Desde 1956, cuando se celebraron las primeras elecciones con sufragio universal en Bolivia, nuestro sistema constitucional, de interpretación casi siempre caprichosa, ha permitido situarnos en el podio, numéricamente hablando, en asuntos de elecciones, referendos y cualquier otro mecanismo de democracia directa.
Las incoherencias de nuestro sistema legal y los intereses políticos determinaron que, por ejemplo, las elecciones generales sean eventos separados de los comicios subnacionales, como si nuestra economía estuviera a la altura de la de Luxemburgo o como si nuestra madurez en ese ámbito estuviera a la par de la de Suecia, cuando la realidad es que las elecciones —especialmente las generales— derivan en una democracia aparente, si no en autoritarismo.
La última prueba de que sufrimos de enanismo en materia democrática la hallamos en la experiencia del 21 de febrero de 2016. Fue el último referendo en que la ciudadanía fue burlada por la ambición de poder de un nefasto actor de la política, aunque no el último desconocimiento de la voluntad popular.
Hago ese preámbulo porque estamos próximos a la obligación de votar para la elección de las máximas autoridades de la judicatura. Ya todos sabemos el fango en el que está la justicia, y entonces es ocioso hacer un diagnóstico de los vicios que ella sufre, por lo cual aplaudo la iniciativa del grupo de juristas independientes para abrir la Constitución y llevar a cabo una reforma parcial. El primer escollo ya fue sorteado ante el Tribunal Supremo Electoral; es un paso que, de llegar hasta el final, nos llevará a vivir bajo las decisiones de magistrados capaces en lo académico e incorruptibles en lo ético, como debe ser un buen juez. Así, las cuatro preguntas propuestas gozan —desde mi punto de vista— de la precisión que quienes apoyen la reforma necesitan para firmar con convicción los libros respectivos.
Y abrir la Constitución, según la iniciativa, importa la modificación en el procedimiento de selección que ahora está vigente, y que no es más que una afrenta a cualquier principio de democracia. En concreto, la propuesta es que la selección de candidatos ya no sea una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), siempre proclive a los artilugios de la viveza criolla, sino de una comisión de postulaciones, que se sobreentiende estará conformada por segmentos de la sociedad que sometan a los postulantes a rigurosas evaluaciones que califiquen su idoneidad no solo como buenos juristas, sino como intachables profesionales en lo ético.
Entonces, si las ternas que resulten de lo anterior —según la propuesta— serán remitidas a la ALP y de consideración vinculante, ¿cuál es el justificativo para que la designación de los magistrados deba ser sometida a referendo?
Estamos en puertas de unas elecciones que son una estafa jurídica. Los procesos electorales, teóricamente, se hacen para elegir personas en cargos políticos, en los que se divulgan programas diferentes. ¿Cómo un ciudadano de a pie puede saber quiénes son los candidatos a magistrados? Los resultados de las dos últimas elecciones judiciales comprobaron el fracaso de este sistema.
Por tanto, validar la designación de magistrados a través de un referendo que para igual propósito (reforma parcial de la Constitución) el 2016 costó al estado cerca de Bs. 166.000.000… ¿Tiene algún sentido? Asumamos —personalmente así lo espero— que la comisión de postulaciones se desentienda de toda influencia política y en consecuencia las ternas de las que la ALP designe a los magistrados estén conformadas por los más probos abogados, entonces, por lógica, se tiene que la designación final de cualquiera de ellos será intrascendente y mucho más inútil el sometimiento al voto ciudadano aprobatorio, el cual no conoce —y no tiene por qué conocer— el perfil de los designados.
El círculo forense es un contexto del que solo tienen conocimiento quienes están vinculados a él. Luego, un ama de casa, un médico, un ingeniero o un comerciante poco o nada podrían saber de quienes se supone han sido designados de entre lo más granado de los abogados con vocación de impartir justicia. La gran mayoría de bolivianos está cansada de asistir a las urnas obligadamente. Las últimas elecciones judiciales demostraron que, ante el desconocimiento general de los candidatos, la reprobación fue aplastante. ¿Es que no aprendemos que tanta consulta popular no hace más que volvernos más pobres en lo económico y más retrasados en lo institucional? ¿Y qué sucederá si los votantes rechazan las designaciones?
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
