Es innegable que una Constitución encuadrada rigurosamente en los parámetros de la democracia será respetuosa de la independencia de poderes, así como de regulaciones desapegadas de cualquier intención —aunque sea entrelineada— de favorecer con preceptos ideologizados a determinados estratos de la sociedad y más bien tienda a la construcción de un instrumento de unidad y no de división, ya sea sobre las libertades culturales, la economía, la familia, el respeto a la vida, las reglas de la mayorías y los derechos de las personas.
No se debe perder de vista que ninguna Constitución debe ser fundacional o inaugural de una organización política del Estado, de manera que marque a cuchillo un antes y un después en la vida política de una sociedad. Cuando ello ocurre, no se está haciendo nada por lo que sus redactores deban sentirse orgullosos. De hecho, la redacción de una carta política más bien debe tender a un engarzamiento con el instrumento que ha de ser renovado. Ello no es sinónimo de una continuidad de preceptos que se quieren más bien cambiar de acuerdo con los tiempos en que se vive; debe ser una carta que tenga aplicación, que coetáneamente con la evolución de los nuevos desafíos pueda ser perfectible; es decir, no debe ser indiciaria siquiera de una impracticabilidad en ni una sola de sus previsiones. En Bolivia, por ejemplo, lejos de los conceptos encomiásticos de quienes se atribuyen autoría, existe un importante número de preceptos que no se cumplen y muchos otros que se cumplen, pero que jamás deberían estar incluidos. No me cansaré de deplorar que la elección de altas autoridades judiciales, por ejemplo, tenga que ser mediante voto universal. Nadie lo hace, y si nadie ha adoptado esa forma de estructurar la justicia, debe ser por algo. Por lo demás, en anteriores columnas ya expuse mis argumentos sobre tan insensata manera de elegir jueces de esa jerarquía.
La luna de miel de Gabriel Boric y sus electores ha tenido una súbita caída, a pesar de haber adoptado algunas medidas exitosas en materia económica. Pero los pueblos, aunque a menudo proclives a tomar decisiones equivocadas en cuanto a la elección de sus mandatarios, no siempre yerran en cuanto a las percepciones sobre el desempeño de sus gobernantes. El declive del gobierno socialista de Chile ha derivado en que la Constitución, que hace unos meses pusieron a consideración de los chilenos y que de todas maneras fue rechazada, no obstante que el mapa político era muy distinto al actual, tendrá probablemente una orientación ideológica muy distinta de la que se esperaba.
La comprobada ineficacia del socialismo en el mundo, cuando este sistema es aplicado con dogmatismo (lo que no ocurre, por ejemplo, en China o Suecia), no significa que quienes próximamente controlarán la redacción de la nueva Constitución como producto de su triunfo en las elecciones para el Consejo Constituyente, y además hayan hecho escuchar su protesta sobre las políticas del Ejecutivo, garanticen, ni mucho menos, un avance en esa materia. Su afinidad con el pinochetismo hace pensar que la Constitución fundamental de 1980, aunque reformada varias veces, no vaya a sufrir modificaciones substanciales, lo cual, por otra parte, ya fue manifestado por José Antonio Kast, líder de la derecha, en sentido de que Chile no necesita una nueva Constitución.
Se cierne un peligro sobre el país chileno, esta vez ya no por el fracasado intento del izquierdismo. Hoy la composición del Consejo Constituyente estará bajo el control de una radicalidad derechista tan peligrosa como su antípoda política. Así, del ideario de las sociedades tendría que formar parte la doctrina liberal, que, bien entendida, es la única que ofrece —o, al menos conforme a sus postulados, debe ofrecer— una flexibilidad (en oposición al liberalismo clásico) que se adecúe al tiempo en que bajo esta corriente los pueblos aspiren a tener Estados modernos, con justicia social, reconocimiento de los derechos individuales, implementación de una moderada economía de mercado, respeto a los derechos fundamentales del individuo y todo lo que tenga consonancia con la libertad como principio básico de la convivencia humana y fundamento del Estado.
Para que Chile respete su Carta Política, esta no debe ser fundacional, pero tampoco reflejo de un pasado oscuro como fue la dictadura pinochetista. No todo debe estar previsto en la Constitución, porque eso no aporta, sino solo confunde. Debería prever la garantía de un pacto político con justicia social y los límites deberían circunscribirse a aquellos a los que el poder debe someterse. Lo demás ha de reservarse para las leyes.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
