Con las fiestas de fin y principio de año a nuestras espaldas, con un decreto inaugural erigido, caído y sustituido por otro, nos aprestamos, con alguna pereza, a vivir el Carnaval; mientras actores y sujetos sociales descubren y despliegan la transformación de identidades, que experimentan como efecto de los cambios que en el país y el mundo se han acumulado largamente, pero que se atropellaron en la escena, en el curso de pocas y enloquecidas semanas.
La dificultad de asimilar lo vivido se expresa en tantas apreciaciones que suponen que la COB sería el mayor rival del Gobierno porque habría sido la que obligó a desarmar el “gran” decreto de apertura y reducirlo a su mínimo vital.
Para creerse esa historia es necesario olvidar la historia desde los años 80 y, más cerca, que la COB declaró huelga general indefinida y que no hubo huelga, ni siquiera de comerciantes autogestionados. Algunas marchas, muchos petardos y dinamitazos en la sede de gobierno, pero lo que dirimió el conflicto fue el bloqueo, expresión campesina antes que otra cosa.
La distinción no es gratuita debido a que mantener la confusión conducirá a la multiplicación de pifias. La COB, dirigida por mineros, con acompañamiento campesino de retaguardia y ausencia de mujeres, como muestran las fotos y videos de fin de año, es el retrato de una época pasada.
Que los firmantes de los documentos por el lado sindical sean la directiva de una organización carcomida por su domesticación ante el poder, no equivale a milagro, sino a adaptación de uso a los instrumentos disponibles.
Indígenas, mujeres y campesinos fueron, desde el nacimiento mismo del máximo organismo sindical boliviano, actores omitidos y descuidados por los estatutos, jerarquías y agenda de la COB. Eso cambió en la base de la sociedad, sin que la cúpula se entere, como lo muestra el protagonismo político y social indígena y campesino en los últimos 30 años, mientras las mujeres avanzan sin pedir permiso y pese a la multiplicación de obstáculos.
Los mineros de hoy son una estirpe distinta a la que conocimos; debe tanto a las tradiciones organizativas obreras, como a su extracción social. Son hijos y nietos de migrantes campesinos establecidos en ciudades y pueblos, con una experiencia, vivencia y objetivos de vida muy diferente a la del proletariado minero que conocimos en el siglo XX. La Federación de Mineros (FSTMB) y la COB pueden representarlos muy circunstancialmente porque se organizan fuera de ellas.
Los actores del último bloqueo, concentrado especialmente en La Paz y Cochabamba, han reproducido una movilización muy parecida a la de agosto 2020, con la principal diferencia de que el MAS no la condujo, aunque parte de su electorado de antaño le dio cuerpo.
Este último bloqueo no tomó impulso por el alza de precios de los carburantes, sino por inquietudes relacionadas al manejo y destino de recursos naturales y territorios.
Quienes conducen el gobierno hoy desconocen estas realidades y prefieren no enterarse para mantener en pie un plan que depende de mantener la buena voluntad de su referente mundial, el gobierno actual de Estados Unidos, y el interno, la fracción empresarial más exitosa del país, pese a su triste productividad.
Tener como patrocinante un paleoimperialismo agresivo que declara que el continente (y el hemisferio) le pertenece y puede tomar de él lo que quiera es tan resbaladizo como encabezar una coalición política sin partidos, sin bancada propia y demasiado dependiente de otras asociaciones políticas, igualmente ocasionales y devoradas por intereses de grupo e individuales.
La única ventaja con la que cuenta es que la oposición social está desmadejada por el secuestro de sus organizaciones naturales, cuya dirigencia se entregó al régimen del MAS, de forma que no solo carece de conducción central unificada, sino que sus organismos más importantes, que son los campesinos, se encuentran debilitados y sin norte definido.
La “recuperación institucional”, superficial y oportunista declarada por el gobierno (véase la impunidad de las pandillas que condujeron el TCP) tiene como contraparte la ausencia de iniciativas populares para encarar una profunda reforma de sus organizaciones.
La concurrencia de estas dos vertientes y el vacío de una ruta de cambio veraz de modelo de desarrollo debilitan la vitalidad democrática del país y dificultan su avance.
Roger Cortez es docente universitario e investigador.
