En medio de una gestión que intenta mostrar una cara renovada y eficiente con acuerdos en diversas áreas, el sector de hidrocarburos se ha convertido en el talón de Aquiles que desnuda la ineptitud de las autoridades actuales en esa materia. Lo que el ciudadano vive hoy en las estaciones de servicio ya no es una crisis de abastecimiento. Ahora nos enfrentamos a algo peor, porque si nos dieran a escoger entre no tener gasolina y tenerla sabiendo que uno puede estar echándole veneno a su vehículo, cualquier conductor en su sano juicio preferiría tener parado su motorizado por falta de combustible, aunque ello signifique estar cesante laboralmente, con el consiguiente daño a la economía de su familia, o no tener posibilidad de trasladarse en casos de largas distancias que separan el domicilio a la fuente laboral en el caso de otra categoría de trabajadores. Al atentado directo contra el patrimonio de los que tienen un vehículo a gasolina, el Gobierno, en un ejercicio de equilibrismo semántico, ha decidido bautizarlo como “gasolina desestabilizada”.
Llamar “desestabilización” a un combustible cargado de sedimentos, exceso de etanol y residuos de goma es, cuanto menos, un insulto a la inteligencia del boliviano. Para los miles de propietarios de vehículos cuyos motores han colapsado en plena vía pública, no hay eufemismo que valga. Los costos de reparación son astronómicos y el daño al sistema de inyección y filtrado de los motorizados es, en muchos casos, irreversible.
Lo más preocupante no es solo el desperfecto técnico, sino la incapacidad política para asumir la responsabilidad. Resulta un despropósito que, tras más de cuatro meses de gestión, las autoridades del área sigan señalando al gobierno anterior como el único culpable. Si bien es cierto que el país heredó una administración del MAS marcada por la corrupción y el desmantelamiento de la industria petrolera, el tiempo de las excusas ya caducó. Un gobierno que se jacta de tener un nuevo rumbo no puede permitirse ser un simple espectador de los desastres que él mismo administra hoy. Si eventualmente en el gobierno actual hay militantes masistas infiltrados o con consentimiento del gobierno, aun así, la responsabilidad es enteramente de las autoridades o MAE’s del sector.
Esta situación ha logrado lo impensable: darles la razón a los transportistas públicos. Aunque sus métodos de protesta suelen ser cuestionables, su demanda actual es de una lógica aplastante: nadie puede trabajar con un insumo que destruye su herramienta de trabajo. El hecho de que el Gobierno haya tenido que activar seguros y prometer resarcimientos económicos —con el dinero de todos— para cubrir los daños en casi 11 mil vehículos (que son únicamente los reportados, porque existen otros miles que prefieren no complicarse la vida con denuncias en un país todavía “tranca”) es la confesión definitiva de un error de gestión imperdonable.
Mientras YPFB intenta calmar las aguas con términos técnicos y promesas de «limpieza», la realidad en las calles es otra. El país no necesita adjetivos suaves para problemas graves, sino autoridades que entiendan que la estabilidad de un gobierno no se mide solo en acuerdos macroeconómicos, sino en la calidad del servicio más básico que el Estado debe garantizar. La «gasolina desestabilizada» no es un accidente técnico, es el reflejo de una gestión que aún no encuentra el rumbo en el área más estratégica de nuestra economía. Lo que el Gobierno llama «desestabilización» es, en términos mecánicos, un combustible degradado que genera una reacción en cadena de destrucción interna.
El anuncio oficial de que el Estado cubrirá los daños mecánicos suena bien en el papel, pero en la práctica parece una estrategia de distracción para apagar el incendio político. Para un ciudadano común, cobrarle al Estado es entrar en un laberinto sin salida.
La realidad es que el «plan de resarcimiento» parece estar diseñado para que el damnificado deba enfrentar el filtro del cansancio que es lo que sucede en muchos trámites en el país de las “fotocopias” y del “vuélvase mañana”.
Al final, el costo de la ineptitud estatal lo termina pagando el usuario de a pie. Mientras las autoridades se lavan las manos culpando al pasado, miles de bolivianos asumen en silencio el costo de un combustible que, lejos de movilizar al país, lo está dejando varado y con el motor fundido.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
