En Bolivia, la vida de muchas mujeres transcurre entre conquistas legales y violencias persistentes. Aunque el país cuenta con una constitución que garantiza la igualdad y con leyes específicas para proteger sus derechos, cada año se registran decenas de feminicidios y miles de denuncias por violencia física, psicológica y sexual. La discriminación laboral, el acoso y la desigualdad salarial siguen presentes, revelando una profunda distancia entre el marco normativo y la realidad cotidiana de un país que, pese a su discurso de justicia social y defensa de los derechos, todavía no logra proteger de manera efectiva la vida de sus mujeres.
El 8 de marzo recuerda que la lucha por los derechos de las mujeres no es reciente ni aislada. Nació de las demandas obreras de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando trabajadoras textiles exigían jornadas justas, salarios dignos y derecho al voto. Con el tiempo, la fecha fue reconocida oficialmente por las Naciones Unidas en 1977 como un llamado global a la igualdad de género y a la erradicación de la violencia. En Bolivia, esta conmemoración adquiere un significado particular en un contexto donde las mujeres representan más del 50% de la población y sostienen buena parte de la economía familiar y comunitaria y donde -a pesar de su aporte fundamental al desarrollo social y económico del país- continúan enfrentando altos niveles de violencia y desprotección.
El país avanzó en la construcción de un marco legal fuerte. La Constitución Política del Estado de 2009 establece la igualdad entre hombres y mujeres y prohíbe toda forma de discriminación. La Ley 348 tipifica el feminicidio y crea mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia. La Ley 243 protege a las mujeres frente al acoso y la violencia política. La Ley 045 sanciona actos de racismo y discriminación, mientras que la normativa laboral prohíbe el despido por embarazo y promueve la igualdad salarial. Sin embargo, en la práctica muchas de estas normas quedaron como declaraciones formales, pues su aplicación fue limitada y frecuentemente insuficiente para proteger a las mujeres bolivianas.
En educación y participación económica se registraron avances importantes. La escolaridad femenina aumentó y la brecha con los hombres se redujo considerablemente. Cada vez más mujeres acceden a estudios superiores. También creció su participación en el mercado laboral, aunque se concentra en sectores informales como el comercio minorista, el trabajo doméstico y la agricultura familiar, donde los ingresos son inestables y la protección social es limitada, lo que refleja desigualdades estructurales que persisten en la sociedad boliviana.
Pese a ello, la violencia continúa. Los registros oficiales reportan alrededor de 80 feminicidios anuales en los últimos años, con mayor incidencia en los departamentos del eje central. La mayoría de los agresores son parejas o exparejas. Miles de casos de violencia intrafamiliar y sexual se denuncian cada año, pero solo una parte llega a instancias judiciales y muchos terminan archivados o sin sanción efectiva, lo que refuerza la sensación de impunidad.
En Bolivia, de una u otra manera, se sigue matando a las mujeres. Se las mata físicamente a través del feminicidio; pero también de forma silenciosa mediante la violencia cotidiana, el maltrato constante, el acoso, la humillación y el abandono institucional. Hay mujeres enfermas por el estrés y el miedo; mujeres maltratadas que viven bajo amenaza; mujeres que cargan con dolores físicos y emocionales que muchas veces no se ven o comprenden y que también constituyen formas de muerte en vida.
Desde una perspectiva sociológica, esta situación se explica por la persistencia de estructuras patriarcales profundamente arraigadas. El patriarcado no solo es un conjunto de actitudes individuales, sino un sistema histórico que organiza el poder, asigna roles rígidos y legitima la autoridad masculina en el ámbito público y privado. Cuando estas normas son cuestionadas por la autonomía económica o educativa de las mujeres, pueden generarse tensiones que derivan en violencia como mecanismo de reafirmación de poder, una dinámica que se observa en diferentes regiones de Bolivia.
También influyen factores estructurales como la desigualdad económica y la informalidad laboral. La dependencia financiera limita la capacidad de muchas mujeres para abandonar relaciones violentas. La sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado refuerza su subordinación y reduce sus oportunidades de desarrollo profesional. En áreas rurales e indígenas, las barreras lingüísticas, geográficas y culturales dificultan aún más el acceso a la justicia.
Desde el punto de vista psicológico, la violencia de género también se sostiene en patrones aprendidos. Muchos agresores reproducen conductas internalizadas en entornos donde la violencia fue normalizada. La teoría del aprendizaje social explica cómo estas prácticas pueden transmitirse entre generaciones y a ello se suma una construcción tradicional de la masculinidad que reprime la expresión emocional y canaliza la frustración mediante el control o la agresión.
En las víctimas, la violencia prolongada puede generar indefensión aprendida, un estado en el que la persona percibe que no tiene control sobre lo que ocurre y pierde la capacidad de reaccionar o denunciar, según especialistas en psicología. El ciclo de la violencia (tensión, agresión y reconciliación) refuerza la permanencia en relaciones dañinas, especialmente cuando existen hijos, dependencia económica o presión social para mantener la familia “unida”.
Otro elemento clave es la debilidad institucional. Aunque la Ley 348 es considerada avanzada, enfrenta limitaciones presupuestarias, sobrecarga judicial y falta de personal especializado. La demora en los procesos y la revictimización desalientan la denuncia. Sin una implementación eficaz y sostenida, las leyes pierden su capacidad transformadora.
Estamos ante un nuevo 8 de marzo y más allá de actos conmemorativos y discursos oficiales, el momento exige una reflexión profunda y un compromiso real. No basta con recordar la lucha histórica de las mujeres; es imprescindible reconocer que en Bolivia esa lucha continúa siendo una cuestión de supervivencia cotidiana.
El 8 de marzo debe ser una fecha simbólica y un punto de pronunciamiento. Durante años se promulgaron normas y se pronunciaron discursos, pero la realidad demuestra que muchas mujeres bolivianas siguieron enfrentando niveles alarmantes de violencia sin respuestas contundentes del Estado. A lo largo de los años de gobierno del MAS se aprobaron leyes importantes, pero no se garantizó su aplicación efectiva ni se fortalecieron suficientemente las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, lo que permitió que la impunidad y la debilidad institucional persistieran.
Ahora con un nuevo gobierno, el país necesita que éste tenga políticas efectivas, mayor inversión institucional y sanciones reales que rompan con esa inercia y garanticen que las leyes se cumplan sin excusas ni demoras.
El clamor que hoy resume esta lucha en toda América Latina es “Ni una menos”, consigna surgida en Argentina el 3 de junio de 2015 tras el feminicidio de la adolescente Chiara Páez, que desató una masiva movilización contra la violencia de género. Inspirada en la frase “Ni una muerta más” de la activista mexicana Susana Chávez, utilizada para denunciar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez desde los años noventa, esta expresión se convirtió en un grito regional contra el feminicidio. En Bolivia, donde la violencia sigue cobrando vidas cada año, ese llamado mantiene plena vigencia es decir que ninguna mujer más sea asesinada, que ninguna más sufra de acoso, que ninguna más sea maltratata, que ninguna falte en nuestras familias y en nuestra sociedad.
