Ronald Valera
En los sistemas políticos con fundamentos democráticos los diversos actores, hacen todo lo que esta en sus manos de manera licita y no tan licita para obtener el poder ejecutivo, uno de los pilares que junto con el legislativo y el judicial cimienta a toda democracia (en la actualidad se han conformados otros pilares); sin embargo, el poder judicial literalmente es la joya de la corona de los poderosos, porque se han percatado que dominando la justicia pueden ejercer el poder sin ningún contrapeso, o sencillamente no serán juzgado por todas las acciones cometidas que vayan en contra del ordenamiento jurídico, especialmente en todo lo relacionado con los casos de corrupción del Estado cuando se ejerce el gobierno.
Partiendo de lo antes mencionado, en América Latina los lideres políticos buscan por todos los medios dominar al poder judicial encarnando luchas que perjudican a las instituciones de Estado; un ejemplo palpable es la situación de Argentina donde desde hace años la actual vice presidenta ha intentado de todo para dominar la justicia, quedando frustrado en sus acciones pero encaminando a la Argentina a una crisis institucional peligrosa, aunque el conflicto de poderes (Legislativo vs Judicial) continua los responsable del poder judicial han llevado la situación de manera equilibrada y apegada a derecho. Así mismo, en Bolivia desde hace muchos años el poder judicial no cuenta con la autonomía necesaria por diversos factores, los casos judiciales no se apeguen al debido proceso generando que quien cuente con mayor poder político o económico salga beneficiado, dejando en el camino casos impunes sobre todo lo relacionado a la violencia de genero e infanticidio.
De igual forma, aunque el contexto del poder judicial en Latino América es desalentador se pueden generar transformaciones importantes, comenzando que los procesos judiciales se apaguen al debido proceso, que los jueces y fiscales sean elegidos por mérito y si se apartan del debido proceso en algún caso sean sancionados con severidad (según lo contemplado en las leyes); que los ciudadanos tengan conocimiento y conciencia que todos son sujetos de derechos y deberes.
Ronald Valera es filósofo.
