La violencia es lo que prima en La Paz en estas últimas semanas y los periodistas son uno de los sectores que más sufre porque cubrir lo que está sucediendo en la sede de gobierno se volvió una tarea cada vez más riesgosa para la prensa en medio de bloqueos, gases, agresiones y desabastecimiento que marcan la rutina diaria. Los periodistas no solo están contando la crisis y la brutalidad con que se dan los hechos, también están padeciendo en carne propia.
Y eso ocurre además en un país donde el poder cambió de manos pero las condiciones de protección para la prensa siguen siendo insuficientes y precarias, el gobierno instalado desde noviembre de 2025 no logra ofrecer garantías reales y sostenidas para proteger a los periodistas en el terreno justamente cuando más las necesitan. La cobertura de los hechos violentos, las protestas y el desorden callejero provocado por sectores afines al MAS, los expone a agresiones físicas, retenciones, hostigamiento y también a la presión digital que pretende corregir, desmentir o intimidar cada nota que incomoda.
Pero sería ingenuo pensar que este problema empezó ahora, durante los 20 años de hegemonía del MAS muchos periodistas trabajaron en un ambiente de presión constante, con libertad condicionada, estigmatización, ataques verbales y una democracia que en los papeles se mostraba abierta; pero en la práctica muchas veces funcionó con límites claros para la crítica, no fue una libertad plena sino una convivencia embarazosa con el poder donde hablar fuerte tenía costo y cuestionar podía convertirte en blanco de campañas, descalificaciones o aislamiento institucional.
Hoy el resultado de ese largo maltrato se ve con crudeza, la prensa llega a la calle a cubrir una crisis marcada por bloqueos y escasez de carne, pollo, huevos y otros productos básicos; pero también atravesada por una polarización que vuelve más difícil distinguir entre información, propaganda y ruido. En ese contexto la Defensoría del Pueblo verifica agresiones e impedimentos al trabajo periodístico durante las jornadas de conflicto en La Paz, mientras la Asociación Nacional de la Prensa denuncia lesiones, hostigamiento y retenciones contra reporteros en zonas de protesta y desbloqueo.
Los casos concretos muestran que la violencia no fue abstracta, según denuncias y reportes existen grupos violentos afines al MAS que arremetieron contra la prensa, entre ellos sobresalieron los denominados Ponchos Rojos, grupos de maestros rurales y urbanos y cooperativistas mineros, quienes no solo protagonizaron agresiones sino también destrozos en distintas zonas de la ciudad con daños a infraestructura pública y privada; rotura de vidrios en edificios; afectación a contenedores de basura, parques, plazas y mobiliario urbano, además de la destrucción de casetas, el deterioro de vías en puntos de bloqueo y ataques a instalaciones en sectores estratégicos de la sede de gobierno.
Se registraron hechos directos contra la prensa, un periodista de un medio del grupo Fides fue pateado, correteado y golpeado durante la cobertura; un reportero de una red televisiva fue retenido en Huajchilla, una reportera de una radio se desmayó al ser gasificada y dos periodistas de distintos canales resultaron afectadas tras la represión. También se reportó que siete trabajadores de prensa, entre ellos cuatro periodistas y tres camarógrafos, fueron agredidos en una marcha, mientras otros camarógrafos fueron expuestos a gases, sufrieron daños en sus equipos y vieron interrumpidas sus coberturas por grupos que no querían dejar registro de lo que estaba ocurriendo.
Todo esto sucede mientras en las redes sociales circulan “fake news”, capturas de pantalla y rumores que solo suman incertidumbre, la mentira se multiplica porque la crisis la alimenta y porque siempre hay quien aprovecha el caos para imponer su versión. Ya se desmintieron varias noticias falsas sobre supuestas salidas y renuncias pero el daño ya estaba hecho y en ese ambiente también aparecen los llamados guerreros digitales, perfiles que salen de inmediato a revisar, atacar o descontextualizar el material de los periodistas con una rapidez que revela organización y objetivo político y no simple opinión ciudadana.
La comparación con 2019 sigue siendo inevitable, entonces el país vivió el colapso político por las denuncias de fraude electoral, la convulsión social y la huida del ex presidente Evo Morales junto con su entorno más cercano, aquello dejó una lección dura porque mostró cómo una crisis puede terminar devorando no solo un gobierno sino también la confianza pública, la convivencia y la credibilidad de las instituciones.
Por eso la defensa de la prensa no puede ser un gesto de ocasión, debe ser una exigencia firme y sostenida frente a la violencia y la impunidad y es el gobierno de Rodrigo Paz Pereira quien tiene la responsabilidad directa de garantizar condiciones reales de seguridad para el trabajo periodístico, porque no se trata de pedidos aislados sino de una obligación del Estado en medio de una crisis que expone a quienes informan, advertir esto es clave porque lo que está en juego no es solo la integridad de los reporteros sino el derecho de toda la sociedad a estar informada y sin periodistas libres no hay ciudadanía conocedora de los hechos, ni democracia que se pueda sostener adecuadamente.
