En un conversatorio realizado entre reconocid@s periodistas y difundido por redes sociales varias de los y las colegas señalaron, entre otros temas, que la relación del periodismo con el poder siempre fue tensa, que las presiones existieron en todos los gobiernos, que una de las funciones del periodismo era el de fiscalizar a las autoridades de turno ya que estas hacen un servicio público y, además, dijeron que hoy era evidente de que el actual gobierno, siendo transitorio, establa extralimitando sus atribuciones.
Se trató de un encuentro online organizado por el diario El Potosí a raíz de la conmemoración del Día del/a Periodista, el 10 de mayo, y al que asistieron cinco personalidades del periodismo boliviano, siendo algunos de ellos considerados muy críticos con el anterior gobierno de Evo Morales y que, en esta ocasión, hicieron además algunas críticas a la gestión de Jeanine Añez.
No es raro, hace unos diez días, un grupo de 40 periodistas emitió un comunicado en defensa de la libertad de expresión y en rechazo a la detención de un supuesto “guerrero digital” que fue directamente encarcelado por haber creado grupos de whatsapp desde los que se estaría haciendo oposición.
Hay que recordar que “detenidos”, ya sea como amenaza de futuro o como verbo pretérito, ha sido, sin duda, la palabra más usada y la acción más común en los últimos seis meses por parte el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Cientos de personas fueron detenidas luego de asumir el poder y centenares también, recientemente, por contravenir el confinamiento obligatorio a raíz del coronavirus.
Es evidente que en las últimas semanas se han incrementado los cuestionamientos y rechazo a varias acciones gubernamentales que estarían cruzando líneas indefendibles. Aunque este gobierno ya apuntaba maneras en noviembre, cuando una de sus primeras medidas fue blindar a los militares ante cualquier juicio o proceso por cualquier acto que cometieran. Inmediatamente después hubo 30 muertos civiles entre las poblaciones de Sacaba y Senkata.
En noviembre se cerraron y silenciaron algunos medios considerados afines al anterior gobierno, como las radios campesinas; un hecho poco difundido entre los mismos medios y que de todas maneras no ha impedido que en estos meses saliera a luz, como hongos luego de la lluvia, innumerables denuncias de corrupción, algunas de las cuales no han podido sostener a sus autores en la función pública: escándalos en las empresas estatales ENTEL y YPFB, esta última con varios hechos en los que se pusieron en juego millones de dólares.
En el contexto de crisis por el Covid-19 se han producido actos vergonzosos y aborrecibles, como impedir el ingreso al territorio nacional de gente boliviana en situación de pobreza, dejándola en la frontera a la intemperie, mientras otra sí que entraba porque podía pagarse un vuelo en avión; el encarcelamiento de una Alcaldesa y de sus jóvenes hijos por celebrar su cumpleaños, mientras poco después se sabía de una fiesta de cumpleaños de la hija de la Presidenta con uso de aviones estatales para que lleguen invitados; aviones que también usó un Ministro para transportar a la ex miss de belleza de su pueblo; como, también, repintar un hospital, que tenía el color del anterior gobierno, y por ello no poder usarlo en una población desesperada por atención médica.
Igual de vergonzoso es que no haya adoptado medidas de control y castigo ante el incremento de hechos de violencia machista durante el confinamiento, donde los casos de violaciones a mujeres y criaturas ha aumentado, así como los feminicidios.
Un depuesto Ministro de Minería ha denunciado que se están repartiendo irregularmente concesiones mineras; más allá se escucha que también hay repartición de tierras fiscales; mientras, sorpresivamente fue aprobado un decreto que permite el uso de transgénicos en la agroindustria, generando gran rechazo desde sectores ambientalistas y campesinado.
Algunos de estos casos y otros, como la venta de cargos en los ministerios de Minería y Educación, han sido enumerados este fin de semana en los diarios Página Siete de La Paz y Opinión de Cochabamba; el mismo Día del Periodista el gobierno emitía el Decreto Supremo 4231 en el que amenaza con cárcel a periodistas por “desinformar”. En tanto que, desde la Conferencia Episcopal de Bolivia, que inicialmente apoyó a la muy cristiana Jeanine Añez, el monseñor Ricardo Centellas, lanzó duras críticas contra su gobierno y llamó a los periodistas a no tener miedo y decir la verdad.
Investigar, denunciar, hacer seguimiento a casos de corrupción, de irregularidades, de abuso de poder y de extralimitación de funciones es trabajo de la prensa. Hacerlo no coloca al o la periodista en posición de militancia política alguna, ni como aval de la anterior gestión. Especialmente ante hechos tan evidentes y groseros, la labor de fiscalización es un deber, un acto de responsabilidad y compromiso con el país.
