Rodrigo Pacheco Campos
El recientemente publicado informe La paridad más allá de la paridad. Participación política de las mujeres en el largo camino hacia la democracia paritaria intercultural —realizado por Oxfam en Bolivia, la Coordinadora de la Mujer y CESU-UMSS—, presenta constataciones y propuestas en torno a la situación y los desafíos de la paridad en Bolivia que merecen ser expuestas e incluidas dentro del debate público en el país.
Lo primero que debe mencionarse es que el informe no busca constituirse solamente en un recuento de los hitos y de las características de la paridad en Bolivia, sino en una apuesta hacia la construcción de un nuevo horizonte social y político por medio del posicionamiento de la democracia paritaria intercultural, vinculando dos agendas que emergieron desde la sociedad civil: despatriarcalización y descolonización. Así, La paridad más allá de la paridad tiene dos dimensiones claramente identificables. Por una parte, una propositiva, en la que se identifica a la democracia paritaria intercultural como un proyecto político de ampliación democrática en construcción, o bien de “radicalización de la democracia”. Y, por otra parte, una analítica/descriptiva en la que se esboza el complejo recorrido histórico de la inserción de las mujeres al campo político en el país, desde el retorno a la democracia hace casi 40 años hasta la actualidad.
Por supuesto, ese complejo recorrido se encuentra revestido de cambios normativos e institucionales, de avances, de luchas y resistencias conservadoras e, indefectiblemente, de obstáculos y desafíos. El informe —utilizando reflexiones teóricas, datos, encuestas y grupos focales— permite identificar esas distintas aristas del recorrido de la democracia en Bolivia hacia la paridad, tomando en cuenta que cada una de las dimensiones de la inserción de las mujeres a la arena política —a saber: acceso, participación y ejercicio— enfrenta retos y obstáculos particulares, a la vez que desafían a una misma estructura androcéntrica.
Todo ello contemplando el marco normativo e institucional en Bolivia, avanzado en términos de ampliación de derechos de participación política de las mujeres, que se ha ido readecuando a los desafíos estructurales y coyunturales que se fueron presentando en el país durante las últimas décadas. Recuérdese que los primeros cambios normativos emergieron con la Ley de cuotas, en 1997, en un contexto de ausencia normativa en torno a la participación política de las mujeres, y evolucionaron hacia la consolidación de la paridad, ya en el siglo XXI, en el marco de la aprobación de la CPE (2009) y de la Ley del Régimen Electoral (2010). Los resultados de esos cambios y de la consolidación institucional de la paridad, como dispositivo normativo para garantizar el acceso de las mujeres a cargos legislativos, fueron progresivos e importantes, a pesar de la resistencia que impusieron las organizaciones políticas tradicionales.
Actualmente, la proporción de mujeres en la cámara de diputados asciende al 46,9%, porcentaje muy distinto del 11,5% que existía el año 1997, en el que se promulgó la Ley de cuotas. Con pequeñas diferencias, la situación es similar en las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales. Sin duda, se trata de un avance en términos de acceso de las mujeres a la arena legislativa. Sin embargo, surgen las preguntas: ¿Los avances en cuanto al acceso de las mujeres a cargos legislativos, en los diferentes niveles del Estado, garantizan que el ejercicio de ese cargo se produzca plenamente y en igualdad de condiciones? ¿El acceso de las mujeres a la política se produce también en los órganos ejecutivos?
El informe constata que, para ambas preguntas, la respuesta es negativa. Los órganos ejecutivos están casi exclusivamente reservados para los hombres y las mujeres experimentan aún un conjunto amplio de barreras/obstáculos para poder acceder y permanecer en el escenario político legislativo de forma plena. Dentro de esas barreras destacan, por ejemplo: i) la presencia de partidos muralla que, lejos de ser la expresión de valores democráticos y de igualdad, expresan resistencia hacia la paridad dentro de sus estructuras internas y dentro de sus principios rectores; ii) acoso y violencia política hacia las mujeres, que busca acortar sus mandatos, minar su permanencia en la política, así como impedir su participación efectiva en la toma de decisiones; iii) la distribución desigual de los trabajos de cuidados entre hombres y mujeres, sustentada en el sistema de dominación masculino, que limita la participación de las mujeres en la política; iv) sentidos comunes, estereotipos y estigmas acerca de la mujer y su “naturaleza”, sedimentados en la sociedad boliviana —la mujer como una encarnación de sensibilidad, de falta de experiencia y capacidad para actividades políticas, y de competencia con sus congéneres—.
Asimismo, destaca el hecho de que la presencia paritaria de las mujeres dentro del ámbito legislativo nacional, departamental y municipal no se traduce mecánicamente en un cambio de esencia de su estructura —permeada por el machismo—, ni en una mayor producción legislativa respecto a temáticas vinculadas con las demandas de las mujeres. Como ejemplo de ello el informe indica que en la Asamblea Departamental de La Paz, entre 2015 y 2021, lapso en el que se aprobaron 165 leyes, solo se aprobaron 3 con relación a las necesidades y demandas de las mujeres. Por supuesto, la responsabilidad de ello no puede transferirse a las mujeres que ocupan los cargos, como si se tratara de una consecuencia de “su poca voluntad”; más bien, se hace evidente la necesidad de ahondar en las causas multivariables que configuran la marginalidad de las leyes con enfoque de género dentro de las instancias legislativas, muy a pesar de que éstas cuenten con una composición paritaria.
Ante esos desafíos, y reconociendo los avances, el informe plantea la necesidad de democratizar los partidos políticos que, como se sabe bien, son los instrumentos dominantes de representación política en el país, así como de transitar de la paridad formal y numérica hacia la paridad sustantiva. Para ello, acentúa la necesidad de un nuevo ciclo de reformas normativas que respondan a los desafíos del momento actual y, aunque con menor desarrollo, enfatiza la necesidad de modificar las relaciones de poder que configuran la posición de subalternidad de la mujer. No hay ninguna novedad al respecto: la tarea fundamental seguirá siendo buscar procesos de igualación real y de construcción de bases —económicas, políticas, culturales, institucionales, etc.— que permitan la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones.
