Lo acontecido en Bolivia en el campo político -social en el año 2019 despertó los viejos fantasmas de la discriminación que creíamos olvidados, o al menos dejados de lado, y resurgieron de la forma violenta contra determinados grupos sociales y hasta la fecha no han encontrado solución y, más por el contrario, amenazan la convivencia pacífica entre los bolivianos y bolivianas de todas las latitudes y dañan nuestro tejido social.
Al respecto los conceptos sobre la discriminación son variados, sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que es “Toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades”. Es decir que la discriminación no sólo se circunscribe a la cuestión racial sino trasciende a otros campos.
En nuestro país, tras una larga etapa de discriminación hacia los grupos más vulnerables se promulgó la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que establece el reconocimiento de los derechos de los mismos que, con el transcurso del tiempo, fueron traducidos en leyes y decretos que los beneficiaron, mismos que la sociedad vio con beneplácito y se consideró que se constituía en una solución a este problema histórico.
La promulgación de la Carta Magna obedecía al marco internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que en sus artículos más importantes señala:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Sin embargo, poco a poco, se pudo atestiguar que, pese a las normas establecidas, la discriminación a distintos grupos sociales, no ha terminado, quizá tan sólo matizado, pero que en determinados contextos florecen de forma violenta, con sus consiguientes daños a la autoestima, tiene efecto negativo en la percepción de las personas sobre las instituciones políticas y en la legitimidad del sistema democrático.
Así se constituye en una tarea muy importante para todos y todas continuar la lucha contra la discriminación en todas sus manifestaciones, y evitar por todos los medios que afloren las expresiones y acciones discriminatorias, especialmente en contextos políticos complejos.
Es en ese marco la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) se ha propuesto, a través de un proyecto, contribuir a la reconstrucción social y en ese camino generar espacios de acercamiento entre los distintos grupos sociales con posturas diferentes, en algunos casos antagónicas en el país con miras a una convivencia pacífica y democrática entre todos los bolivianos y bolivianas.
