El pasado 22 de febrero y por invitación directa del gobierno de Luís Arce, Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU, brindó un informe preliminar sobre la situación de la justicia en Bolivia, su informe final será presentado en junio del presente año ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. García-Sayán no manifestó algo desconocido por la ciudadanía boliviana, todo lo contrario, brindó un resumen de un conjunto de males familiares y hasta normalizados. Empero, sus apreciaciones brindan la oportunidad de plantear escenarios que promuevan una verdadera reforma estructural de la justicia boliviana. Convienen entonces recapitular algunas de sus partes más importantes:
1. La justicia está lejos de la gente. – Aspecto más difundido por algunos medios de comunicación y refiere la distancia de la administración de justicia respecto a sectores vulnerables de la población: pobres, víctimas de delitos entre muchos otros. Este distanciamiento no se debe solamente a la indiferencia por los padecimientos que implica enfrentar un proceso judicial sino sobre todo a la corrupción del sistema y al alto grado de desconfianza generado en la población. Además, se destacó el miedo de víctimas reticentes a denunciar abusos y delitos provenientes del propio Órgano Judicial.
2. Mujeres y acceso a la justicia. – De todos los sectores y victimas afectados por la justicia en Bolivia, las mujeres se encuentran en un grave estado de vulnerabilidad y desprotección. La saturación procesal y actos de corrupción en casos de violaciones y feminicidios agravan esta situación.
3. El abandono de la jurisdicción indígena originaria campesina.- Conforme a lo establecido en la constitución política del Estado Plurinacional, la jurisdicción indígena originaria campesina, junto con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, forma parte fundamental de la administración de la justicia boliviana, sin embargo existe falta de coordinación con la jurisdicción ordinaria y una insuficiente delimitación de competencias provocada por la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
4. Detención preventiva y violación de derechos fundamentales. – Siete de cada diez personas detenidas en Bolivia no tienen sentencia lo que implica un abuso de la detención preventiva, medida que debería ser usada en casos excepcionales pues vulnera derechos fundamentales y la presunción de inocencia.
5. Sobrecarga laboral de jueces. – Existe una relación de 530 casos por juez en Bolivia, una clara muestra de sobrecarga laboral que impide la tramitación oportuna y el conocimiento responsable de las causas procesadas en el Órgano Judicial.
6. Falta de formación profesional y de carrera de jueces. – Solo el 44%de los jueces cuenta con formación especializada en la judicatura. La inestabilidad laboral, una crónica falta de presupuesto y recursos económicos son claras debilidades del sistema judicial. Urge consolidar una carrera para operadores de justicia bajo parámetros de competencia, meritocracia, experiencia profesional, reconocimiento a la trayectoria y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la independencia de poderes.
7. Falta de transparencia y acceso a la información. – Defecto que comparten otras instituciones como el Ministerio Público, varios testimonios de víctimas dan cuenta del desamparo y la falta de sensibilidad de operadores de justicia y administrativos para brindar información sobre el funcionamiento del aparato burocrático.
8. Presiones políticas y mediáticas sobre la justicia. – La vulnerabilidad del Órgano Judicial a presiones políticas es notable. Abundan casos de destitución, encarcelamiento y procesamiento de jueces por presiones directas de instituciones como el Ministerio de Gobierno.
9. Selección y designación de altas autoridades jurisdiccionales. – La constitución política del Estado establece una clara dependencia del Órgano Judicial al Órgano Legislativo respecto a la preselección de candidatos a altos cargos jurisdiccionales, lo que genera vulnerabilidad y falta de independencia de los operadores de justicia respecto al poder político. Si se suma esto a los bajos índices de participación ciudadana en las elecciones de magistrados y al alto porcentaje de votos blancos y nulos en estos procesos electorales, se entiende que la ciudadanía rechaza y desconfía de los mecanismos de elección de autoridades judiciales.
Incendiar domicilios de feminicidas y encarcelar algunos jueces corruptos ayuda a desahogar la comprensible indignación social pero no solucionan el tema de fondo. Estamos ante un problema estructural que viene acumulándose desde hace décadas. La administración de justicia e instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura forman un sistema putrefacto de corrupción, incumplimiento de deberes, negligencia e insensibilidad social. Existen buenos jueces, fiscales y administrativos, pero son una minoría ínfima e impotente ante el sistema que eventualmente termina por triturarlos.
Los políticos y autoridades de gobierno no pueden llevar a cabo una verdadera reforma judicial porque no les interesa una justicia independiente, necesitan que sea funcional a sus intereses, que valide repostulaciones inconstitucionales, mire a otro lado en caso de masacres y retarde procesos cuando sea conveniente. Pero es la propia administración de justicia la que se protege contra cualquier reforma importante, son sus autoridades y miembros los que reproducen el sistema pues sus privilegios y fortunas dependen de él. Se ha institucionalizado la corrupción, el favoritismo político y el nepotismo. Este panorama tan desolador impide guardar cualquier esperanza para que los propios operadores de justicia hagan algo por salvar un barco que lleva años debatiéndose entre naufragar y encallar. Corresponde a la ciudadanía ejercer no solo la presión social para que se geste un verdadero cambio, sino comandar y participar activamente una verdadera reforma estructural de la justicia boliviana.
