Con impotencia y coraje, hemos sido testigos las últimas semanas de la violencia en las calles. Pero el tono y las formas son cada vez más desconcertantes. No voy a referirme a las inaceptables acciones de grupos irregulares en Santa Cruz que destruyen bienes públicos y privados y denigran a la gente. Esos tienen el dedo acusador del Estado, que sólo enseña voluntad y entusiasmo para juzgar a quien le conviene y cuando le conviene (si fuera tan eficaz con todos quienes violan las normas, sería otra historia). De hecho lo he subrayado en otras ocasiones: Evo-Arce y Camacho son dos caras de la misma medalla, y sus seguidores son hermanos gemelos, sólo que unos dominan la nación, y otros la región. Quiero concentrarme en los videos que circularon luego de la manifestación pacífica del 10 de enero en Calacoto.
Lo sucedido denota la decadencia de la política, se ha instalado la violencia como un mecanismo de gestión de las diferencias. Ya lo vimos en el parlamento un tiempo atrás: los golpes antecedieron a las razones. Y peor: a partir del 2019 el MAS ha promovido una política de intervención directa que consiste en quebrar el monopolio de la violencia -que se supone se ejerce a través de las “fuerzas del orden”- y otorgárselo impunemente -léase impulsar y proteger- a grupos fuera de la ley que tienen facultad de violentar a la gente sin recibir ninguna sanción -o incluso siendo premiados y acogidos en el propio Estado-.
Con esa lógica, se queman casas, transporte público, se golpea a ciudadanos (con consecuencias a veces mortales), se amedrenta, se miente, se roba, se inventan historias. Y así hasta el cansancio.
Es triste ver cómo los militantes de nobles causas de antaño, se han convertido en los golpeadores de hoy. Los violentos salen a las calles con palos a reprimir a marchistas. Quienes antes tiraron petardos a los policías, ahora lo hacen a gente, a niños, a ciudadanos que querían decir su palabra de manera pacífica. Gritan: “la derecha no pasará”, cuando en realidad ellos son la nueva derecha; son ellos, los golpeadores, los nuevos matones, quienes pegan, quienes asustan, quienes hieren a quien quiere manifestarse. Triste destino de la Wiphala que otrora fuera símbolo de rebeldía, hoy se convierte en bandera para reprimir a quien piensa distinto. Y todo, claro está, amparado en el poder estatal.
Impresiona ver cómo quienes reproducen las prácticas fascistas de no dejar manifestarse a quien piensa distinto utilizando la violencia a su antojo, se vanaglorian de “expulsar al fascismo de la zona”; gritan “el fascismo no pasará” luego de dispersar, a punta de golpes y dinamitazos, a los ciudadanos. ¿Quién es el fascista? ¿quién el intolerante?
Los golpeadores gozan de mandar, de callar a los demás, de que sólo se escuche su voz, de pegar a quién consideran que merece un chicotazo; los promotores del odio, de la polaridad, de la necesidad de acabar con el otro, se llenan la boca de palabras dulces. Evocan la justicia a carajazos cuando en realidad quieren repartir castigos a discreción y criterio propio. Repiten “el pueblo unido jamás será vencido”, luego de reprimir una expresión ciudadana. Son los nuevos gendarmes civiles del régimen; vivieron su propio “proceso de cambio”: de luchadores sociales a funcionarios represores para-oficiales; de perseguidores de sueños a constructores de pesadillas.
Y entre tanto, el Presidente, que se supone debería gobernar para todos los bolivianos y no sólo para los suyos, que tendría que ser el responsable de construir la paz, el diálogo entre diferentes, el entendimiento entre sectores tan diversos, considera que se está defendiendo la democracia en las calles. Vaya manera de entender la defensa de la democracia violando un principio básico de la misma: garantizar el derecho a la protesta y la expresión de quienes piensan de otro modo.
¿Estos son los constructores del socialismo del siglo XXI? ¿quién todavía puede creer que algo bueno saldrá de los golpeadores, de los bravucones amantes de los petardos y los madrazos? ¿Así quieren construir una nación igualitaria, solidaria, justa?
