No es ya una novedad que a los procesos informativos les ha tocado el tiempo de las noticias falsas. Consiguientemente, a la opinión pública el de la posverdad. Huelga decir que son varios los antecedentes globales que afianzan lo que es hoy este sentido común. Resumiendo podemos decir que las noticias falsas (fake news, en inglés) han tenido probada influencia en los resultados electorales de, al menos, tres procesos en años pasados: el referendo por el Brexit en la Unión Europea (UE), las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, con menor impacto probado, el referendo por el acuerdo de paz en Colombia. Tres momentos público-políticos que fundaron la idea de que la generación de noticias falsas y escenarios de posverdad tienen un efecto directo en la realidad. Suman a ello varios actores políticos que se han referido al fenómeno: Bashar al Asad, Maduro, altas autoridades de Rusia y, claro, Trump que ha llegado incluso a hacer una premiación a medios por sus supuestas falsas noticias.
Así, son varias las iniciativas que han empezado a desarrollarse multisectorialmente para combatirlas y, consecuentemente, prevenir su impacto; no sólo en escenarios sociopolíticos sino también en rubros que trabajan con información y comunicación. Entre estos sectores están los medios de información que generan espacios para “educar” a nuevas generaciones (un ejemplo es la BBC en Reino Unido). Las plataformas digitales: Google Noticias, como experiencia de verificación; Facebook probando suerte con comisiones de expertos para validar noticias o Twitter dando pelea contra los perfiles falsos. Las ONG y colectivos que generan estrategias de verificación (fact-checking) y aplicaciones para alertarla (Maldito Bulo en España, Chequeado en Argentina y otras 9 iniciativas en la región). Instituciones de gobierno que se alían con colectivos y empresas (Verificado 2018, en México, impulsado por el Instituto Nacional Electoral con el objetivo concreto de cualificar la información de las elecciones venideras). Gobiernos que buscan aprobar leyes para sancionarlas (Francia ya tiene una iniciativa avanzando y esta semana en España se detuvo una similar). E instituciones supranacionales que encaran desafíos de mayor envergadura, como la UE que a fines del año pasado conformó una Comisión de Expertos/as para la elaboración de un informe de recomendaciones que se ha hecho público el pasado lunes y que apunta a remover el debate. El informe presenta cinco recomendaciones: 1) Uso del término desinformación en lugar de “noticias falsas”, 2) Autorregulación antes que por las leyes, 3) Transparencia sobre los algoritmos de las plataformas donde se difunde, 4) Financiación pública para el periodismo de calidad y 5) Alfabetización mediática (que sí, incluye educación formal).
Así las cosas, queda bastante claro que ante esta amenaza a uno de los principales cimientos de la democracia (la participación libre, informada e idealmente deliberada) los países que tienen en sus calendarios venideros procesos electorales se preparan ante estas arremetidas que, se sabe, pueden llegar a modificar escenarios políticos. En ese escenario global y conociendo que el siguiente año enfrentaremos una elección general en el país (que desde ya genera profunda polarización) va siendo tiempo de preguntarnos ¿qué hacemos frente a esta oleada de noticias falsas y su impacto en nuestra convivencia democrática? Pues tampoco es novedad que el problema ya lo estamos (vi)viendo y no así su cada vez más urgente búsqueda de soluciones.
No es ya una novedad que a los procesos informativos les ha tocado el tiempo de las noticias falsas. Consiguientemente, a la opinión pública el de la posverdad. Huelga decir que son varios los antecedentes globales que afianzan lo que es hoy este sentido común. Resumiendo podemos decir que las noticias falsas (fake news, en inglés) han tenido probada influencia en los resultados electorales de, al menos, tres procesos en años pasados: el referendo por el Brexit en la Unión Europea (UE), las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, con menor impacto probado, el referendo por el acuerdo de paz en Colombia. Tres momentos público-políticos que fundaron la idea de que la generación de noticias falsas y escenarios de posverdad tienen un efecto directo en la realidad. Suman a ello varios actores políticos que se han referido al fenómeno: Bashar al Asad, Maduro, altas autoridades de Rusia y, claro, Trump que ha llegado incluso a hacer una premiación a medios por sus supuestas falsas noticias.
Así, son varias las iniciativas que han empezado a desarrollarse multisectorialmente para combatirlas y, consecuentemente, prevenir su impacto; no sólo en escenarios sociopolíticos sino también en rubros que trabajan con información y comunicación. Entre estos sectores están los medios de información que generan espacios para “educar” a nuevas generaciones (un ejemplo es la BBC en Reino Unido). Las plataformas digitales: Google Noticias, como experiencia de verificación; Facebook probando suerte con comisiones de expertos para validar noticias o Twitter dando pelea contra los perfiles falsos. Las ONG y colectivos que generan estrategias de verificación (fact-checking) y aplicaciones para alertarla (Maldito Bulo en España, Chequeado en Argentina y otras 9 iniciativas en la región). Instituciones de gobierno que se alían con colectivos y empresas (Verificado 2018, en México, impulsado por el Instituto Nacional Electoral con el objetivo concreto de cualificar la información de las elecciones venideras). Gobiernos que buscan aprobar leyes para sancionarlas (Francia ya tiene una iniciativa avanzando y esta semana en España se detuvo una similar). E instituciones supranacionales que encaran desafíos de mayor envergadura, como la UE que a fines del año pasado conformó una Comisión de Expertos/as para la elaboración de un informe de recomendaciones que se ha hecho público el pasado lunes y que apunta a remover el debate. El informe presenta cinco recomendaciones: 1) Uso del término desinformación en lugar de “noticias falsas”, 2) Autorregulación antes que por las leyes, 3) Transparencia sobre los algoritmos de las plataformas donde se difunde, 4) Financiación pública para el periodismo de calidad y 5) Alfabetización mediática (que sí, incluye educación formal).
Así las cosas, queda bastante claro que ante esta amenaza a uno de los principales cimientos de la democracia (la participación libre, informada e idealmente deliberada) los países que tienen en sus calendarios venideros procesos electorales se preparan ante estas arremetidas que, se sabe, pueden llegar a modificar escenarios políticos. En ese escenario global y conociendo que el siguiente año enfrentaremos una elección general en el país (que desde ya genera profunda polarización) va siendo tiempo de preguntarnos ¿qué hacemos frente a esta oleada de noticias falsas y su impacto en nuestra convivencia democrática? Pues tampoco es novedad que el problema ya lo estamos (vi)viendo y no así su cada vez más urgente búsqueda de soluciones.
