Sin duda alguna, el proceso europeo de integración es el más desarrollado y el de mayor alcance espacial, temporal y material, no obstante que en su construcción afrontó múltiples dificultades estructurales y coyunturales, que ha ido superando con esfuerzo y firme voluntad política.
Desde sus inicios, la Unión Europea (UE) apostó por la cohesión de los Estados miembros como mecanismo para dar estabilidad política a Europa; apostó por el desarrollo humano, con énfasis en la educación como instrumento garante de los valores democráticos y respeto a las instituciones, y apostó por el crecimiento económico, bajo la égida del multilateralismo comercial y las inversiones.
Este proceso fue impulsado y sostenido por líderes, y estadistas de gran talla y desde un inicio el objetivo fue de largo alcance, y sostenibilidad; tanto que ninguno de los múltiples tratados que forjaron y sostienen a la Unión previeron la posibilidad de una escisión o desmembración.
Es así que recién, después de 58 años de su génesis, el 1 de diciembre de 2009 entró en vigencia el Tratado de Lisboa, que en su artículo 50 abre la posibilidad de que un país miembro, en forma soberana, decida retirarse de la Unión Europea; sus proyectistas han manifestado que dicha norma fue redactada en la perspectiva de no ser usada.
Evidentemente parece ser así, pues la eventual salida de un Estado miembro es un complicado proceso que pone en movimiento a una gran parte de la maquinaria institucional de la UE, como el Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión.
En efecto, el Estado miembro que decida retirarse de la UE notificará su intención al Consejo Europeo. A partir de ello y en el término de dos años, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión Europea. Posteriormente, el Consejo celebrará dicho acuerdo en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.
En relación con el Brexit, el acuerdo de salida del Reino Unido del seno de la UE ya ha sido concertado y aprobado por los 27 Estados miembros, y por la Primera Ministra de Inglaterra; ahora toca que el Parlamento Británico lo apruebe el 11 de diciembre, cuestión que muchos políticos británicos han puesto en duda, no obstante que la aprobación de este acuerdo sería lo más conveniente para los intereses de ese país.
Sobre el particular, un informe reciente del Banco de Inglaterra afirma que las pérdidas del PIB serán mayores si hay un Brexit sin acuerdo o si únicamente se llega a un acuerdo de libre comercio. Las consecuencias negativas de una salida no pactada también se sentirán en otros ámbitos, como el sector financiero, de inversiones, seguridad social, empleo, migración y otros.
Lo cierto es que con acuerdo o sin acuerdo de salida, el 29 de marzo de 2019 el Reino Unido pasará a ser un tercer Estado en su relación con la Unión Europea, salvo que, en forma soberana, decidan revertir la decisión de retirarse de la UE.
A pesar de la inédita y difícil coyuntura generada por el Brexit, los 27 miembros se han mantenido unidos en el tema y han actuado en consecuencia. Angela Merkel ha definido el acuerdo como “una obra de arte diplomática” y ha dicho “sólo podemos ser fuertes si defendemos nuestros intereses juntos”. Emmanuel Macron también ha mostrado optimismo sobre el futuro de la Unión y ha señalado que se debe pensar en una “refundación de la UE”, esto seguramente en la perspectiva de profundizar el proceso en áreas que han estado vetadas por el Reino Unido.
Esperemos que la UE continúe siendo un actor importante en el escenario internacional, no sólo para beneficio de esa región, sino fundamentalmente para preservar el equilibrio de poder en esta difícil coyuntura mundial.
