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MAS contra MAS

Evo Morales no está con vueltas: quiere la renuncia de Arce y Choquehuanca para que la sucesión recaiga en Andrónico, pieza clave en su ajedrez político.  En palabras del ministro Lima, es una jugada maquiavélica para habilitarse como candidato a la presidencia en 2025.

Bajo la frase “Marcha para salvar Bolivia”, el expresidente lidera una caminata desde Oruro hasta la sede de gobierno “contra la traición, contra la mala gestión y contra la corrupción del gobierno de Luis Arce”. Movilización que ha generado enfrentamientos entre arcistas y evistas en la carretera, como ha sucedido en el parlamento y otros escenarios. Son batallas del MAS contra el MAS que señalan su evolución organizacional: de partido político incluyente con promesa ideológica de cambio social a confrontación entre dos facciones excluyentes que luchan por espacios de poder en la estructura estatal, pero con el costo de debilitar las instituciones como, por ejemplo, saltar el contrapeso del parlamento para convocar un referendo.

En 2005, el MAS incentivó colectivamente a sectores populares, indígenas y clases medias porque sus fines organizacionales estaban direccionados hacia un cambio social y político, como respuesta al vacío ideológico que dejó la implosión de los partidos políticos tradicionales. Esto permitió que el sistema de partidos sea de carácter predominante por muchos años.

En 2024, mediante un proceso de institucionalización partidaria se ha reducido a la batalla entre dos facciones que las incentiva el estatus, el poder y el control de la burocracia estatal. Es un conflicto intrapartidario por los mismos recursos, que tiene que definirse a favor de una y en contra de otra. Ambos bandos son conscientes de esta definición natural, por eso la lucha ha escalado de discursos indirectos y amenazas de acciones a discursos directos y enfrentamientos entre organizaciones sociales paralelas, antes hermanadas.

El tiempo es lo que está determinando la profundización de la batalla interna del MAS. A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral ha ampliado la fecha para que el partido oficialista pueda cumplir con los requisitos institucionales y estar habilitado en las elecciones de 2025, no existe la certeza de si Arce o Evo serán los candidatos de la sigla, o en su defecto ésta no aparecerá en la papeleta. La proximidad de su definición final está arrastrando la gestión y, consecuentemente, dejando de lado los temas y problemas que importan a la mayoría.

 Esta crisis del partido político que administra el Estado central, gobernaciones y muchas alcaldías en el país, es la que menos interesa a los bolsillos de los bolivianos, pero es la que prioriza el gobierno para salvar su debilitada gestión y procurar que Arce vaya a la reelección; mientras que Morales, a pesar de la Constitución que él incentivó se lo prohíbe, insiste como un niño en postularse, lo que atrapa al partido, por ahora, en un bucle. El efecto de esta crisis es el bloqueo al país.

 Los diques institucionales de Bolivia nuevamente están corriendo el riesgo de derrumbarse porque dos actores políticos están motivados por intereses egoístas (naturaleza política más allá de los relatos de cambio), no necesariamente por convicciones ideológicas y justicia social. Arce y Evo hablan en nombre del pueblo para justificar la legitimidad de sus facciones intrapartidarias, aunque ello implique debilitar las instituciones estatales. La posible renuncia anticipada del presidente o las convocatorias a referendos sin la aprobación de la Asamblea Plurinacional, serían señales inequívocas.

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