Injusticia y desolación de la salud mental en Bolivia

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Según la Organización Panamericana de la Salud, (OPS) en Bolivia no existe una política de salud mental adecuada y se estima que solo alrededor del 0,2% del presupuesto de Salud se destina a la misma. Dentro de los establecimientos de salud mental, por cada 100 mil habitantes existen 1,06 psiquiatras, 0,22 médicos no especializados en psiquiatría, 0,34 enfermeros, 0,46 psicólog@s, 0,25 trabajador@s sociales y 0,20 terapeutas ocupacionales.

La salud mental en el país es el área más débil y desatendida, los escasos centros de salud mental cuentan con un mísero presupuesto, no tienen suficientes ítems de psiquiatría, y la psicología no cuenta con ítems desde el Ministerio de Salud, solo los que designa el Sedes.

El año pasado el régimen penitenciario informó que la cantidad de privad@s de libertad en Bolivia asciende a 18.208, de l@s cuales 2.710 (14%) sufren trastornos mentales, muchos con síntomas de tendencia al suicidio, adiciones a las drogas y al alcohol, ansiedad y antecedentes psiquiátricos. En Cochabamba el 40% de l@s privados de libertad sufre trastornos mentales y no tienen atención psiquiátrica. Así lo advirtió hace dos años el exrepresentante de la Defensoría del Pueblo y actual viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, y cuestionó que no se realicen valoraciones antes del ingreso a los penales.

En agosto del 2018 una mujer ahorcó a sus tres hijos, luego intentó suicidarse, sobrevivió, fue aprehendida y procesada por cometer un triple infanticidio, a pesar de que, para Cox, la madre de 25 años tenía algún trastorno mental.  Según los antecedentes, sufría violencia intrafamiliar y antes de cometer los asesinatos, discutió con su marido que la abandonó.

Las y los privados de libertad que presentan una condición mental deteriorada no cuentan con una valoración psiquiátrica antes de ir a la cárcel. Por otro lado, en las cárceles no existen ítems para psiquiatras especialistas, tampoco hospitales psiquiátricos penitenciarios.

El reciente caso de Nicolás, de 20 años, denunciado por su padre Luis Fernando Loayza Alayza de intento de parricidio a consecuencia de una pelea en la cual resulto herido, sucedió bajo un brote psicótico. Sin embargo, la fiscal de materia Karla Barrón del Distrito Policial 8 de Santa Cruz, no quiere admitir tres informes de psiquiatras forenses del joven que se encuentra internado en un centro psiquiátrico por presentar además tendencias suicidas, poniéndolo en riesgo de ser condenado a 20 años de cárcel. Este caso sería una flagrante violación del art. 17 del Código Penal, que prohíbe a las autoridades judiciales penalizar a personas con desórdenes mentales, toda vez que son inimputables, debido a que no comprenden la antijuricidad de sus acciones.

Estos casos revelan la penosa inexistencia de médicos psiquiatras públicos en favor de las y los enfermos mentales en el país. Así mismo, jueces y fiscales  ordenan prisión a personas con desórdenes mentales, agravando su enfermedad por no ser tratadas clínicamente. Esta situación se constituye en una violación a los derechos humanos, trato inhumano, degradante y humillante para estas personas y para la sociedad.

Para evitar estos abusos, es fundamental regular la obligatoriedad de los exámenes físicos mentales de las y los detenidos al momento de ingresar a un centro penitenciario, a fin de saber si éstos son imputables o no ante la ley. Así mismo crear centros médicos psiquiátricos públicos carcelarios y diseñar políticas públicas con recursos humanos y financieros suficientes.

Gonzalo Carbonell afirma que el fracaso de los sistemas penitenciarios actuales, así como la multiplicación de los actos violentos, conducen a pensar en las posibles causas traumáticas que algunas personas sufren en sus años de desarrollo temprano. Es fundamental contar con políticas públicas de prevención y atención para advertir los daños que puedan desarrollarse más tarde en forma de conductas no deseables. La detección temprana de traumas ocasionados por dolores emocionales y el seguimiento terapéutico de los mismos, podrían evitar episodios que destrozan la vida de muchas personas, provocando un gran sufrimiento en sus entornos y en toda la sociedad.

Elizabeth Salguero Carrillo es comunicadora social.