la potencia de las señales (incluyendo sus propias encuestas) del fastidio colectivo ante la persistencia de su continua y mezquina pelea, mientras los ingresos familiares se licúan frente al avance de la verdadera inflación.
Es por eso que el MAS opositor empezó a hablar de la necesidad de un “gran acuerdo nacional”, como lo ha ratificado en declaración pública uno de sus exministros más peleones y agresivos. Pero, claro, con corazones sumergidos en el rencor no es posible que las palabras de paz transiten a hechos.
En cuanto al diálogo, sus únicos resultados son que el MAS progobierno ha reconocido que no puede seguir manteniendo intacto un esquema económico basado en la subvención de combustibles y que prometa abrirse más a la exigencia de la alianza entre los colonizadores (“interculturales”) y las grandes transnacionales del agronegocio para eliminar restricciones a los ya reinantes cultivos de semillas transgénicas.
Por lo que toca al referendo, su utilidad para el gobierno queda muy reducida al eliminar la cuarta pregunta, sobre aumento del número de parlamentarios, con la que trataba de librarse, nuevamente, de cumplir la Constitución y enfrentar la reacción de los departamentos que perderán asientos debido a que su población disminuye por la emigración.
Igual, la primera pregunta con orientada a deshacerse, con el menor costo, de la viciosa y viciada, pero legal, candidatura de su oponente, líder del MAS opositor, pierde efectividad por la obligación que le ha impuesto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de modificarla.
El hecho de que no haya podido ahora simplemente despedir a los vocales del TSE que no le obedecen, como lo hacía el MAS unificado durante los gobiernos de Morales Ayma, prueba que la componenda del Ejecutivo con miembros del Órgano Judicial, ya no alcanza para controlar monopólicamente al estado.
La razón principal es que, pese a la obligada paciencia de una sociedad atemorizada por la posibilidad de que su rebelión abierta lleve a un mayor quebranto económico, en ella sigue madurando la desconfianza y distancia frente a un estado que se opone, a muerte, a la descentralización, participación, autonomía y autogestión social del mandato y esencia de la reforma constitucional de 2009.
La descomposición política de las dos tendencias internas del MAS y los opositores conservadores va dejando claro que el problema no se reduce al parasitismo de los profesionales políticos, sino que radica en la naturaleza autoritaria del estado, ante la cual la gente exigió participación, control social y autonomías, como distintivos clave de nuestro sentido y orientación democrática.
Es posible que la resistencia a un referendo trucado y dirigido se exprese en el crecimiento de los votos nulos y blancos, como lo vimos en las anteriores “elecciones” judiciales, cuyos resultados tienden a reproducirse, también en la nueva votación por la renovación de esos puestos, porque las listas de candidatos confeccionadas por el parlamento, traen una nueva colección de ineptos y reprobados. El hecho que los opositores -tanto los tradicionales como los masistas- no sean consecuentes en resistir a la banda que maneja TCP, clausura las puertas a inclusive mínimos cambios de la administración de justicia. Una abdicación adicional es que ni siquiera se mencione que la única urgencia de reforma constitucional radica en establecer contrapesos a la arbitrariedad del TCP.
La misma ceguera y cobardía se verifica en la indiferencia ante la gran quema de nuestros bosques, basada en gran medida sobre la intención de aumentar el tráfico ilegal de tierras, ignorando la necesidad inmediata de declarar una tregua ambiental, porque no basta aumentar multas, se trata de parar todas las quemas y desbosques y detener la implantación de asentamientos. El estado corporativista, ni sus cómplices opositores, lo harán por voluntad propia, solo cabe que la sociedad movilizada lo imponga.
