Falta de una entidad mediadora

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Los conflictos políticos-sociales que vive el país en la actualidad y muy en especial la falta de consenso para la realización del Censo de Población y Vivienda programada a un principio para noviembre de 2022 y luego pospuesta para el 2024, sin duda que se ha convertido en un tire y afloje entre el gobierno central y las instituciones cívico cruceñas en la que ninguna de las partes quiere ceder en sus posiciones. Los primeros quieren a toda costa que sea el subsiguiente año y los segundos que se lleve a cabo la siguiente gestión.

La realización de una nueva radiografía interna del país, no solo es de interés de una región, sino de los nueve departamentos. En vista que hasta ahora no hay voluntad política seria ni de un lado ni del otro para el cumplimiento de dicho cometido, surge sin duda la pregunta del millón: ¿qué ente ya sea nacional o internacional en este momento es el más creíble para ser la entidad mediadora para sentarlos en la mesa del diálogo y se llegue a un verdadero acuerdo?

En gran parte de los procesos negociadores resulta imprescindible la figura de un intermediario, normalmente una persona o una organización, que es aceptada por todas las partes y que actúa de forma imparcial y neutra, y que les ayude a superar sus diferencias y a encontrar los suficientes puntos en común o nuevas perspectivas que permitan avanzar hacia la consecución de compromisos y acuerdos satisfactorios.

La mediación, por tanto, es una extensión del proceso negociador que busca una cooperación entre las partes para obtener, en la medida de lo posible, un resultado donde todos ganan y nadie pierde, y lo hace mediante unas técnicas que permiten abrir el proceso a nuevos planteamientos, a nuevas formas de encarar los temas, con la activa participación de las partes.

La mediación es normalmente un proceso a corto plazo que, en cierta forma, y con la ayuda de los participantes, trata de aislar temporalmente los problemas en disputa con objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades.

La mediación interviene más sobre las conductas de los actores que sobre la estructura del conflicto, ya que los cambios en la estructura dependen más de actuaciones políticas, económicas y sociales que se escapan del proceso negociador. No obstante, los cambios psicológicos y conductuales que logra la mediación pueden capacitar a los actores a abordar mejor el tratamiento estructural del conflicto.

La mediación es una aproximación interactiva al conflicto, de principio a fin, puesto que en la fase de pre negociación tiene que ayudar a crear una atmósfera psicológica y/o política conducente a que sean posibles ciertos movimientos; en la fase de negociación activa debe ayudar a vencer obstáculos para una negociación productiva y a sacar nuevos planteamientos; en la fase de post-negociación, debe contribuir a implementar acuerdos negociados y a la construcción de una paz duradera.

La mediación, es sumamente útil para resolver conflictos a todo nivel. La función de la persona mediadora es la de reconciliar los intereses de las partes en litigio, buscar un equilibrio de poder que conduzca a ajustes, ayudar a las partes a examinar su futuro y sus intereses o necesidades, y a negociar el intercambio de promesas y relaciones que les serán mutuamente satisfactorias. Para lograrlo, el mediador ha de reunir unas características determinadas y ha de tener ciertas habilidades para poder modificar las relaciones conflictivas de quienes se someten a la mediación, y a través de decisiones que tomarán ellos mismos.

La práctica de la mediación, a cualquier nivel de las relaciones humanas, supone un aprendizaje y un adiestramiento en la resolución positiva de los conflictos. Tiene mucho que ver, por ello, con la educación para una cultura de paz, puesto que cuando solucionamos un conflicto adquirimos la capacidad de solucionar otros futuros conflictos, sea de la misma temática o de otra diferente (transferencia de aprendizaje).

De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado (CPE), la Defensoría del Pueblo debería ser la instancia para asumir este rol de mediador y ejercer su función de defensa de la sociedad ante semejantes problemas que atravesamos las/los bolivianas/os y que lamentablemente hoy no goza de una plena credibilidad institucional. Su nueva autoridad recién elegida no dice por lo menos “esta boca es mía” en los conflictos que hoy tenemos.

La Iglesia Católica y otras instancias internacionales como la Unión Europea o Naciones Unidas que en anteriores años sí cumplieron el papel de mediadores ante distintos problemas que atravesamos, tampoco ahora tienen la confianza del gobierno central para cumplir dicho rol. Solo quedando decir: “Dios te salve Bolivia…”.

Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta es Comunicador Social