Gualberto Lizárraga Ferrel
- Punto de partida
El gobierno del MAS ganador con el 55% del electorado boliviano, con el mismo padrón electoral y sin los dos tercios que habitualmente mantenían a todo precio, encabezado por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente del país, respectivamente, ya a dos años de administración del poder de manera continua, sumado a los 14 años precedentes de Evo-Álvaro, incluido el régimen accidental de Jeanine Añez, llevan 16 años ejerciendo el poder bajo su dirección del MAS-IPSP, sin cambiar en lo mínimo las practicas soberbias, dictatoriales, corruptas, de indolencia generalizada en sus cuadros, carentes de una sólida formación ideológica y política capaz de transformar el Estado republicano y menos aún de construir el llamado estado Plurinacional, se ha visto obligado a no realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda en esta gestión, acorde la necesidad de la política del estado, cuya realización le hará encontrar un escollo contraproducente a sus digitaciones electorales para prorrogarse fraudulentamente en el poder, ya que de realizarse el CNPV, necesariamente se tendrán que actualizar el padrón electoral, evaluar el estado de situación de la población, redistribuir los recursos de coparticipación tributaria y los escaños parlamentarios, delinear políticas sociales y planificar el desarrollo socio económico y ambiental del país, tomando en cuenta el reordenamiento territorial, que implica subsanar limites nacionales, departamentales y municipales que, tendrían que desembocar en disponer de una cartografía actualizada, legislar y fiscalizar la asignación de recursos, controlar los gastos presupuestarios, equilibrar el funcionamiento autónomo de los órganos del estado, en sus diferentes niveles político administrativos, y que los principales responsables de los 4 órganos del estado informen anualmente de sus actividades y resultados con notas de descargo y estudios evaluativos de los impactos logrados, con los gastos e inversiones en la administración pública y el apoyo al sector privado de la economía. Cada año de gestión, los 4 órganos del estado tienen que informar de su gestión a modo de comparar los resultados de lo presupuestado con lo gastado e invertido, de modo que la población verifique escrupulosamente dichos informes, contrastando con la realidad e identifique por que se dan los conflictos sociales y de qué manera provienen las demandas sociales de los grupos humanos con empleo fijo y aquellos que acrecientan la economía informal. La cabeza de los estudios y evaluaciones de impacto de los informes presentados por los 4 órganos del estado, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben correr institucionalmente a cargo de las Universidades que conformen equipos técnicos interinstitucionales para frenar las mamadas de los gobiernos y los otros órganos del poder, y, sean, quienes en los 339 municipios y 9 gobernaciones den su aprobación u observaciones a ser descargados en no más de 2 meses, de no hacerlo, sean inmediatamente enjuiciados como delitos de incumplimiento de deberes y traición a los bolivianos y constituyan las causas que den lugar a una acción de revocatorio con ignominia.
Es inadmisible que en el país, se permita la impunidad en los actos de las autoridades del gobierno que gestan perdidas millonarias por no asumir decisiones de dialogar y resolver aspectos como las del CNPV, achacando a un departamento que mediante un cabildo (20-09-22) deciden plantear al gobierno se realice el CNPV el 2022 y no postergar por más tiempo, como lo hizo el gobierno mediante un D.S. 4760 para el 2024, induciendo a que el paro indefinido sea utilizado políticamente para estigmatizar al Comité Interinstitucional y la gobernación a son de ser derechistas, separatistas y discriminadores a la población del occidente, sabiendo que, la mayoría de la población en aquel departamento son migrantes collas y que el estado ha priorizado los flujos migratorios hacia esa región que ayer fue de monte, arena y poca población y hoy es un departamento de mayor población, mejor crecimiento urbano y de producción agroindustrial, merced a estos factores señalados: marcha al oriente y prioridad en inversiones a actividades productivas impulsadas desde el estado por diversos gobiernos democrático nacionalistas, defacto y progresistas.
Es cierto que los mayores grupos de poder económico se han concentrado en aquel departamento, inclusive podemos aseverar que las autoridades departamentales y municipales corresponden a organizaciones políticas opositoras al MAS, lo que no avala calificar el paro indefinido como del antimasismo, de la oligarquía, etc., es de un Comité Cívico que cuenta con un Comité Interinstitucional que orienta las medidas y la defensa de un cabildo, que mal o bien pudo idearlo el MAS, la oposición, la ciudadanía, lo que no se puede negar es que tienen la consecuencia de defender lo que su pueblo ha decidido en un acto plebiscitario, lo que diferencia al gobierno y el MAS a actuar con grupos de choque para intentar hacer fracasar su paro indefinido, sin hacer algo diferente y superior al del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Ahí están Montaño, de poco tamaño, del Castillo cuidando al gobierno sin un casquillo, Prada soñando ser más grande que la casa del pueblo, Cusicanqui poniendo ejemplos de cuantas boletas se requerirán para el manzano, Richter pasando de indígena teñido de sangre judía, Alcon desinformando al pueblo desde el balcón presidencial, en fin, diputados y senadores, jueces, fiscales y vocales oficialistas, sin la talla para legislar, administrar justicia e interpelar al presidente por tantos delitos y errores cometidos en su gestión, por lo menos para dejar de ser un simple tilín tilín, ¿quien ganara?, quien sabe jugar con convicción y limpiamente.
La Policía Boliviana, incumple sus funciones institucionales y los principios de su existencia, actuando en favor del gobierno constitucional que incumple leyes, salta los procedimientos para no dialogar ni negociar, arranca por la fuerza su instinto a imponer sus consignas partidarias como que, el paro fuera ilegal y permite cercar la ciudad con sus movimientos sociales convertidos en mercenarios, sus dirigentes que engañan, pagan y mienten a los comunarios, forzando a hacer creer que el paro es una manifestación de un golpe de estado, en esto, hay cabezas duras de ministros, bravos en la palabra y cobardes en la batalla que, dicen lo que les parece o lo que Lucho cree que está saliendo adelante en sus políticas, cuando lo que produce es un acto de quebrantamiento a su salud, que talvez termine renunciando por la presión interna que se ha producido en el seno del MAS-IPSP, en un adelantado modo de hacer campaña electoral, hacia las elecciones nacionales, con el mismos padrón electoral del 2012, la misma modalidad de fraude y similar sucesión presidencial, bajo los cánones procedimentales constitucionales y no como Jeanine Añez, ipso facto.
Un gobierno débil, aunque enrostra a sus opositores de haber ganado con el 55% de votos, ante cualquier demanda de entidades, sectores, asociaciones, ciudadanía en general, lo más común del oficialismo es ver o encontrar en dichas demandas actos que están dirigidos a desestabilizar al gobierno, buscan dar golpe de estado, atacar a Evo y el MAS, en todo acto que no sea de los masistas, encuentran argumentos descabellados, ante el temor que tienen de no solucionar ninguna demanda y mucho menos ser consecuentes con sus llamadas al dialogo, a la negociación, solo saben ejercer presión con sus movimientos sociales subalternados y prebendalizados para generar temor, amedrentar a la ciudadanía y castigar a los dirigentes, opositores y a todo aquel que cuestione, critique o les diga sus verdaderas manías de actuar con hechos ilegales, en plena democracia, desatando un verdadero terrorismo de estado plurinacional.
- Emergencia de conflictos sociales y sus causas
En estos tres meses transcurridos, se han dado batallas frontales entre productores de la hoja de coca de los Yungas, unos en mayoría defendiendo el mercado legal de Villa Fátima, otros, en minoría, pero con apoyo ilegal del gobierno, haciendo funcionar un mercado ilegal de la coca en Villa El Carmen, al final, los que reclaman la legalidad son apaleados y marginados de sus derechos y los que actúan contra la ley son premiados y protegidos por el poder y la fuerza policial.
Como siempre, todo conflicto de los cocaleros de los Yungas, quedan sin solucionarse y dejados a que cuando así convenga al gobierno, volver a encender la mecha del conflicto, sea pacificándolos, encarcelándolos, gasificándolos, pero sin hacer cumplir la ley sino institucionalizando la ilegalidad, el contrabando, el narcotráfico, otros. Cada conflicto de los cocaleros de ADEPCOCA, es para el ensañamiento policial contra esta asociación con el uso de gases, en contra de los habitantes de la zona, con pérdidas de bienes materiales cuantiosos y hasta de vidas o, de quebrantamiento del estado de salud de los productores de coca de los Yungas. Los vecinos, no son atendidos en sus pedidos de pacificación, dialogo, traslado del mercado ilegal a otros barrios, la sede de ADEPCOCA es constantemente afectado en su infraestructura, los productores y comercializadores legales de la coca con grandes pérdidas de sus bienes, ganancias, salud, los escolares sin pasar clases, al final sin que se les restituya los daños y pérdidas provocadas por la gasificación y enfrentamientos entre uno y otro bando, en disputa de mercado legal que defienden contra aquellos que venden ilegalmente la coca.
Por supuesto que los productores de coca de los Yungas de La Paz, actúan legalmente en la comercialización en Villa Fátima, en tanto que los que crean otro mercado ilegal no actúan acorde la ley sino, además, cuentan con el apoyo del gobierno y la policía que deja de actuar bajo principios institucionales para convertirse en equipos paramilitares defendiendo lo ilegal e ilegitimo.
Los productores de coca en las 6 federaciones del trópico cochabambino, gozan de la protección del estado, del privilegio de los consumidores y de las facilidades del gobierno en la ampliación de cultivos, ya que sus cultivos, en más del 90%, son destinados a la elaboración e industrialización de la droga, es al final de cuenta quienes sustentan política y económicamente al gobierno del MAS, de ahí que muchos estudiosos ya le han puesto una distinción al país, de ser un narco estado, en definitiva, son los niños mimados por los consumidores de droga y de alta rentabilidad para los comercializadores de la materia prima y de los vendedores de insumos, mismos que a mayor grado de prohibición elevan los precios y mediante los carteles determinan la calidad y el costo de la cocaína en su mayor nivel de purificación. De ahí que, se hace más complejo entender estos mecanismos de la actuación gubernamental ante los narcotraficantes, la suscripción de tratados de erradicación o interdicción de los cultivos de coca, son un saludo a la bandera para los grandes carteles de la droga, puesto que la demanda de consumo de la droga en el mundo es cada vez más creciente, ya que no hay estado alguno que pueda reducir este consumismo en su población al constituirse en el mayor mecanismo generador de divisas e ingresos en estados hegemónicos y en vías de progreso.
El Comité Cívico de Potosí, está incubando una rebelión de grandes alcances ante el hecho de que el gobierno haya adjudicado los yacimientos del litio sin consulta previa y sin demostrar los beneficios que el país recibirá con la explotación de los yacimientos de Litio. El hecho que dará lugar a los potosinos sublevarse y a los bolivianos enardecerse es que, desde el gobierno se repita las mismas políticas entreguistas de los recursos naturales a precios de gallina muerta, y que, la región de los salares y el departamento donde estas se encuentran, no gocen de regalías apropiadas a sus necesidades de desarrollo y, una vez más, en la historia boliviana se esté sirviendo a intereses extranjeros sin que real y efectivamente las inversiones se programen de modo transparente, demostrando los beneficios al país y al departamento portador de estos recursos. Similar situación se ha dado con la explotación de los hidrocarburos, siendo privilegiados por contar con estos recursos, al presente, estamos importando el gas vendido con precios más altos que los que ingresaron al país. Nadie estará en desacuerdo que deben realizarse grandes inversiones de capital, tecnología y recursos humanos para la explotación del litio, es importante que, los bolivianos estemos informados y ser parte decisor de las políticas de inversiones, bajo los términos más favorables al bienestar de la población y el desarrollo de Bolivia. Habrá que saber cuánto capital invertirán los chinos, alemanes, rusos, hindúes, norteamericanos, otros interesados, cuanto el estado boliviano, de modo que el estado boliviano decida no tener más socios estratégicos externos; ¿que tipo de tecnología se importara y de qué manera Bolivia deberá producir los insumos que esta tecnología requiera para no depender de los adjudicatarios externos?, por lo cual, habrá de instalarse plantas industriales para producir esa tecnología y sean reinvertidas las utilidades que generen los inversionistas en el país, dirigidos a la formación de los recursos humanos bolivianos que, luego del tiempo de concesiones o formación de empresas mixtas, aprovechen un volumen de la materia prima los inversionistas, por decir un 25% del total existente de litio, de modo que, los bolivianos dispongamos de manera soberana explotarla y aprovechar el restante porcentaje a modo de ya no depender de capital, tecnología y recursos humanos externos, para sostener las plantas industriales que el litio origine.
En noviembre de este año, debía realizarse el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), del modo establecido, como política de estado, internacionalmente recomendado cada 10 años, el ultimo que se realizo fue el 2012 sin que medie rechazo o resistencia alguna. Lo sorprendente que da origen a una medida de presión regional de Santa Cruz, es que el gobierno, luego que informo el Director del INE y personeros de estado que todo estaba listo para dicha actividad en noviembre del 2022, a pocos días crean nuevas dificultades, encuentran que subsisten problemas de límites municipales, la cartografía no está actualizada y que hay que verificar preliminarmente cuantas viviendas y familias existen en la actual cartografía, para disponer de boletas censales, otros, aspectos estos que, impedirían realizar dicho censo y mediante un D:S. deciden hacerlo el 2024. Esta sola actitud gubernamental es la que origina, en la población boliviana, la sospecha de que algo contraproducente para el MAS-IPSP y el gobierno le provoca el CNPV, por lo que políticamente cambian y mienten descaradamente la razón de su postergación. La población no es tonta y descubre que no le interesa realizar el CNPV al gobierno, porque: 1. Debe actualizar el padrón electoral, 2. De acuerdo a la nueva cifra de la población se asignaran los escaños parlamentarios que modificarían sustancialmente las distorsiones que hubieron en las pasadas elecciones nacionales, 3. La asignación de recursos de coparticipación tributaria, también sufrirá cambios inesperados desfavorablemente al MAS, 4. Los datos de vivienda y población, revelaran el estado de situación en que están la dotación de servicios básicos, infraestructura, obras, etc., etc. Estas son las razones del gobierno para postergar o no realizar el CNPV y no otras.
Es de este modo que el Comité Interinstitucional para el CENSO en Santa Cruz, mediante un cabildo, determinan exigir al gobierno se realice el CNPV el 2023, para cuyo efecto asumen como medida de presión un paro departamental indefinido desde el 20 de octubre para que, el gobierno revise su postura y racionalmente acceda a disponer dicho censo para el 2023, abrogando la disposición que determina para el 2024.
La tozudez del presidente, la soberbia de las autoridades de estado, la terquedad de no mostrarse perdedores ante un solo departamento que contraria la decisión gubernamental sobre la fecha y los argumentos de chicaneria barata, para diferir la realización del CNPV, han hecho del país una piltrafa, ocasionado millonarias pérdidas económicas, suspendiendo las exportaciones, afectado a la seguridad y los derechos humanos de los bolivianos, trasladando ciudadanos y malhechores, al mismo tiempo, a cercar la ciudad, como otra medida de presión hormonal, en la idea de hacer fracasar el paro indefinido que no solo había sido de Santa Cruz sino del país entero, ya que en ese sentido de apoyo y solidaridad, con la medida del paro, marcharon, hicieron mítines y cabildos en Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, Tarija, entre otros. Por lo que se puede establecer que, la correlación de fuerzas es adversa al gobierno y el MAS-IPSP, altamente favorables a las fuerzas opositoras y las que exigen la realización del CNPV el año 2023. Todo este caudal social, debe ser adecuadamente evaluada y que estos grupos se organicen para mantener esa convicción de lo que quieren lograr en una disputa por el poder con legitimidad y legalidad, como único modo para superar las practicas prebéndales, discriminatorias y racistas que desde el Estado Plurinacional ejerce el MAS-IPSP.
La postura múltiple y ambigua del gobierno, le lleva a convocar a un encuentro de autoridades políticas electas y no al Comité Interinstitucional, quienes, sustancialmente, saben, técnicamente, de la viabilidad del CNPV en el plazo sugerido y de los riesgos políticos que representa para el MAS y sus candidatos, anticipadamente en campaña electoral. Irónica y descaradamente, en dicho encuentro se reafirma la postura gubernamental, abriendo temerosamente la posibilidad de que sea un Comité técnico Interinstitucional, quienes, en un plazo de un mes, determinen la fecha técnicamente viable para el CNPV, visto que políticamente es inviable en el plazo propuesto por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Mientras se llega a esas conclusiones, en sentido contradictorio, ordena a sus militantes y seguidores a cercar la ciudad con acompañamiento policial, suspenden las exportaciones de 6 productos, atizan más leña al paro, con los actos de provocación de los grupos de choque sustentados en su permanencia con recursos del estado, antes que levantar los bloqueos de su gente, inducen a enfrentarse a la ciudadanía que, disciplinada y valientemente hacen respetar las resoluciones del cabildo, lo que significa, ser obediente al mandato popular y no a las concentraciones que acostumbradamente realizan, quienes pagan viáticos, pasajes y alimentación a aquellos que al no tener de que vivir, se prestan a este tipo de felonías contra una población indefensa que solo tiene su voluntad de que se realice el censo al que el gobierno le pone fundamentos banales, aunque el INE ya informo de que todo estaba listo para el censo de noviembre del 2022.
Más del 70% de la población exige la realización del CNPV en octubre del 2023, que aunque el gobierno se oponga y someta la definición del plazo al Comité Interinstitucional, estos, técnica, logística y sin inclinarse en favor de la propuesta gubernamental, demostraran que es factible hacerlo el año 2023 y poner fin al paro, iniciar procesos judiciales a autoridades de gobierno, ministros, dirigentes de organizaciones sociales que atentaron contra la seguridad y los derechos de la población cruceña y boliviana. Los que deben integrar este Comité Técnico Interinstitucional para el CNPV, tienen que ser profesionales que tienen formación, capacitación y experiencia en actividades pre censales, censales, procesamiento y sistematización de resultados, en consecuencia, no autoridades ni militantes del partido de gobierno ,sino gente imparcial.
La persistencia de los parlamentarios, ministros y exministros del MAS-IPSP, en forma especial, Arce Zaconeta, W. Chávez, otros no dejan de repetir hasta el fastidio de la población su teoría de que no hubo fraude electoral y si golpe de estado el 2019, es la cortina de humo que extienden por doquier ya que no terminan de convencer y demostrar sus insolencias de ser responsables de actuar al margen de la CPE, desacatar el mandato popular del 2016, cometer delitos de lesa humanidad como de atentar a los derechos y seguridad ciudadana, malversar recursos del estado generados por la venta del gas a precios pocas veces favorables a los hidrocarburos, blanquear dólares provenientes del narcotráfico y el contrabando, la mala administración de las remesas, sobre todo, haber utilizado recursos económicos de las AFPs que son los aportes de los trabajadores y ciudadanos, en la esperanza de tener un día rentas de jubilación apropiadas a las condiciones de vida mejoradas.
Escuchar a personeros de gobierno que, la economía está blindada, merced al modelo económico comunitario y productivo implementado por el MAS en estos 15 años del ejercicio del poder, es oír canto de sirenas que están en la mitología y no en la realidad ya que no existe sino un modelo de desarrollo productivo capitalista al que se ha retroalimentado creando una nueva clase social de extracción indígena, originaria y campesina que resulto ser más usurera, mercantilista y succionadora de recursos del estado, a cambio de brindar apoyo en la implementación de políticas extractivista que van contra su cultura ancestral, concentrar riqueza que no generan sino a costa de mayor endeudamiento al sistema financiero nacional e internacional, los bonos creados y mejorados, son medidas de corte proselitista, como forma de prevendalismo del gobierno para evitar ser enjuiciados por delitos de lesa magnitud.
El empleo que no crece sino ampliando la economía informal con créditos canalizados y que no son invertidos en su totalidad, son otra forma de ejercer el control político del gobierno sobre sus beneficiarios, otras medidas de corte social, como la renta solidaria a los jubilados de bajos aportes, pierden su carácter solidario para convertirse en una forma más de prevendalismo demagógico que, no tienen sostenibilidad cuando, los recursos que se generan por exportaciones, pierdan demanda creciente en los mercados internacionales. La estabilidad monetaria, en la medida en que se reduzcan las reservas, bajen los precios de los productos de exportación, se incrementen los productos de importación, desencadenara en un proceso inflacionario de insospechables consecuencias negativas para la economía nacional, así como los sueldos y salarios estén en grados tan bajos que, el tipo de cambio con relación al dólar se expresaran en una desproporcionalidad mísera en la gran mayoría de la población y un engorde financiero en pocas familias que, tenderán a un retroceso en los niveles y calidad de vida de los bolivianos con respecto a otros paises vecinos.
La deuda externa que, en la actualidad, bordea un monto de 12 mil millones de dólares, se ira constituyendo en un grave problema para el país, cuyo incumplimiento de los pagos de intereses y amortización de capital sean insuficientes, seguramente, entonces, se preguntaran los que vivían en bonanza, ¿a quién beneficio dichos montos?, cuando se indicaba la existencia de 25 mil millones de dólares de reserva monetaria, fue el colchón que hacia la vista gorda a una inflación paulatina y de menos resultados, ante gigantesco monto de inversiones anunciadas, por el actual presidente, otrora ministro del mas bandido de los gobernantes que, tuvo la tragedia de renunciar, escapar, volver para seguir ejerciendo el poder por interpósitas personas del MAS-IPSP.
La gestora publica que, será la sustituta de las AFPs, a quienes el estado debe más de 7 mil millones de dólares que son los aportes de los trabajadores y el pueblo boliviano, a quien entidad pública, transferirán las funciones que ejercían las AFPs, de tipo privado, para convertirse en la que administrara los recursos económicos de los aportantes que, en primer lugar, se teme no devolverán los 7 mil millones de dólares prestados y se sospecha que, bajo la administración absoluta del estado, se puedan generar utilidades que no serán transferidas a los aportantes en las proporciones logradas, habida la experiencia de administración con personal ligada al gobierno que hace uso de los mismos sin pedir permiso a sus aportantes. La sustracción o mal manejo de los fondos como del FONDIOC, Banco Unión, otros, por militantes del partido de gobierno, se teme que se llegue a buen puerto, lo que implica, esencialmente que, debería mantenerse las AFPs privadas y la gestora publica en competencia de administrar los aportes, de modo que, voluntariamente, los aportantes decidan quién debería manejar sus aportes y pagos de rentas de jubilación con mayor utilidad que les permita confiabilidad y seguridad de que no la perderán sus aportes. No todo los estatal o privado es malo en sí, depende quienes integran estas entidades públicas o privadas que den señales de confiabilidad a sus aportantes.
Frente a este estado de situación económica y social de la población, que no está lejano el tiempo en que sea una realidad, es cuando se puede fundamentar un exagerado nivel de conflictos sociales emergentes, con el incremento de aquellos casos[1] que destruye, confronta, estigmatiza y es oprobioso para el país y la dignidad de bolivianos, como son el narcotráfico, el contrabando, la persecución, la confrontación, el avasallamiento de tierras, el racismo, la justicia injusta, además del cambio climático, malversación de recursos de aportantes y socios, los altos índices de delincuencia, pandemias y guerras internacionales.
Para combatir esto flagelos de la humanidad y la naturaleza, se hacen indispensables tomar medidas oportunas que frenen, reduzcan y erradiquen las causas generadoras del alto grado de comportamientos sociales delictivos que, solo piensan en enriquecerse, inclusive, a costa de ampliar los márgenes de la pobreza y la extrema pobreza mental, espiritual y física de la especie humana que, atenta a su propia naturaleza de ser social, al medio ambiente, a su capacidad transformador de realidades perniciosas, haciendo de la vida, de mantenerse esas condiciones descritas, una impotencia para encontrar soluciones y frustrarse en su capacidad de lucha social y política, fundado en valores de ética profesional y moral humanista.
- Actitud gubernamental ante los conflictos
Dos años de la gestión presidencial de Arce y Choquehuanca, 16 años del MAS en el poder, con muchos conflictos sin resolverse, gran parte de ellas diferidos en su tratamiento y soluciones estructurales, con loas pagadas, publicidad mediática millonaria, respuestas demagógicas a las demandas sociales, hacen caracterizar al régimen presente de no importismo, insensibilidad ante los problemas humanos, privilegio a su militancia y autoridades que cometen actos delictivos para no ser sancionados, comportamientos de protección a delincuentes y dirigentes del partido de gobierno, represión sistemática a organizaciones, personalidades y sectores que no comulgan con las políticas, delitos y conductas de soberbia, manejo arbitrario, prepotente y vulgar de instituciones tutelares, para encubrir delitos y desacreditar a la justicia por la subordinación de sus operadores a los actos y delitos contrarios a las leyes y la CPE, en fin, poder omnímodo para delinquir, provocar pérdidas millonarias al estado y perseguir, encarcelar y maltratar a quienes critican, cuestionan y claman justicia, ante la actitud cómplice con todo lo delincuencial de la vida y los actos de delincuentes desde la práctica y manejo político de los que creen y justifican que todo lo que dicen, hacen y gestionan es transparente, lo mejor de toda la historia patria. Mucha modestia en los que ejercen el poder, ¿no les parece?
Los gobiernos del MAS-IPSP, en la teoría dicen y muestran grandes obras y proyectos que, en la historia del país, jamás gobierno alguno habría realizado, en la práctica de lo que dicen y muestran, se comprueba que, van contra toda esa línea programática y estrategia de cambio, dialogo, negociación, soberanía, autonomía, democracia y tolerancia.
Disponen de cuadros políticos y agentes encubiertos, enquistados en el aparato estatal, con deformación ideológica y política, hay excepciones, como en todo, sin embargo, aquellos que ostentan cargos públicos, se endiosan, se creen sabios, justos, revolucionarios y hasta destituyen técnicos, profesionales y expertos en el manejo de la cuestión de estado probos, para dar esos cargos a gente sin formación ni calificación requerida para ejercer esos puestos, sino necesariamente a militantes del MAS-IPSP, amigos de farras, compadrería, parentesco, llunkus, etc,etc.
Un gobierno que no es capaz de fijar precios mínimos y máximos a los productos y ejercer control a que estos se cumplan, menos podrá tener el interés de sentir la necesidad de un Censo Nacional de Población y Vivienda, como base o fundamento para diseñar políticas públicas, distribuir recursos económicos con equidad, diagnosticar el estado de desarrollo alcanzado, proyectar obras, programar actividades y metas a lograr, elaborar y actualizar un nuevo padrón electoral, determinar la distribución de escaños parlamentarios, conocer las necesidades y potencialidades, identificar a la población pudiente, indigente, pobre y migrante, las actividades que realizan, los modos como generan recursos para sus familias, las capacidades de tributación de la población según lo que ganan, conocer la situación de vivienda, número de miembros que integran, los grupos etareos, la composición demográfica por edad y sexos, nivel educativo y estado de salud, a modo de presupuestar recursos para la salud, educación, alimentación y la práctica del deporte, la ciencia y el arte, según las aspiraciones o las vocaciones de los integrantes de las familias, evaluar lo impactos generados en un periodo de diez años y proyectar inversiones, obras y empleo, profesionalización, tecnificación y capacitación productiva real y deseada para cada tipo de actividad o sectores a organizar en los siguientes 10 años que media un censo de otro.
Mediante un CNPV, también el país deberá disponer de cifras de población indígena, originaria y campesina, según la nacionalidad a la que pertenecen o se identifican por pertenecer, conocer los conflictos de limites internacionales, departamentales, municipales, comunitarios y de grupos étnicos y de nacionalidades, a fin de diseñar e implementar políticas de orientación de flujos migratorios equilibrantes, según las actividades productivas de la población censada, actualizar la cartografía censal y electoral, identificar las potencialidades de recursos naturales por aprovechar para planificar la dieta alimentaria de los grupos humanos organizados, la cantidad de familias agrupadas en un determinado espacio geográfico, disponer de áreas o extensiones territoriales a ser explotadas para producir determinados productos para abastecer con alimento adecuados y recomendados por estudios científicos, así como programar los volúmenes de productos a ser exportados, sin que estos afecten a las necesidades de consumo de los bolivianos o habitantes en el territorio plurinacional de Bolivia.
Como se podrá ver la magnitud de los usos que nos permiten los resultados de un Censo Nacional de Población y Vivienda, para planificar el desarrollo económico, social, político, cultural y lingüístico, diseñar un determinado modelo de economía y sociedad, construir un Estado Plurinacional, sin la cual seguiremos reproduciendo las desigualdades sociales, disputas regionales, dispersión de la población sin ser debidamente formados y capacitados para lograr disponer de recursos humanos encargados de hacer posible un país para todos, sin distinción social y económico alguno, cuyas capacidades podrán asegurar y garantizar una estructura de poder plurinacional, equitativo y solidario para consolidar un país que opte por decisión y voluntad propia, una sociedad sin discriminación, sin antagonismos de clase ni de razas, mucho menos de regionalismos, xenofóbicos, sexistas o de predominio de géneros y generacional.
Los criterios provenientes del mismo seno del MAS, afirman y confirman que al interior de este movimiento, se generan rasgos de división, diríamos nosotros de modos de actuación estratégica, con el afán de mantenerse como, ellos dicen, el partido más grande que nunca hubo en el país, hay que darles su razón si es que provienen esas versiones de los propios masistas (Cada panadero alaba su pan), fanáticos, ortodoxos, progresistas y demócratas que por supuesto dan lugar a fricciones, porque al final de cuentas, todos tienen su modo de pensar, decir y actuar también de manera contradictoria.
La renovación en la directiva de la Cámara de diputados, señalan las diferencias entre aquellos que, responden a la línea de Arce y otros de Morales, de ningún modo hay que ver como que los masistas están cambiando, sino que están ingresando a la etapa de su fase terminal.
Sea cual fuere la fecha de realización del censo que, determine ese equipo técnico, quedara claro, que el MAS, Evo Morales y Luis Arce, fueron derrotados con todo el poderío de las medidas de presión ejercidas para levantar el paro en Santa Cruz, habida cuenta que esta actitud logro apoyo incondicional a dicha medida por ser coherente, necesaria y hasta propio de la lucha política.
- Riesgos políticos, sociales, económicos y ambientales
Estos dos años del gobierno de Luis Arce, en estos últimos tres meses de gestión, nos están enseñando que nada es eterno ni absoluto en la política, los siempre amigos un día llegan a separarse por enamorarse de la misma mujer (poder), es ahí cuando la mujer determina con quien se siente más realizada en sus aspiraciones, deseos, sueños y maltratos recibidos, por sus circunstanciales amantes (gobernantes), sin dejar de continuar controlando y reprimiendo a los integrantes de la sociedad (Estado Plurinacional), para cambiar de amante o volver con alguno que la volvió insensible y sádica narcisista.
Frente a estas tendencias, no hay que dudar que el pueblo boliviano debe decidir tomar riesgos que marcaran los rasgos estructurales y las marcas que caracterizaran su estado de salud del estado y la sociedad.
Es así como, la coyuntura presente descrita, nos indica, en política, los siguientes riesgos político-sociales:
- Por las contradictorias actuaciones y argumentos del MAS, sobre el censo, el proceso de fracturación es más probable que se de en la mira de las elecciones del 2025, ir separados para unirse enojados ante la emergencia de candidatos de mayor caudal electoral.
- La correlación de fuerzas a partir de la demanda del censo y la postergación arbitraria del gobierno, han producido en la población mayor conciencia sobre la causa de su no realización y respeto a liderazgos regionales en desmedro de los dirigentes políticos partidarios por su consecuencia y obediencia al cabildo cruceño.
- El MAS pierde credibilidad a riesgo de desaparecer, a consecuencia de realizar gestión política gubernamental y del poder, que lave la mala imagen de su líder histórico que sabe jugar y, al sentirse separado del juego por el poder, batalla para ser candidato, declarando, en los momentos críticos de las negociaciones o diálogos fraguados, ante la consecuencia del paro, culpando a ministros de la negligencia para solucionar los problemas con prontitud que, el mismo los impulsa con sus guardianes pretorianos.
- Las próximas elecciones generales ya no serán la victoria de los candidatos del MAS, sino que la asamblea legislativa plurinacional recuperara su calidad democrática, deliberativa y representativa, constituyéndose en la trinchera de lucha en el que los asambleístas ganen respeto y credibilidad, según la calidad política e ideológica de sus integrantes, la formación profesional y la imagen de ciudadanos consecuentes que proyecten, por la defensa de la patria, elaborar leyes que se cumplan y conformar directivas y comisiones camarales mixtas y que sean el nivel real de bolivianos que enjuician, censuran y aplican las leyes para castigar a los que atentan contra los intereses de los Bolivianos y el país, a los corruptos, narcotraficantes y contrabandistas que se enriquecen desde el poder con apoyo del estado de manera ilícita, fiscalicen, sin contemplación alguna, las actividades de los órganos del estado, acorde establece la CPE.
En el plano económico y ambiental, también existen riesgos como:
- Elevación de los precios de los productos de exportación e importados, darán como lógica consecuencia acelerar el proceso inflacionario, la reducción de fuentes de empleo, modificar el tipo de cambio, incrementar el endeudamiento interno y externo, hasta dejar de ser inviable el cumplimiento de pagos de intereses y amortización a los acreedores
- La poca formación técnica y profesional o experiencia en personal del INE y entidades del Estado, han provocado el señalamiento de carencia de autoridades con criterio amplio en el tratamiento de conflictos y demandas insatisfechas para la mayoría de los sectores, exceptuando a mineros del oro, como los responsables de generar una perdida millonaria a la economía boliviana, algo de 600 millones de dólares.
- Impedir la producción normal en las fábricas e industrias privadas, por bloqueos de la parte gubernamental y sus aliados de los movimientos sociales, la toma de la planta de Palmasola, cierre de válvulas para la provisión de carburantes a los servicios de transporte, decretos de no exportación de productos, incumplimiento de compromisos de exportación y pagos millonarios por multas, así como la probable perdida de mercados de exportación.
- Por los bloqueos con arena trasladado con maquinaria pesada del estado y privados, la quema de llantas, la gasificación y los focos de calor provocados por malhechores, en diferentes partes del territorio nacional, se ha incrementado la contaminación ambiental y el avasallamiento de predios y haciendas por parte de los llamados interculturales, que son los más desclasados y arribistas a los que el gobierno del MAS les ha encumbrado como principal factor de apoyo al poder, en desmedro de la COB, la CSTCB, la FSTMB y otras organizaciones comunitarias no controladas por el MAS y sus copetones proletarizados, con la consecuente pérdida de su capacidad de lucha, en defensa de los trabajadores y naciones oprimidas del país.
- Conclusiones y recomendaciones
Ya no hay duda de que el paro indefinido de Santa Cruz, exigiendo la realización del CNPV el 2023 y las acciones de presión ejercidas por el gobierno, contra la población de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija Oruro, Potosí, con bloqueos, enfrentamientos callejeros y manipulación de las fuerzas del orden a su favor, ha agudizado la polarización social, cuya demostración de discriminación y expresiones racistas por quienes ejercen el poder y movilizan sus huestes, enseñan que la ley contra la discriminación y el racismo no ha reducido estas prejuicios, por el contrario las ha reactivado en dimensiones mayúsculas.
Los efectos de las medidas represivas, freno a las exportaciones, la dilación de encuentros para tratar la demanda del CNPV a nivel regional y nacional, se verán en sus efectos contraproducentes a la llamada reactivación de la economía, por terquedad del propio gobierno, que servirá para el desenmascaramiento de la pobreza incrementada, subida de precios en los alimentos, inflación y perdida de los ingresos, reducción en la producción y productividad agropecuaria, el tipo de cambio fuertemente presionado por organismos internacionales, las dificultades de pagar deudas y los intereses al sistema bancario, el incremento en los flujos migratorios y actos delincuenciales como formas de subsistencia, sin sufrir sanciones de ley.
Ante el monopolio político partidario del MAS-IPSP, que ha hegemonizado las decisiones políticas y promulgado gran cantidad de leyes de alto contenido social, han contribuido al no acatamiento y cumplimiento de dichas disposiciones por no cumplir ni hacer cumplir, sino haciendo todo lo contrario de las normas legislativas, lo que dará lugar a la conformación de partidos políticos en desmedro de los movimientos sociales que son cómplices del autoritarismo ejercido en estos 16 años en poder del MAS, de esa cantidad de instrumentos políticos, brotara también, desde los sectores controlados por el MAS-IPSP, otros partidos, para disputar espacios de poder, rectificar delitos, retomar el programa y principios fundacionales del MAS, buscar alianzas y volver a la conformación pactos con carácter de magacoalisiones, como una de las maneras de convivir en democracia, donde se debatirán problemas y propondrán soluciones de conjunto hasta que sea superada esta forma de alianzas, cuando se imponga quien tenga argumentos convincentes sólidos, decisiones oportunas, debates institucionalizados en todas las entidades públicas y privadas y la consecuencia de cumplir lo que se propone de una forma crítica y autocrítica, como practica en el ejercicio del poder, construyendo Bolivia para un futuro digno para las generaciones venideras, sin excluir las contradicciones propias y haciéndolas menos antagónicas para hacerlas de consenso.
Las fuerzas sociales y ciudadanas opositoras al modelo económico y político prebendal del MAS, desde las regiones, articularan proyectos de carácter autonómico, hacia un Estado menos centralista que procure fortalecer empresas productivas, planificar inversiones que permitan nivelar los grados de desarrollo armónico y equilibrado de las regiones, sin discriminar aquellas que no siempre estén subordinados al poder central ni al partido de gobierno, sino, ejercer su propia autonomía de gestión, como prioridad del estado a que todos los departamentos, municipios y comunidades, cuenten, dispongan de similar grado de contribución a la soberanía del país, crecimiento urbano, dotación de servicios con proyección al futuro cada diez años.
Por último, los departamentos o regiones que generan más recursos para el Estado y cuentan con los factores de producción más avanzados, tienen que compartir sus utilidades redistribuyendo las mismas en forma proporcional a lo que estos hicieron por Bolivia y su actual grado de desarrollo y crecimiento, con recursos transferidos fomentando mayores inversiones y reteniendo los flujos migracionales negativos para los expulsores de población, por carencias sentidas, a fin de que retornen a sus lugares de origen o residir donde crean estar mejor acomodados, sin olvidar su cuota parte hacia sus familias asentadas ocupando un lugar donde también tienen derecho a progresar, mejorara sus condiciones y calidad de vida, esto solo es posible con políticas de estado benefactor y contralor de inversiones equitativas bajo indicadores de extrema pobreza, carencia de recursos naturales, ausencia de infraestructura productiva y de productividad, para que se dediquen a actividades de turismo, protección y defensa del medio ambiente, capacitación de grupos humanos a ser empleados en actividades productivas, deportivas y de servicio, desde donde se distribuirán organizadamente hacia las áreas potenciales para trabajar, aplicar tecnología apropiadas e innovadas, por técnicos y profesionales así como por la mano de obra calificada.
[1] Editorial Opinión, Ocho motivos de vergüenza nacional, Pagina Siete, La Paz, 6 de agosto de 2022, pagina 10.
