Mal plan, malos resultados

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Aproximadamente a la misma hora en que miles de personas están revisando periódicos en busca de las noticias del día, unos cientos de militantes afines al gobierno, están preparándose en una localidad altiplánica, distante a unos 100 kilómetros de la sede de gobierno, a iniciar una marcha, encabezada por el presidente y vice actuales. El animador principal y convocante es quien nos gobernó de 2006 a 2019 y quiere, con su caminata de una semana, demostrar que apoya a sus colegas y no pretende desbancarlos antes de tiempo.

Sentirse obligado a emitir esta señal de respaldo, podría relacionarse con que el organizador de la marcha se da cuenta, en alguna medida, de que las acciones que continuamente reclama del Gobierno como tributo a su persona y compromiso con su candidatura para retornar al control total, están desgastando y debilitando la gestión demasiado rápidamente.

Si es tal el caso, ese nivel de conciencia no alcanza para entender que, aun cuando la marcha pudiese ser de muchos más participantes y extenderse por varios meses, no contribuirá, ni un poco siquiera, para crear nuevos empleos, incrementar la producción de alimentos y otros bienes indispensables, sanar el cotidiano e inmenso daño que provocan los agronegocios a la naturaleza, mejorar la atención básica de salud o empezar a construir un sistema de administración de justicia.

Estos problemas ni siquiera existen en la mente del que siente que la única respuesta posible y necesaria a todas las preguntas es que él presida el Estado, de manera permanente e ininterrumpida. Semejante obsesión podría ser apenas una curiosidad o una broma, si solo afectase al interesado y su grupo más próximo de seguidores, pero, al impregnar el centro mismo de las decisiones adoptadas por el Estado, nos complica y arrastra a todos.

Una parte considerable de la movilización que ha llevado a derogar la ley 1386 responde a la inquietud y el cansancio de la población, ante el hecho de que el Ejecutivo destina más del 90% de sus hechos y dichos a reinterpretar lo que ocurrió a finales de 2019 y los parlamentarios a hacer coro y aprobar normas completamente alejadas de la atención de los problemas que precipitó la pandemia y del retroceso económico de los últimos siete años.

Todo lo que dice y hace la administración masista al referirse a los motivos que determinaron la abrogación, demuestran que no ha llegado a entender lo ocurrido y por eso sigue maldiciendo, amenazando y disparando juicios y querellas contra supuestos causantes de lo ocurrido, negándose a admitir que, sin el protagonismo de sectores sociales fundamentales del oficialismo, la protesta no hubiese existido.

El lenguaje violento es parte central de lo que agobió a todos los que no se dedican a la política profesionalizada, porque es un serio indicador de ignorancia e indiferencia de los dirigentes partidistas, sindicales o corporativos, sobre las cuestiones que importan para detener el retroceso que nos asedia en casi todos los frentes.

El informe del presidente al cumplir el año primero de su gestión no aportó una sola pista sobre cambio alguno al modelo agotado que se mantiene. El presupuesto general  aprobado sigue bombeando recursos a empresas quebradas y repletas de supernumerarios y de sueldos inverosímiles a ejecutivos, o de operarios foráneos (planta de urea de Bulo Bulo), mientras se financian nuevos emprendimientos turbios como el de biodiesel.

La producción de alimentos sanos, con investigación y desarrollo de tecnologías para reparar y recuperar atraer visitantes ávidos de conocer nuestra oferta nacional de naturaleza y culturas, la derivación de excedentes de gas para la exportación y no para su quema,  la promoción de tecnología digital para la diversificación económica, están fuera del campo de visión del plan oficial de retorno del caudillo, sólo para mitigar su sed de reconocimiento.

Ese plan de hiperconcentración del poder y su objetivo de retorno del mesías con hábitos de magnate ejecutivo, es irremediablemente malo y sus frutos de violencia con multiplicación de comandos civiles y milicias parapoliciales, serán inevitablemente cada vez más tóxicos, inclusive para su propia feligresía.  Y, para consternación de todos ellos, no hay marcha, proclama o manifiesto que pueda remediarlo.

Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo.