Tras varios meses de silencio policial en un caso que conmocionó a la opinión pública, se ha conocido que el autor de una violenta violación e intento de asesinato de una adolescente, ocurrida el 1 de noviembre de 2021 cerca de Barcelona, España, es un joven boliviano de 21 años.
La nacionalidad, no el nombre, fue revelada en los medios. Así como que se trata de un joven que llegó a Cataluña producto de una reagrupación familiar gestionada por su madre. Esta, a su vez, le denunció y echó de casa ya que él había agredido sexualmente a su hermana de siete años, además se conoció que él era violento con una expareja.
Una de las recomendaciones de buenas prácticas del periodismo en los casos delictivos donde intervengan personas migradas es no decir su condición de ciudadanía extranjera ni su nacionalidad a fin de no contribuir a la estigmatización de su colectivo. Evidentemente, en este caso esta recomendación no se ha cumplido en la mayoría de medios de comunicación españoles.
El hecho de decir la nacionalidad no es relevante en estos casos, no contribuye en nada informativamente ya que no es una “característica” de ese colectivo, el acto lo podría haber hecho otra persona de cualquier procedencia, incluida la local. La extrema violencia del caso, no habitual pero tampoco única, no es exclusiva de un extranjero, ni de un boliviano.
Las consecuencias de señalar esa condición de boliviano se han visto de inmediato en los comentarios de gente que opina en las webs de los medios. Allí han brotado como hongos tanto las posturas racistas explícitas como también el microracismo. Se dice desde que es una muestra de la excesiva política de apertura a la migración (como si la hubiera), de la falta de control, del abuso que la migración hace de las ayudas (una afirmación generalizada, falsa y que no viene a cuento) y se acaba con el consabido “que se vuelva a su país”.
Pareciera que el hecho de que el ataque, violación y asesinato en grado de tentativa tuviera una afrenta mayor cuando la víctima es nacional, en este caso española, y el agresor es un hombre de fuera del Estado, un foráneo. Algo así como que “vienen de fuera a atacar a nuestras mujeres”, afirmación que muestra más que un sentido de pertenencia grupal un sentido de propiedad.
De hecho, el atacar a “la mujer del otro” también es considerada una señal de agravio mayor en un enfrentamiento entre hombres, y el ejemplo más claro se produce en una guerra cuando la violación de mujeres es parte del ataque y conquista de territorios. En suma, el cuerpo de las mujeres se convierte en campo de batalla. En ese caso, al mencionar la nacionalidad del agresor, coloca a éste y a su colectivo en un bando y a la víctima y connacionales en otro, creando un enfrentamiento que no existe. Al contrario, se debería buscar la convivencia e integración desde los medios.
Lo que ha pasado en la población de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) es un crimen machista y se ha producido en un contexto de cultura global patriarcal, que evidentemente puede tener diferencias de un país a otro respecto a los casos de violencia machista y de respuesta de la justicia ante ellos. Bolivia no es el mejor ejemplo en cuanto a estadísticas, con uno de los índices más altos de Latinoamérica respecto a feminicidios.
La mayoría de la población boliviana que vive en España llegó masivamente entre 2005 y 2008, hasta que se estableció la visa como control de acceso. Se trata, principalmente, de una migración laboral y gran parte ya tiene la doble nacionalidad.
La mayoría de los hombres bolivianos en España trabajan en la construcción y muchas de las mujeres bolivianas se colocan en el servicio doméstico, al punto de que esta actividad es la representativa del colectivo. Se trata de una población trabajadora que contribuye con sus remesas a su país de origen y con su sudor y aportes fiscales al bienestar de hogares españoles, son estas características generales las que debieran prevalecer antes que un caso puntual abominable.
Drina Ergueta es periodista y antropóloga.
