La Constitución boliviana de 2009, inicia su preámbulo con una decorosa y poética alusión al decir que “en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes”. Ya en su capítulo de derechos, el artículo 33 expresa que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.
Hace poco, la radio Erbol difundió una entrevista a expertos en asuntos medioambientales que no ocultaron su preocupación por el estado actual de proyectos hidroeléctricos, multimillonarios y contaminantes, impulsados por el gobierno central. En efecto, El Bala, Chepete, Rositas y Cachuela Esperanza son proyectos que requieren una inversión de 11.795 millones de dólares, sin tomar en cuenta sus respectivas líneas de transmisión.
La actual deuda externa de Bolivia es de 9.945 millones de dólares. El presidente Evo Morales dijo en varias oportunidades que estos proyectos exigirán inversiones por 7.000 millones de dólares, cifra cercana a las reservas internacionales del Banco Central. Pero el problema no sólo es de números y su concomitante riesgo de endeudamiento externo insostenible. La investigadora Marielle Cauthin señala que las “megahidroeléctricas” afectarán a seis áreas protegidas entre las cuales destaca el Parque Nacional Madidi y estima que en total inundarán 1.910 km2, “una extensión que es 12 veces la mancha urbana de la ciudad de La Paz que es de 149 km2”. Por su parte, el dirigente indígena Alex Villca complementa que “estas inundaciones además de generar una gran deforestación y gases de efecto invernadero provocarían el desplazamiento de 7.000 y 8.000 personas y afectarán a territorios de las naciones mosetenes, lecos, tacanas, tchimanes, uchupiamonas, esse ejja, guaraníes y chacobos”.
La construcción de hidroeléctricas en el país es un asunto que debería suscitar máxima preocupación. No cabe la menor duda de que erogar capital superior a la deuda externa boliviana representa una compleja decisión que en su caso puede ocasionar serios desajustes macroeconómicos.
Por otro lado, el impacto ambiental de estos proyectos, pone en tela de juicio el derecho a un medioambiente sano que atiende a la población en general y a los pueblos indígenas en particular. Este aspecto llama poderosamente la atención cuando en reiteradas ocasiones, tanto a nivel local como internacional, se pretende consolidar la idea de un gobierno generoso con la Pachamama y los pueblos indígenas del país.
El autor es abogado.
